Cómo una ciudad de Chile logró detectar y atender a tiempo el abandono escolar
América Latina presenta tasas de deserción escolar temprana muy elevadas. En el Municipio de Peñalolén desarrollaron un sistema de alerta temprana, una metodología sugerida por la UNESCO que detecta y atiende las necesidades de los menores que corren riesgo de abandonar la escuela, lo que ha logrado disminuir la deserción.
La crisis social prolongada provocada por la pandemia de la COVID-19 impuso grandes desafíos para mantener a los estudiantes escolarizados. Y esto fue mayor en América Latina: de todas las escuelas del mundo, las de la región fueron las que permanecieron cerradas durante más tiempo entre 2020 y 2022 (70 semanas en promedio). Hace dos años, Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, advertía que los cierres prolongados de las escuelas aumentaban el riesgo de abandono.
Pero incluso desde antes de la pandemia, el abandono escolar ya era uno de los principales desafíos que afrontaban los países de América Latina y el Caribe, según un informe de la CEPAL.
Aunque cuenta con buenos indicadores en relación a la región, Chile no escapa al problema. Las tasas de deserción escolar aumentaron en los últimos cinco años, y alcanzaron el 1,66 % en el 2023 (esto significa más de 50.000 estudiantes desvinculados en el año, según datos oficiales). En el Municipio de Peñalolén —ubicado al este de la Región Metropolitana, con 270.000 habitantes y 26,2 % de población infantil— el camino para combatir la tasa de deserción escolar comenzó en 2010, cuando afloró en el Gobierno local una gran preocupación por el alto índice de abandono en las escuelas.
“En ese tiempo en Peñalolén había una necesidad imperante de poder llegar a tiempo a situaciones para que las vulneraciones de derechos o el riesgo sociodelictual no se cronificara en el tiempo”, sostiene para RED/ACCIÓN la coordinadora del pionero sistema de alerta temprana (SAT) en Chile para la permanencia escolar, denominado SAT Presente Claudia Martínez.
Chile recurrió a los SAT recomendados por organismos especializados para proteger las trayectorias escolares y prevenir el abandono escolar, que el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) define como “una herramienta de apoyo a la política educativa (…) diseñada para identificar a estudiantes en riesgo de abandonar la escuela y a quienes ya dejaron de asistir”.
Con mayor trayectoria en Estados Unidos y Europa, los SAT también funcionan en la actualidad en Colombia, Perú y Uruguay. En la Argentina, CIPPEC ha acompañado a las provincias de Entre Ríos y Mendoza durante el año pasado y el inicio del 2024 en la implementación y desarrollo de SAT.
En el caso de Peñalolén, “se generó una comisión intersectorial con representantes de la Dirección de Seguridad Humana, la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Salud y la Dirección de Educación. Esta comisión diseñó el modelo y también hizo una alianza con la Fundación San Carlos de Maipo para generar un estudio que cuantificara cuántos estudiantes estaban excluidos del sistema y también pudiera caracterizar e identificar a esos estudiantes”, continúa Martínez. Y subraya la intersectorialidad como una de las características esenciales del SAT, en el sentido que “no es un programa aislado, sino que es un sistema compuesto por múltiples actores, servicios e instituciones que destinan profesionales para complementar la intervención del equipo motor, lo que contribuye a una intervención más integral, rápida y eficiente”.
“El estudio nos marcó distintos indicadores que, de acuerdo a las etapas de desarrollo, nos podían dar cuenta de situaciones de riesgo. Luego de un análisis, se llegó a la conclusión que de los distintos indicadores que había de salud, educación, socioeconómicos, el más eficiente era la asistencia a clases. Por lo tanto, la asistencia se convirtió en el indicador ‘manada’ de detección de alerta temprana. Tanto para detectar como para evaluar los resultados de impactos”.
“El Estudio de Deserción Escolar en Peñalolén develó una relación directa entre inasistencia reiterada e injustificada y el posterior abandono del sistema escolar”, señaló la alcaldesa de la comuna de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades Carolina Leitao Álvarez-Salamanca.
Esa investigación permitió identificar los factores de riesgo a nivel individual, familiar y escolar que tienen incidencia en la deserción escolar:
– Individual: baja motivación del estudiante con su proceso educativo (44 %), embarazo adolescente (20 %), dificultades en el aprendizaje (11 %) y trabajo infantil (11 %).
– Familiar: bajas habilidades parentales (31 %), negligencia parental (26 %), dificultades económicas (18 %) y ausencia de adulto responsable en el cuidado del niño, niña o adolescente (10 %).
– Escolar: maltrato por parte de compañeros (29 %), falta de instancias de apoyo escolar para los niños (26 %), mala conducta del alumno en el colegio (24 %), interacción conflictiva con autoridades (18 %).
Sin embargo, no todo estaba servido en bandeja: “Uno de los principales obstáculos que tuvimos que enfrentar tuvo que ver con la disponibilidad del dato de asistencia. Implicó un trabajo importante de doble registro de los colegios, lo cual se hizo paulatinamente luego de un período de sensibilización”, dice la coordinadora.
Los cuatro ejes del sistema de alerta temprana
Se creó entonces el SAT Presente, que vela por el derecho a la educación, favorece la permanencia escolar y promueve la asistencia regular a clases de los niños y jóvenes matriculados en establecimientos educacionales de la comuna. Cuenta para ello con un equipo profesional que atiende al niño que falta reiteradamente a la escuela, ofreciendo un acompañamiento individual y familiar para superar esa situación y lograr la asistencia regular a la escuela.
El SAT Presente nació en el 2010 y desde entonces tuvo mejoras permanentes y continuas para alcanzar la mayor eficiencia.
“Partió de un modelo de gestión de casos: se detectaba la inasistencia, se analizaba el dato de asistencia y luego se clasificaba a los estudiantes según fase de riesgo por inasistencia. Cada fase de riesgo desplegaba ciertas acciones protocolizadas que tenían que hacer los distintos actores del sistema”, recuerda Martínez.
Este modelo sigue vigente en la actualidad. La fase 1 consta de llamados telefónicos y entrevistas de encuadre. La fase 2 agrega visitas domiciliarias a cargo de la escuela y del municipio. La fase 3 es una reunión semanal de un equipo interdisciplinario en la que se ponen a disposición los antecedentes de la familia y del estudiante y se generan estrategias de intervención conjunta, distribuyendo las responsabilidades que a cada miembro del comité le compete en la intervención. Luego se hace un monitoreo de los resultados y también de las gestiones y acuerdos a los que se llega.
Pero, además, actualmente, el modelo ofrece un dispositivo de acompañamiento familiar a largo plazo (de unos ocho meses). Es decir, “se acompaña su proceso educativo para revertir las señales de riesgo de abandono escolar”, determina Martínez.
El proyecto en Chile se basa en cuatro ejes:
-Inasistencia: se detectan los casos a través de la inasistencia reiterada e injustificada, que es el indicador que sirve no sólo para prevenir la exclusión escolar, sino también para advertir otros factores de riesgo que estén afectando a los niños y sus familias
-Escuela: el primer actor involucrado es la escuela, donde se despliegan todas las estrategias de su competencia como, por ejemplo, llamados telefónicos, entrevistas, visitas y firmas de acuerdo para mejorar la asistencia.
-Fortalecimiento del apoyo a las familias: cuando el trabajo de la escuela no da resultado, se deriva a SAT Presente que trabaja junto con las familias en competencias parentales, habilidades prosociales con el estudiante, apoyo pedagógico a través de tutorías escolares y vinculación a redes de apoyo.
-Prevención comunitaria: se busca sensibilizar a la comunidad escolar en la relevancia de la asistencia a clases. Aquí se desarrollan acciones de participación infanto-juvenil; capacitación a adultos para generar conocimiento y herramientas preventivas en quienes se relacionan con los estudiantes. Por último, se trabaja en la sensibilización, para lograr relevar el tema a nivel local y mejorar la detección.
Resultados
Peñalolén cuenta con 69 escuelas: 15 municipales conocidas como “reduca” (red de colegios públicos de Peñalolén), 39 subvencionadas (aquellos establecimientos que reciben subvención escolar del Estado chileno) y 15 de gestión privada. A la enseñanza básica concurren 38.480 estudiantes, según datos del SAT Presente. Este año comenzó con una deserción escolar de 2,3 %.
Actualmente, el SAT Presente trabaja con 21 escuelas de Peñalolén —las 15 municipales y 6 de las subvencionadas—, además de ofrecer asesorías técnicas en prevención de la exclusión escolar a todos los establecimientos educativos de la comuna que lo requieran.
Desde 2010 a la fecha, el SAT Presente asistió a 9.751 estudiantes en riesgo de abandono escolar. La retención escolar promedio llega al 97 % de los estudiantes atendidos y el 80 % aumentó la asistencia: “Entre los resultados que ha tenido la implementación del SAT, se destaca que desde el piloto desarrollado el año 2010, ha logrado mantener debajo del 1,7 % el promedio de deserción anual escolar básica en los colegios donde se trabaja. Lo que se contrasta con el aumento progresivo del porcentaje de deserción escolar básica a nivel de la comuna”, indican en el Manual del SAT Presente, descargable para quien esté interesado en replicar el método en otras latitudes.
La implementación de este programa municipal logró demostrar que intervenir en prevención es mucho más eficiente y de menor costo que la inversión en reparación por abandono escolar. Martínez explica que “cada dólar invertido en prevención ahorra diez en intervención especializada. Por lo tanto, prevenir a tiempo implica evitar vulneraciones graves o vinculación al ámbito socio-delictual. De este modo, hubo un consenso comunal de focalizar y priorizar la intervención y la oferta en alerta temprana”.
Además, “fomentar las continuidades de las trayectorias educativas fue un desafío vinculado con la justicia social y la equidad de oportunidades. En esa línea creo que hemos marcado un gran avance”, asegura Martínez.
También hubo otros resultados como la generación de un soporte comunitario, la transversalización de la detección oportuna en toda la oferta comunal de programas de protección de derechos y la articulación intersectorial. Martínez concluye: “Creo que hemos avanzado en la sensibilización y capacitación para asumir la corresponsabilidad en garantizar el derecho a la educación”.
Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones, una alianza entre Río Negro y RED/ACCIÓN.
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