Cierre de agricultura familiar: “No tienen ni idea lo que significa el interior profundo”
El Gobierno eliminó el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. 900 técnicos distribuidos en todo el país perdieron sus trabajos. Cerca de 200 mil pequeños productores dejarán de tener asistencia técnica. Aseguran que repercutirá en la calidad de alimentos que se consumen a diario.
El Gobierno eliminó el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. 900 técnicos distribuidos en todo el país perdieron trabajos. Gustavo Foricher veterinario de la de la Planta de Faena de Aves en China Muerta es uno de ellos. Foto: Florencia Salto.
Oscar Adorno tiene las manos ocupadas. Está en pleno proceso: construye un invernadero en el predio del IPAF – Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar – en Neuquén. A 1200 kilómetros, en Buenos Aires, el vocero presidencial Manuel Adorni, anuncia su despido. El suyo y el de 899 más.
Oscar no lo escucha. Esta ocupado. Arma lo que será el lugar donde planifican hacer ensayos con semillas y analizar posibles plagas que afecten cultivos de la región. El vocero presidencial lee ante los periodistas: “el Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI) y con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar”. Y especifica: de los más de 900 trabajadores repartidos a lo largo del país quedarán apenas 64.
Oscar es técnico del INAFCI, entró en 2009. Fue despedido en 2018 cuando hubo reducción de personal y reincorporado en 2020. Hoy es el referente del RENAF, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. No lo han notificado formalmente. Tampoco llamado. Menos enviado una carta. Pero, entiende, que el cierre del Instituto, a partir del 31 de marzo, es también su despido.
Gustavo Foricher es médico veterinario y también está a horas de perder su trabajo. Parado frente a una mesa de acero inoxidable, con delantal rojo, revisa minuciosamente un pollo ya desplumado y eviscerado. Se asegura que no tenga ninguna lesión, que esté apto para consumo humano. Antes de ir a trabajar, pensó en faltar. Pero se detuvo: “¿Qué culpa tienen los productores si viven el día a día con esto?”.
Gustavo escarba la piel amarilla del animal, observa, rasca. Es el encargado de bromatología de la Planta de Faena de Aves en China Muerta. Ahí trabaja con otro técnico del INAFCI y empleados municipales. Es que la Planta de Faena es una institución que se creó con aportes del Estado nacional, municipal y provincial gestionados por el INAFCI a partir de una demanda de los productores de aves de la región.
“Los productores de la zona no tenían donde faenar” dice Gustavo y se limpia las manos, “no podían vender su producción de manera formal”. Así fue que desde el INAFCI acompañaron a los productores para que se constituyan en cooperativa y después gestionen el matadero que desde 2017 funciona ininterrumpidamente.
Los martes y jueves productores de la zona faenan ahí sus animales. En promedio 600 pollos por semana.
“Opazooo” ¿Cómo esta?”, saluda Gustavo y abre la puerta, “ahí le entrego sus pollos”. Gustavo abre la cámara de frío, saca una bandeja llena de animales limpios, frescos, que pesan en promedio tres kilos y se los entrega con la certificación de faena.
Opazo es uno de los 9 productores que este jueves enviaron sus animales. 273 pollos saldrán hoy de la planta de faena. Pollos que se comercializarán en carnicerías, ferias o incluso en supermercados de la zona. “Pollos de campo”, así se los conoce. Pollos producidos por pequeños productores de Senillosa, Plottier y de la meseta de Neuquén. Pollos faenados y certificados por Gustavo Foricher. Porque de eso se trata parte del trabajo que hacen desde el INAFCI: asesorar, capacitar, dar financiamiento y potenciar la actividad de pequeños productores.
El INAFCI – o lo que fue su génesis – surgió en el gobierno de Menem en los 90´con el Programa Social Agropecuario que buscó ser federal y llegar al “otro campo”, al que no vende o deja de vender según cotice el dólar.
Ingenieros agrónomos, veterinarios, técnicos, trabajadores sociales asesoran, financian y capacitan al pequeño productor, a familias campesinas, al minifundista, en definitiva, lo que hoy se sintetiza en “agricultura familiar”.
“Si bien el Instituto, con ese nombre se crea en noviembre del 2022”, explica Oscar, “nosotros tenemos 30 años de historia”.
El programa surgió en el gobierno de Menem, para paliar la crisis de las políticas neoliberales y paradójicamente lo cierra un gobierno que admira aquella gestión. Oscar lo cuenta así: “el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Banco Mundial generaron aportes a los países latinoamericanos para mejorar las condiciones de la ruralidad. Para evitar la migración del sector rural a las grandes ciudades. Y ahí se crea el Programa Social Agropecuario. “De ahí venimos nosotros”, dice Oscar, abre la ventana de la oficina y deja que el aire se renueve. “Tenemos una historia desde el 93, no es que somos caídos de la gestión anterior”.
“Nuestra intervención tiene que ver con la producción de alimentos primarios y sobre todo de consumo local”, puntualiza Daniel Gómez, trabajador del Instituto que también está a horas de perder su trabajo: “trabajamos con quienes nos permiten consumir alimentos sin intermediarios. No es lo mismo comprar verduras cosechadas la noche anterior a comprar una que el primer día llegó al depósito, al otro a la verdulería, al tercero sigue ahí y recién al cuarto la pones en tu heladera”.
Daniel es ingeniero agrónomo e intenta entender qué busca el gobierno de Javier Milei cerrando el Instituto: «visto desde el centralismo de Buenos Aires, es mejor tener una gran empresa que produzca mil hectáreas a tener 500 productores que produzcan dos. Pero, no es así en términos de producción y desarrollo. Porque 500 familias produciendo son miles de trabajadores, pero una empresa produciendo son solo decenas de trabajadores”.
Según la propia página web oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca el 75 % de las explotaciones agropecuarias en Argentina se conforman por Agricultores Familiares. “El golpe al sector”, dice Daniel, “va a ser muy fuerte porque será sobre los alimentos cotidianos”. Y calcula: “serán unas 200 mil familias que dejarán de tener asistencia y eso repercutirá en la calidad de alimentos”.
Daniel es uno de los cinco trabajadores del INAFCI que no despidieron en la reducción de personal que hizo el macrismo en 2018. «En realidad”, dice sentado en el escritorio de su oficina, “lo que está en discusión es el modelo de país, pero en términos concretos, es decir: cómo ocupamos el territorio, cómo lo producimos, quiénes se apropian, quiénes se quedan, quiénes se van”.
“Nosotros trabajamos con quienes pueblan el espacio más profundo y más hostil de habitar”, dice Daniel, “si vos dejás de asistir a esa gente, esa gente se va a ir ¿A dónde? a otro lado, donde pueda. Pero deja un territorio vacío que mañana se ocupa”.
Le da el último sorbo al mate y lo entrega. “Si uno ve esta zona”, señala al barrio que está detrás de la ruta y a los que lindan con las hectáreas del IPAF, lo que antes eran chacras y hoy desarrollos inmobiliarios “vos decís ¿che no comemos alimentos? Si, pero vamos a tener que traerlos de otro lugar, porque acá ya no producimos nada. Están bonitas las casas en las chacras, pero nos quedamos sin tierras”.
Y suma: “claro, desde una mirada centralista como es la de Buenos Aires, no tienen ni idea de lo que significa el interior profundo”. Y puntualiza: “nosotros somos los trabajadores afectados, las familias destinatarias también. Pero, en el fondo, lo que se está dejando de lado es la idea de un Estado que promueva el desarrollo social profundo”.
Y para que quede claro pone un ejemplo: hace cinco años trabajaron con productores de Quilca, un paraje a pocos kilómetros de Aluminé. Ahí, en el medio del paisaje cordillerano, de cursos de agua, de animales, armaron un sistema de abastecimiento de agua, una red domiciliaria de más de diez kilómetros para las 15 familias dispersas de la zona. “Eso mejoró la calidad de vida de esas familias”, explica Daniel, “porque si uno habla con agentes sanitaria te dicen que en verano detectan altos niveles de diarrea por contaminación de agua. ¿Quiénes son los más afectados? Los niños y las personas mayores. Eso genera, inevitablemente que si la familia tiene hijos que se enferman porque el agua no es buena, en principio se va a ir una parte de la familia a un lugar donde la tengan, pero después va a terminar yéndose toda la familia por una cuestión de estabilidad familiar. Entonces esta asistencia te asegura que la gente se quede a vivir en el campo con mejores condiciones, pero también te asegura que esa gente siga produciendo”. Y cierra: “y eso también incide en la producción de alimentos”.
Daniel sentado frente a su escritorio, como si estuviese listo para seguir trabajando, hace la última reflexión: “¿Sabés por qué no somos viables para Adorni, Milei y para este sistema que quieren implementar?”, pregunta ante una oficina que nadie sabe quién ocupará, “somos inviables porque su escala de producción es de diez pools de siembra, 20 industrias y un puñado más que produzca su riqueza y los alimentos para otros. Y eso”, cierra, “deja afuera a miles de familias”.
Javier Milei avanza con los despidos en el Estado
Los telegramas y avisos de cierre llegaron a miles de empleados estatales. No solo al Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena. También cayeron sobre trabajadores de ministerios, secretarías, dependencias y áreas descentralizadas del Estado.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un monitoreo provisorio con las notificaciones que se produjeron hasta el momento. Según sus cálculos ya se efectivizaron diez mil despidos.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar anticipó que el miércoles, después del fin de semana largo, habrá un paro con “ingresos masivos y simultáneos a todos los organismos de la administración pública nacional”. Y dijo: “anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”.
ATE también esta proponiendo que haya una “jornada nacional” como lo fue el paro del 24 de enero impulsado por la CGT. “Hay que construir un paro nacional”, dijo Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Y agregó: “no hay forma de que puedan demostrar que están atacando a los ñoquis de La Cámpora. Eso es un relato fantástico que construyen para tratar de demonizar al empleado público. Independientemente de nuestra matriz ideológica, compartimos todos los días tareas con compañeros que también votaron a Milei y los están echando a la mierda”.
En la región trabajadores despedidos de Parques Nacionales organizan protestas durante Semana Santa. Las harán en Bariloche, San Martín de los Andes y Aluminé y puntos turísticos para visibilizar su rechazo.
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