Chicos y chicas en el basural de Neuquén: le piden al gobierno que releve cuántos son y cómo viven
La defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes le encargó a la subsecretaría de Familia que en 15 días informe, además, si están escolarizados, cómo es su alimentación y su estado de salud.
Por la meseta sube una mujer con un changuito de compras. Tiene 41 años y desde los 16 revuelve el basural. La trajo el 26 hasta Colonia Rural Nueva Esperanza. Su casa está en Los Hornitos. Suele venir en moto, con su marido, todos los días a eso de las 11. Si encuentra ropa o zapatillas las carga, las lava y las vende en el trueque de la Novella. Con lo que junta en latas hace unos $3.000 o $4.000 diarios. A veces usa guantes, porque te podés pinchar con las agujas. Cuenta que el camión más esperado es el de los supermercados, el de las 5 de la mañana, y que a la noche tiran cosas buenas. Que algunos ya viven ahí arriba. Cobra la AUH y un plan social. Uno de sus cuatro hijos la acompaña, porque hoy no hay clases. Si se quedan todos juntos, pelean. Se llama Alicia. Dice que vaya, que hay mucha gente.
«Todos los residuos se sacan de 20 a 21 horas», es el mensaje estampado al costado del camión de Cliba que estaciona cerca de la fosa. Se amontonan hombres y mujeres, a la caza. Acá los residuos no se sacan, entran. Descargan, se retiran y viene otro, y otro.
Las personas preparan las cajas de sus camionetas, sus carretas con caballos para la recolección o caminan con bolsones al hombro. Montaron casillas de madera cerca, o están con reposeras y colchones aguantando muy adentro. Rodeados de los deshechos que producen quienes descansan lejos de este pozo, nos les pica este olor, ni ven a una niña que se cruza con un cajón de fruta en la mano, mientras acechan los carroñeros del cielo.
La situación no es nueva, pero se ha mantenido prácticamente invariable. La subsecretaría de Familia tiene 15 días para documentar cómo viven y cuántos son los chicos y chicas que están en estas condiciones, si van a la escuela, cómo se alimentan y cuál es el estado de su salud.
El pedido lo hicieron las defensoras de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que convocaron a un espacio interinstitucional.
«Nos encontramos con un panorama que va creciendo por la situación económica y social, por el cambio de gestión y por diversos factores que hicieron que amerite construir una mesa donde podamos articular con todos los ministerios para hacer que la política pública llegue al territorio», afirmó Mónica Palomba, una de las defensoras.
Agregó: “se gestó por la necesidad de que tengamos un relevamiento, un informe psicosocial donde nos digan puntualmente en el sector del basural, lo que sería el distrito 34, le pedimos nosotros al ministerio de Gobierno, a través de la subsecretaría de Familia, que tengamos datos que se hacen indispensables para saber cuántos niños, niñas, y adolescentes estarían imposibilitados de acceso a derechos básicos como salud, educación, sanitarios, alimentación, viviendas”.
Palomba dijo que en base a este diagnóstico se construirán planes de acción para cada familia. “Hay un eje a corto plazo, que sería la situación de contingencia que nos está impactando en este momento y también un eje macro, o a largo plazo, ya previendo cambios estructurales a raíz de lo que tengamos que trabajar para este año e incluir en el presupuesto del próximo”, señaló.
Sostuvo que todo el sector de la colonia -que es el que está lindero al basural, aunque ya hay nuevos asentamientos consolidados que se sumaron- “viene retrasado”. “Ha crecido demográficamente mucho, en el transporte hay muchas complejidades”, enfatizó. Planteó que los abordajes de situaciones de niñez “no pueden esperar y son de necesidad acuciante en este momento que nos está tocando vivir”.
Participar de una actividad de superviviencia familiar
Recolectar basura y después venderla es una actividad de supervivencia en la que están incluidos chicos y chicas, ya sea porque van con su papá, su mamá, un hermano, o porque directamente colaboran en la tarea que genera un ingreso económico.
“La solución siempre tiene que estar pensada en cómo mejoramos las empleabilidad de los adultos para que los podamos sacar de ese contexto y de esa actividad a los niños”, aseguró Cecilia Otiñano, directora provincial de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.
A este aspecto hay que sumarle otro, dijo la funcionaria, y son los espacios de cuidado que el Estado ofrece “para contener o para que estos niños estén, mientras los adultos desarrollan una actividad, que después podemos decir si está reglamentada si no está reglamentada, si es segura o no es segura”.
En 2020 un camión atropelló a un adolescente de 13 años que estaba en el basural y le produjo lesiones. Fue el último caso que se publicó, pero no el más grave que ocurrió. El 7 de enero de 2011 un vehículo aplastó a Nicolás, de 14. Se había colgado, resbaló y el conductor no lo vio. Estuvo nueve días internado y murió. En 2015 un chico de 15 sufrió la amputación de su dedo – se había trepado y el chofer cerró la caja y lo apretó- y en 2003 uno de 11 tuvo una fractura en los huesos de la pelvis, aprisionado por la compactadora.
Otiñano, que integra la mesa, planteó que en el caso de los jóvenes, una franja etárea con derecho al trabajo, lo que se hace es pensar “en estrategias formativas”.
Afirmó que una vez que tengan el diagnóstico de cuántas familias son, cómo están integradas, cuantos niños y adolescentes hay, si están realizando tareas de recolección, la labor del ministerio será “abordar la situación del trabajo de los adultos”.
Preocupación por los centros de fortalecimiento y de desarrollo infantil
La defensora también manifestó su preocupación por el estado de los centros de fortalecimiento familiar y los centros de desarrollo infantil que son “aliados, una pata indispensable” para el sistema de protección de niñez.
El Poder Judicial hace justamente las derivaciones a estos lugares.
Palomba dijo que “con el cambio de gestión, las políticas económicas que estamos atravesando, severas para toda la población” la defensoría quiere “poner en la agenda política como prioridad la política de niñez, porque la política de niñez no puede esperar a que se resuelvan cuestiones administrativas, de personal. Cada día, en un retardo de una intervención, provoca una vulneración aún mayor en la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes”.
Estos centros dependen de la subsecretaría de Familia, que está bajo la órbita del ministerio de Gobierno que conduce Jorge Tobares. Enumeró falencias tanto en la falta de equipos técnicos, como a nivel edilicio. Aseguró que con la nueva administración hay profesionales que se han mudado de lugares de trabajo y contratados que no están prestando funciones.
“Estamos llevando adelante varias reuniones para que la política de niñez de alguna manera se active”, agregó. Mencionó que en la provincia “tienen garantía de prioridad por la ley 2302”.
Subrayó: “no hay política de ajuste o situación económica compleja que pueda justificar la falta de intervención del Estado”.
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