ONGs rechazan limitaciones en el registro nacional de cannabis: solicitan ley para uso adulto

Las organizaciones no gubernamentales (ongs) que reúnen a pacientes que utilizan marihuana como medicina en la región objetaron los cambios que el Ministerio de Salud de Nación oficializó para habilitar el ingreso al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). Además anunciaron que no descartan insistir con la creación de una ley nacional que autorice el ‘uso adulto’ de la planta, para que se terminen las limitaciones que actualmente se dan cuando un mayor de edad quiere utilizarla para fines medicinales o recreativos.

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«Necesitamos una ley como la que tiene Uruguay, Canadá o Alemania, que son países donde ya pasaron el debate del uso del cannabis medicinal y ahora están discutiendo algo más maduro y real. Porque el cannabis, a nivel país, es la segunda droga más consumida después del alcohol. Hay personas que (más allá de usarla como medicina) deciden consumirla de manera adulta en vez de tomarse una cerveza. Y deberían poder manejarse con los mismos parámetros que se usan para el consumo del tabaco o el alcohol» expresó Gabriela Calzolari, fundadora de la Asociación Civil Ciencia Sativa.

Sobre esta iniciativa que propondrán aseguró qué «el texto se está redactando, para luego pedir el tratamiento. Antes de que se termine el gobierno nacional anterior había alrededor de unos cinco proyectos presentados por distintos bloques, pero todos fueron cayendo porque se quedaron sin estado parlamentario» se lamentó.

Objeciones

En relación a los cambios que se hicieron públicos hoy en el boletín oficial para el Reprocann (que es una base de datos donde se registran aquellos que cuentan con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de plantas marihuana con fines terapéuticos) Calzolari cuestionó varios puntos.

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«Primero hay una restricción en cuanto a la cantidad de personas a las que pueden asistir los cultivadores solidarios (los que cultivan para acercarle el cannabis a otros pacientes). Además sigue la estigmatización, porque piden que las personas que integramos las asociaciones civiles de cannabis no tengamos antecedentes penales. Y la realidad es que estos grupos venimos peleando desde hace más de 10 años por un marco de cultivo regulado, con lo cual hay muchas personas que posiblemente estén afectadas de alguna manera por la normativa que en su momento penaba el cultivo, incluso medicinal» destacó.

También se expresó sobre el tema Carina Romanelli, miembro de la ONG de Bahía Blanca Cultivo Mi Medicina, que es parte del Consejo Consultivo Honorario compuesto por seis organizaciones de toda la Argentina, que tiempo atrás fue convocado por salud de Nación para revisar las normativas vigentes.

«En abril tuvimos una reunión en el Ministerio (de salud nacional) . Estuvimos trabajando en un borrador que nos pasaron y enviamos observaciones. Creíamos que nos iban a llamar antes de sacar la resolución, pero eso no fue así. Por eso ahora pediremos un nuevo encuentro, porque no estamos de acuerdo con varios puntos y queremos aclaraciones» dijo Romanelli.

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Cuestionó, qué, por caso «en una parte dicen que los profesionales de la salud que intervengan van a tener que tener una diplomatura en cannabis o algo que los avale (más allá de su título para ejercer la medicina) como expertos en el tema. Y lo que nosotros planteamos es que, si van a exigir esto, a su vez desde el Ministerio de la Nación tendrían que ofrecerles una capacitación gratuita«.

Objetó que «limiten a 150 el número de usuarios o pacientes que se vinculen a una ONG que aborda el consumo medicinal. Si es así, nosotros ¿cómo le decimos que no a una persona que quiere comenzar un tratamiento y necesita asesoramiento? Decimos:-‘no te podemos recibir más porque completamos el cupo’? Un universo muy grande de pacientes quedarían afuera» destacó.

Los principales cambios realizados por Nación

-El registro para cultivadores solidarios se limitó a 2 personas.

-Sólo se aceptarán, como Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones Civiles y Fundaciones con un máximo de 150 pacientes.

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-Los miembros de la comisión directiva de esas ONG no deberán tener antecedentes penales.

-Los profesionales de la salud que gestionen el trámite deberán contar con una diplomatura o maestría sobre el uso medicinal de la planta de cannabis.