Cae una causa por usurpación de una comunidad mapuche: «Nos fueron sacando las tierras»

«Es un paso ganado aunque generó mucho desgaste. No hay desalojo y hay un sobreseimiento, pero el conflicto de fondo de la tierra no está resuelto«. De esta forma, Mirta Ñancunao, integrante de la Lof Las Huaytekas, se refirió a su sobreseimiento en la causa por usurpación iniciada por el empresario forestal José Luis Zilberberg.

En la audiencia judicial que se realizó vía zoom, el juez de Bariloche decidió no hacer lugar a la conversión de la acción pública en privada y rechazó la medida de constatación y desalojo solicitadas por el abogado querellante Fernando Díaz Cantón.

La comunidad Las Huaytekas se encuentra en el paraje El Foyel, a 30 kilómetros de El Bolsón y a 90, de Bariloche. El conflicto territorial se arrastra desde hace muchos años.

«Esto viene de los años 70, cuando se puso en marcha un plan de colonización forestal para plantar pinos y despojaron a mucha gente de sus territorios para dar lugar a este tipo de plantaciones«, relató Ñancunao a RÍO NEGRO.

Años después, dijo, la Provincia le cedió 200 hectáreas de tierras fiscales a Zilberberg. «Eran tierras que le habían ido sacando a mi familia, con la condición de que plantara pinos. En 2008 le dan el título de propiedad de las tierras de la comunidad y se inicia un conflicto grave porque empieza a construir un consorcio parcelario llamado Solares de la Comarca, con canchas de golf, fútbol y confiterías«, afirmó Ñancunao.

Allá por 2010, la comunidad mapuche interpuso una medida cautelar y la justicia ordenó paralizar las obras. «En ese lugar -describió la mujer-, tenemos el cipresal de Huaytekas. Es un lugar único donde hay plantas únicas y un mallín que abastece de agua a muchos lugares y donde hacemos nuestra ceremonia. Lo que intentaron hacer en 2012 es drenar ese mallín para abastecer de agua a las cabañas».

Agregó que en 2012, la Legislatura Rionegrina investigó el título de propiedad y «un dictámen logró que la Fiscalía de Estado pidiera la nulidad».

Pero en 2020 la comunidad fue denunciada por usurpación, aunque esta semana la causa prescribió. Desde la querella pidieron la conversión de acción pública en acción privada para solicitar el desalojo forzoso, pero el juez no hizo lugar a la solicitud.

«¿Cuánto tiempo llevan en ese lugar?«, preguntó este diario. «Cuatro o cinco generaciones» fue la respuesta. «Antes de 1900 ya estaba la población que dio lugar a las generaciones posteriores que venimos a ser nosotros. Nací en el 60, pero mi familia estaba acá desde mucho antes. Criamos animales, tenemos actividad leñera y forestal. Hoy los pinos están invadiendo todo, pero no nos autorizan a cortarlos», dijo.

Cuando se le consulta por la ausencia de reclamos en el momento de la cesión de tierras al empresario por parte del gobierno, Ñancunao recordó que «en esa época, no existía la legislación que tenemos hoy como pueblos originarios. La gente no sabía leer ni escribir. En esas condiciones, nos fueron sacando las tierras«.

Aseguró que, ahora, la demanda continuará por el fuero civil con la finalidad de que «el gobierno nos restituya nuestro territorio«. «Van dejando de lado nuestros derechos, más con este gobierno nacional. Estamos en una encrucijada, pero vamos a seguir peleando. Si pelearon nuestros ancestros sin legislación, más ahora en otra época, con más herramientas», concluyó la mujer.