Denuncia por violencia sexual a un funcionario de Neuquén: juntan firmas para que Provincia cumpla la medida judicial

Ernesto Seguel, exsubsecretario de Trabajo de Omar Gutiérrez, renunció en 2022 al cargo luego de que Silvana Cabezas, una trabajadora que dependía de su estructura, expusiera situaciones de acoso y abuso sexual en el ámbito laboral. El hostigamiento dentro del área no cesó y un informe del propio Estado lo ratificó. Pese a que hay una orden judicial para que le asignen tareas, el Gobierno se niega a incorporarla.

La organización feminista La Revuelta junto a Socorro Violeta impulsaron un petitorio para que el Gobierno provincial cumpla la medida judicial que le ordena otorgar funciones efectivas Silvana Cabezas que denunció abuso sexual en el ámbito laboral.

En el petitorio las organizaciones feministas realizan un racconto de lo ocurrido y exigen que el Gobierno cumpla la medida judicial y cese con la violencia ejercida contra la denunciante.

En el petitorio aseguran que la denunciante primero solicitó medidas de protección al exgobernador Omar Gutiérrez y al ministro de Desarrollo Social. En octubre de 2022 recurrió al Poder Judicial porque no se adoptaron medidas.

También dicen: «Desde diciembre de 2023 a la denunciante no le dieron más tareas y dejó de percibir su salario, sin notificarle su baja laboral. La Oficina de Intervención en Violencia Laboral provincial, creada para prevenir, intervenir y proteger a las personas en situaciones de Violencia Laboral, indicó reincorporarla. Esto no se cumplió pese a que las recomendaciones son de carácter obligatorio», explican.

«El 21 de mayo de 2024, en el marco del procedimiento previsto en la Ley N° 2786, el juez interviniente ordenó al actual Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, a cargo de Lucas Castelli, que otorgue funciones efectivas a la denunciante. La ley establece que toda medida cautelar debe cumplirse de manera inmediata».

Por último aseguran: «A la fecha, la provincia incumple esa medida judicial y, de manera insólita a través de la fiscalía de estado impugnó la cautelar. La violencia laboral e institucional persiste contra la trabajadora por atreverse a denunciar. Esa respuesta es regresiva, pretende disciplinar y desalentar a que otras rompan el silencio».

La última actualización del caso

Silvina Cabezas hizo una presentación ante la Oficina de Intervención en Violencia Laboral. El informe que hizo esta oficina recomendó a fin de no revictimizar a la trabajadora y con el fin de no incurrir en una nueva situación de violencia laboral y de género se arbitren los medios administrativos para su reincorporación laboral “en la Delegación Regional centro de la localidad de Zapala, lugar de residencia de ella y su familia”.

Fue por este motivo que el juez civil, Santiago Montórfano ordenó al ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, que “otorgue funciones efectivas conforme conocimientos técnicos y saberes de la Sra. Cabezas”.

Pero, la fiscalía de Estado solicitó una revocatoria de esta decisión. Raúl Gaitán, que a cargo de fiscal de Estado, planteó que el nombramiento de la trabajadora finalizó el 10 de diciembre de 2023, ya que era planta política.

Para la abogada de la denunciante, Angélica Acosta, esto es problemático por varios aspectos. En primer lugar, porque el gobierno no está cuestionando que los hechos existieron, por lo tanto, los admite. También dijo que esta “apelación” de una medida cautelar no es suspensiva, por lo tanto deberían asignarle funciones a la trabajadora, indistintamente de cómo siga el proceso.

Y por último precisó que a Silvana Cabezas nunca la notificaron de la baja, y que no podrían haberla dado de baja, “porque había una recomendación de una oficina del Estado que decía que había que darle continuidad laboral a Silvana”.

Cómo es el petitorio publicado con el que piden la reincorporación de la trabajadora: