Allen y la violencia de género: historia de un reclamo que lleva más de 30 años

Allen, jueves 28 de Febrero de 1991. Libro de Actas N°1, hoja 74. Los vecinos y vecinas del barrio Mir y zonas aledañas, al suoroeste de la ciudad, trabajaban para construir su centro comunitario y capilla. No imaginaban el desafío que se les venía, ni que 32 años después iban a tener que seguir reclamando por las mismas tragedias. “El miércoles 27, como todos los meses, rogamos por nuestros enfermos”, sigue el texto del acta, hoy valioso archivo, que agrega el dato fundacional: “como ofrenda nos comprometimos a formar el Grupo de Apoyo a la Mujer Maltratada”.

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El intercambio cotidiano, sobretodo con las jefas de familia más humildes, les había mostrado cómo se reproducía una necesidad que en esos años permanecía escondida: la de terminar con la violencia que las lastimaba todos los días, a ellas y a sus hijos, frente a hombres que repetían patrones de machismo, naturalizados y que nadie cuestionaba públicamente.

Tres décadas después, una nueva generación de mujeres que apoyan a otras a salir adelante, en organizaciones y gremios, ve cómo la red de instituciones del Estado que atiende este tipo de situaciones, sigue anémica. 500 denuncias se registraron en 2022 y el 2023 ya lleva 600, dato aportado por el Juzgado de Paz local. Todas tuvieron a Allen como escenario, en el marco de la Ley 3040, que se pensó para la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”.

Meterse en lo privado

El 16 de marzo de 1991 comenzó a funcionar oficialmente el Servicio “Manos Entrelazadas”, en el centro comunitario y capilla “San Pantaleón”, construído a pulmón en calle 14 de Abril casi Salta. Se reunían todos los jueves de 15 a 17, ya pensando en construir el Hogar Transitorio que después salvó tantas vidas. Neuquén tenía un equipo trabajando en el Hospital Castro Rendón, desde donde les enviaron material para capacitarse. Y buscaron además el contacto con la policía y el área de Acción Social Municipal. Para el acta del 31 de Enero de 1992, página 98, ya eran muchas las mujeres que asistían a las reuniones fijas, buscando apoyo y aprendizaje.

Sin embargo, dos años después, el femicidio de Margarita Marinao y su hija, Marcela Cayupán, hizo realidad los peores miedos del grupo. Ya venían de meses y meses animándose a tocar el tema en la calle, en las radios, en las misas, en las procesiones y desfiles populares, aunque las miraran como “locas” que se metían con algo tan privado como era la vida de una familia. Hasta que lo peor pasó y siguió pasando, con mujeres solas o con madres, cuyos hijos pequeños fueron testigos del horror.

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El archivo de Nélida “Piky” Tolosa, una de las referentes históricas del equipo, guarda los recortes periodísticos sobre Margarita, Marcela y las que no pudieron escapar después: Sara Burchard (2001), Mónica Sáez (2010), Jackelin Candia (2010), Aylin Parra (2014), Lorena Quilográn (2014, era de Allen pero estaba en Buenos Aires) y Marisa Galdame, femicidio ocurrido el lunes 30 de octubre pasado, en horas de la madrugada.

Muchos panfletos y volantes hicieron para concientizar. Hay uno que todavía se encuentra en una de las puertas internas del centro comunitario, donde difundieron una lista con los “Recursos” disponibles para pedir ayuda, en la década del ‘90: Acción Social del Municipio, «Manos Entrelazadas», el Hospital, la Comisaría 6°, la Subcomisaría 76° (actual Comisaría 33°), la Escuela Laboral y tres espacios de justicia: el Juzgado de Paz, Defensoría Civil y Asesoría Penal. Esos dos últimos con dirección en Roca, antes de que se construyera la Ciudad Judicial en calle San Luis. El volante habla de la ley 3040, así que es posterior a 1996, cuando ésta se sancionó. Pero 27 años después, a pesar del aumento estadístico, las mujeres que se animan a denunciar siguen viendo cómo se dilata la apertura del Juzgado de Familia en Allen. Se asignó con el N°23, en junio de 2013 (Ley 4872 impulsada por el entonces legislador Alejandro Betelú), aunque esa normativa fue derogada (no vigente) en 2016 (Ley 5111). Tampoco se designa ni presupuesto ni personal suficiente desde otros espacios estatales, para acompañar el proceso completo de las víctimas, no sólo el avance de los trámites administrativos, que a esta altura, es sólo una parte de la búsqueda de soluciones.

No alcanza con lo que hay

RÍO NEGRO dialogó con Gladys Morante, la actual jueza de Paz a cargo, cuyo lugar de trabajo volvió a quedar empapelado después de la marcha por justicia para Marisa Galdame. Ella misma pidió que se sigan viendo los carteles. Con impotencia contó cómo recibe seis o siete mujeres a diario que le vienen a contar los tormentos que sufren. Con moretones en un ojo o que se levantan la remera para mostrarle las patadas en las costillas. Piden ayuda de madrugada pero cuando llega la policía no se animan a hablar delante del agresor y niegan todo, por miedo o por no confiar en una alternativa. Piden la restricción de acercamiento y luego se arrepienten, porque no querían llegar a tanto, sólo que hablen con “él” para que deje de tratarlas así. Ninguna merece lo que le pasa.

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“¿Cómo cambiar esa manera de actuar?», se preguntó la jueza, porque no las pueden obligar, pero también entienden que falta un engranaje más en el acompañamiento cotidiano. “Un juzgado de familia no va a ser la solución a todo”, analizó, pero aceptando que no alcanza con lo que hay. Mientras tanto, está disponible las 24 horas y vive pegada al teléfono celular, por cualquier aviso. En 45 años de trayectoria en la justicia, ya conoció familias en Allen donde van por la tercera generación de mujeres violentadas.

Es cierto, la tecnología hizo que el sistema de trabajo sea más ágil, los expedientes salen en el momento hacia Roca, en formato digital. Allí se le sortea un juzgado entre los tres disponibles (abrieron uno nuevo en 2021) y se siguen las medidas. El problema es que para eso, las víctimas deben llegar con “representación”, abogado particular o defensor público, el primero, claramente, más rápido que el segundo. Para conseguir un letrado sin costo, hay que pasar por la Defensoría de Pobres y Ausentes en Allen, oficina ya sobrecargada de este y otros tipos de casos, donde tendrán que justificar que no tienen los recursos suficientes para afrontar los gastos. Pasos más pasos, papeles que a veces ni ellas entienden, hasta llegar al origen de la inquietud. ¿Dónde duermen mientras tanto? ¿De dónde sale el dinero para mantenerse si no son independientes? Y si no conviven, ¿cuántas veces son hostigadas?

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Para cubrir la falta económica, “el Sistema provincial de Atención Territorial, que hace poco articula con Allen, puede brindar asistencia”, explicó la titular de la Comisaría de la Familia, la oficial principal Belén Pereyra. Está en el cargo desde febrero de este año, pero desde 2018 trabaja con esta problemática en distintas localidades. Aclara, eso sí, que el equipo del SAT no trabaja “a demanda”, sino por turno que ellos mismos convocan. Ni ese grupo ni el área de Género municipal, dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano, cuentan con profesionales para la asistencia psicológica de las víctimas. Por eso recurren a Salud Mental del Hospital, sección también colapsada en consultorio y con reuniones grupales abiertas, los martes a las 9. La dependencia policial a cargo de Pereyra, ubicada sobre calle Brentana 415, sí cuenta con esa contención, por turno, pero es la misma profesional que sale a capacitar en prevención. Se quedaron sin la asesoría legal, porque la abogada también se fue a Roca. En ese complejo entramado, deben moverse las denunciantes y sus familias. Todo mientras en el medio no confíen de nuevo en el agresor y retomen el vínculo.

La recompensa de sobrevivir

En ese punto es donde el trabajo que “Manos Entrelazadas” sostuvo hasta 2018 era tan necesario, con acompañamiento a los juzgados y oficinas, con un lugar donde vivir y criar mientras tanto, donde festejar un cumpleaños en paz, donde hacer la tarea con apoyo docente y hasta completar un embarazo sin miedo a las palizas. Con grupos para mujeres pero también para hombres, con quienes poder desmenuzar esa masculinidad llena de exigencias, traumas y represión emocional, que explota si no se la trabaja.

“Piky” Tolosa, Norma Torres y Andrea Thea fueron las que recibieron a diario RÍO NEGRO para recordar esos primeros tiempos.

Hoy las reconforta encontrarse con aquellas familias que ayudaron a sostener y que lograron al menos, sobrevivir. Las fotos trajeron al presente los eventos para recaudar fondos y las salidas al aire por FM Gabriela G, desde la propia capilla, para concientizar a la audiencia. “Cada vez que podían nos recalcaban que eran femicidios, no crímenes pasionales”, contó Enrique Valdés, director de la emisora.

Evocaron también la figura de Valerio Svampa, esposo de Piky, que soportó las críticas por coordinar talleres para hombres que buscaban desprenderse del machismo. Miguel Vila, el juez de paz anterior, recordó el valor de ese trabajo, en el que tuvieron unos 20 participantes, con “todo lo que significaba en esa época reconocer lo que les pasaba”. Hasta 2016, como juez, recibió unas 300 denuncias anuales en su despacho. Hoy es el doble.

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Ser prioridad

Los desacuerdos entre el Poder Ejecutivo local y el Concejo Deliberante en esos años, con Sabina Costa y Claudia Obligado al frente respectivamente, hicieron que no se pudiera usar el terreno propuesto para el Juzgado de Familia, explicaron desde el ámbito parlamentario. Se había señalado la esquina de José Escales y Piñeiro Sorondo, pero “pretendieron cambiar la utilidad, usarlo para oficinas como Tránsito, Juzgado de Faltas y otras dependencias”, confirmó el actual presidente del órgano, Mauricio Morales. Eso recibió el veto de Costa y el tema no volvió a debatirse. Hoy sólo figura en la Ley Orgánica del Poder Judicial y por consiguiente en su página web, pero con espacios en blanco. También esperan novedades parecidas en Jacobacci, Los Menucos y Catriel.

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Días atrás y ya con el femicidio de Marisa Galdame en los titulares, se aprobó en ese mismo recinto la cesión de tierra al Superior Tribunal de Justicia, realizada en septiembre, pero para construir un Centro Judicial que unifique las dependencias actuales. Sería en la esquina de Pasaje San Juan y Brown, a una cuadra de la Comisaría de la Familia. Fue a partir de la carta de intención que firmó la actual jefa comunal, Liliana Martín (JSRN), en Viedma. Pero nada se habla aún del esperado Juzgado de Familia N°23, algo que tiene que incorporarse primero en el presupuesto judicial. Mientras tanto, cada fin de semana trae nuevas advertencias a la mesa de entradas, nuevos casos, que esperan ser una prioridad, de una vez por todas.

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