Alarma por el posible cierre de los Centros de Acceso a la Justicia en Río Negro y Neuquén: cuál es su rol social
Hay cuatro sedes en la región distribuidas en Bariloche, Cipolletti, ciudad de Neuquén y Zapala. Desde los equipos, aseguran que brindan respuestas a la gente en condición de vulnerabilidad donde los organismos del Estado no llegan.
Con la atención itinerante se llega a parajes donde los pobladores no tienen acceso. Foto: gentileza
Nacieron 15 años atrás en el seno del Ministerio de Justicia de Nación para brindar respuestas a las personas en condición de vulnerabilidad en muchos puntos del país donde los organismos del Estado no siempre llegan, como barrios populares, parajes y zonas rurales.
Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) desarrollan una labor silenciosa con una fuerte presencia territorial.
Río Negro cuenta con dos sedes en Cipolletti y Bariloche; mientras que la ciudad de Neuquén y Zapala también disponen de atención al público. En muchos casos, la atención es itinerante.
Los equipos suelen estar integrados por abogados, trabajadores sociales, psicólogos y administrativos. «El objetivo es acercar la justicia en el sentido amplio, no solo al Poder Judicial. Brindar ayuda para gestionar un turno en el hospital, evaluar trámites demorados en Anses o Pami y asesorar en cuestiones jurídicas, como un régimen de comunicación, asistencia alimentaria y defensa del consumidor», sintetizó la abogada Jennifer Carrera, coordinadora regional de los Centros de Acceso a la Justicia en Patagonia.
Muchas veces, agregó, estos equipos «articulan» con la Defensoría Pública ya que, «el Poder Judicial suele estar desbordado y ante determinadas pautas para acceder a un defensor, la gente con un sueldo registrado -aunque magro- queda afuera del acceso a la justicia. En esta zona gris, entran los CAJ cuando la gente no puede pagar un abogado. No hay una superposición con las tareas del Poder Judicial sino que trabajamos articuladamente», aclaró la abogada oriunda de Cipolletti.
Ocupaciones de tierras y amparos de salud. Los temas son múltiples. En muchos casos, también se proponen mediaciones comunitarias por cuotas alimentarias a fin de evitar «la hiperjudicialización» de cualquier conflicto. Se trata de instancias gratuitas. «Muchas veces, la gente viene a asesorarse y por lo general, hay expedientes judiciales que llevan años sin poder resolverse. Como esta es una instancia prejudicial, logramos que muchas madres puedan cobrar la cuota alimentaria que llevan judicializadas desde años. O que nunca habían logrado judicializar porque no tenían cómo pagar un abogado«, aclaró Carrera.
También se abordan situaciones de violencia de género y violencia intrafamiliar, articulando acciones con otros organismos públicos. «Se evita revictimizar haciendo una derivación asistida y responsable. Hace poco intervenimos en el caso de una persona prófuga en Bolivia, acusada de abuso sexual agravado. Desde allá, su pareja denunció el abuso de los dos hijos. Quería saber cómo traerlos. Se hizo una articulación con Fiscalía y Cancillería», detalló Ezequiel Palavecino, un abogado del Centro de Acceso a la Justicia de Bariloche.
Amenazas de cierres
Días atrás, una publicación del Ministerio de Justicia de Nación en Instagram advierte: «Se cierra otra caja de la política». De esta forma, informa sobre el cierre de 81 CAJ, de un total de 105 en todo el país, argumentando que «brindan el servicio de manera ineficiente» y que «son servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias».
La publicación generó múltiples expresiones de rechazo: «Profesionales altamente calificados ensuciándose las zapatillas con barro para acercar derechos a los barrios, pueblos y parajes de nuestro país donde el Estado está muy ausente». Otro posteo decia: «En muchos lugares, la única ventanilla accesible para el asesoramiento integral a situaciones diversas que atraviesan sobre todo personas de bajos recursos económicos«.
Plantean que el CAJ es una caja de la política y que tienen grandes gastos. Solo pagan dos locaciones en Patagonia; el resto funciona en espacios autogestionados por los mismos trabajadores, como el Municipio, iglesias donde no se paga alquiler, ni luz ni internet»,
Jennifer Carrera, abogada y coordinadora regional de los Centros de Acceso a la Justicia en Patagonia.
Carrera reconoció que aún no hay novedades: «Desde el cambio de gobierno nunca se designó a un director de los CAJ, solo a una subsecretaria de Justicia, Candelaria Montenegro, que renunció ante el anuncio de los despidos. No hay una nueva designación».
Ante los posibles cierres de los CAJ, insistió en que las distancias son amplias en Patagonia. «Hay pueblos donde no hay organismos del Estado y muchas veces, el costo del transporte público hace que la gente no pueda acercarse a las ciudades cabeceras. En cada operativo terminamos ayudando con todo tipo de trámites», señaló Carrera. En este sentido, puso como ejemplo el caso de un hombre extranjero que vive desde hacía 30 años en un paraje rionegrino. Nunca había tramitado su documento de identidad argentino. «Por ende -resaltó Carrera-, no tenía ningún derecho como ciudadano argentino desde lo laboral o previsional». Tras un trámite en la Dirección de Migraciones, obtuvo el DNI.
Palavecino planteó que «el sistema formal es expulsivo para la gente. Hay quienes peregrinan por todas las funciones públicas sni saber qué tienen que hacer. Los CAJ vienen a romper con eso. Se les explica cómo es el proceso, a dónde están parados y hacia dónde deben avanzar. Se les explica derechos y obligaciones».
Tras el desconcertante anuncio del gobierno nacional, estiman que la atención será vía digital, a través de Buenos Aires. «No todos tienen herramientas tecnológicas para comunicarse por un medio digital. Hay que tener en cuenta que hablamos de personas en un momento de vulnerabilidad. De esta forma, se imponen nuevas barreras a la gente», concluyó Palavecino.
Recortes
Se estima que alrededor de 400 personas se desempeñan en los Centros de Acceso a la Justicia en el paía. Provincias como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe tienen más sedes por la densidad poblacional.
En Patagonia, aseguran, se hace cada vez más cuesta arriba sostener «la carga de trabajo». Sucede que en los últimos meses, varios trabajadores fueron despedidos.
Río Negro dispone una sede en Cipolletti donde trabajan tres empleados, al igual que Bariloche. Neuquén capital tiene una planta de tres trabajadores; mientras que en Zapala, de cuatro personas solo quedó una.
Santa Cruz tiene un CAJ en Río Gallegos, con dos empleados. Otros dos atienden la oficina de Ushuaia, en Tierra del Fuego, y uno en Tolhuin. En Chubut, el año pasado se inauguró un CAJ para la Comarca Andina donde solo quedó una trabajadora social ya que despidieron al único abogado. En Puerto Madryn, en cambio, solo atiende una abogada.
Comentarios