«Acercar derechos» quedó lejos: cierra en Roca el programa de Nación para víctimas de violencia

El programa Acercar Derechos (PAD) de Nación ya estaba en peligro. Bajo la órbita de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia, por un decreto, el 3 de junio pasó a estar en la esfera del Ministerio de Justicia de Nación. Cinco días después, las trabajadoras que cotidianamente asisten a mujeres víctimas de violencia, se enteraron por redes sociales que cerraba la subsecretaría, hecho que trascendió públicamente, pero que hasta ahora no fue formalizado en el Boletín Oficial.

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En la actualidad, quedaban 89 trabajadoras, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y administrativas en todo el país que desempeñaban funciones en el programa. Esa es la planta actual, porque en diciembre quedaron cesantes algunos cargos, según informó a Diario RIO NEGRO, Virginia Flores, abogada del Programa Acercar Derechos de Roca, el único que quedaba en la provincia en Río Negro tras el desmantelamiento en Bariloche.

«Veníamos con renovaciones de un mes o dos meses. En junio nos comunicaron que nos iban a renovar el contrato, pero ayer, las trabajadoras recibieron un mail en el que les informaban que no había sido posible la renovación del contrato con lo cual quedaron desvinculadas del Ministerio de Justicia», comentó.

En Roca, eran tres integrantes en el equipo territorial: una trabajadora social, una abogada y una administrativa.

Si bien no sorprendió, la noticia causó angustia no solo por los contratos y fuentes laborales perdidas, sino también por el recorte de un programa que realmente garantizaba un acompañamiento y asistencia a 80 personas en situación de vulnerabilidad por razones de género -solo en este territorio-, quienes ahora quedarán a la deriva.

El PAD había surgido para la asistencia de personas en situación de violencia por motivos de género, como parte de las políticas del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, también eliminado durante la actual gestión del Ejecutivo.

Mediante equipos interdisciplinarios y especializados, se encargaba de fortalecer el acceso a los derechos y al sistema de justicia, desde una perspectiva interseccional e intercultural; y de brindar acompañamiento psicosocial y jurídico.

Respecto al programa «Acompañar», que consiste en un seguimiento y apoyo económico a víctimas de violencia de género, también hay problemas porque se registra un retraso en los pagos y las beneficiarias no están cobrando sus salarios. «Recién en mayo, pagaron el monto correspondiente al mes de marzo», informó Flores.

«Se hicieron los reclamos pero todavía no tenemos ninguna novedad. Son situaciones de alto riesgo y sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada hubo un femicidio en Tucumán. La chica había pedido el programa Acompañar en el mes de agosto del año pasado y no se lo habían aprobado», problematizó la abogada.

Natalia Nicolaus, integrante del Consejo Local de las Mujeres Diversas de Roca, fue una de las portavoces de la problemática que se difundió este miércoles con más fuerza.

«Vemos con mucha preocupación cómo el Gobierno Nacional trata con total desprecio las temáticas de género. El desmantelamiento de programas tendientes a promover la igualdad de oportunidades, lucgar contra las violencias y el acompañamiento a las víctimas; no hace otra cosa que dejar al descubierto la falta de interés», planteó.

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Desde el Consejo Local de las Mujeres Diversas del Municipio de Roca, repudiaron el «vaciamiento y cierre del programa», además de expresar la disconformidad por la política que aplica el Gobierno Nacional de Javier Milei, a partir de varias medidas que enumeraron.

Por un lado y en orden cronológico citaron: la anulación del uso del lenguaje inclusivo, el cierre de los tres centros de referencia (CDR) del Ministerio de Capital Humano en Río Negro; el despido de 85 personas travesti-trans trabajadoras del Estado (según datos del Frente de Trabajadores TTNB y ATE); la eliminación de resoluciones que exigían paridad de género en empresas y asociaciones civiles; y el vaciamiento del programa Primeros Años en Roca.

Puntualmente, destacaron entre las políticas, la no renovación de los contratos y paralización del plan ENIA, que desde hace seis años en doce provincias se ejecutaba para brindar consejería en salud sexual, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y a Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en centros de salud.

Además, mencionaron el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, área que persistía del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades creado en 2019.

Normas y leyes que contemplan la protección de las mujeres

Cabe destacar que la propia Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 22 otorga rango constitucional a la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer» de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual el Estado Nacional se comprometió a elaborar por todos los medios, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.

A su vez, en 1996, mediante la Ley N° 24.632, se aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la «Convención de Belén Do Pará».

Más reciente es la Ley N° 26.485, de Protección Integral paa prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta norma establece dentro de sus objetivos, promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida.