Aborto voluntario, a cuatro años: “Es un derecho que las personas se sienten legitimadas para exigirlo”

La siguiente conversación se dio en Neuquén, a pocos días de cumplirse el cuarto aniversario de la aprobación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Las que hablan son Ruth Zurbriggen, activista feminista, integrante de la Colectiva La Revuelta y una joven de 26 años a quien acompañaba en su decisión de abortar:
-Pedí un turno a un ginecólogo para hacerme la ecografía.
-¿Lo conocías?
-No, fue al azar.
-¿Y le contaste de tu decisión de abortar?
-Sí.
-Ahhh te animaste a decirle.
-Sí, claro. No me cuestionó ni me desalentó. Si se molestaba me levantaba y me iba. No iba a estar escuchando sermones, es mi decisión.

“Estas situaciones micropolíticas”, analiza Ruth Zurbriggen, “muestran el impacto que tiene la ley. No es universalizable, como nada lo es en los procesos sociales, sin embargo, marcan que algo cambió”.

Hace cuatro años se aprobó la ley IVE, la norma que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo para mujeres y personas gestantes en todo el territorio nacional, de forma gratuita y en todos los sistemas de salud: público, obras sociales y prepagas. Una ley que llevó años de trabajo y de activismo por parte de organizaciones feministas y que hoy se hace cuerpo en distintas situaciones: “La ley trajo bienestar y salud. Posibilitó también cambios en relación a cómo vincularse con la decisión de abortar. Menos problemática”, describe Ruth Zurbriggen y aclara de nuevo, “no es algo universalizable ni mucho menos automático, no obstante, notamos que decidir abortar en un país con ley implica tomar la decisión en condiciones de mayor libertad, dignidad y justicia”.

La ley también trajo consigo el debate y la posibilidad de cuestionar deseos, mandatos y roles. Surgieron nuevas vinculaciones con los cuerpos, la sexualidad y las decisiones. Así lo expresa Ruth Zurbriggen: “La legitimidad del aborto está dada también por la agenda feminista y transfeminista que a lo largo de estos años trajo debates sobre la maternidad y los cuidados. Hay más conciencia de las implicancias que tiene, del tiempo, de los deseos y las proyecciones, de los recursos vitales que requiere poner para otres. Entonces parece que, en amplias capas de mujeres, varones trans y/o personas no binarias que pueden embarazarse, hay más elementos para sopesar si es viable o no la continuidad de un embarazo. Ahí es donde la fuerza de los feminismos se hace sentir. En esos argumentos que nos ayudan a plantarnos, que se vuelven morada y refugio para tomar decisiones más fundadas acerca de si se quiere o no maternar”.

La ley, la agenda feminista y transfeminita también influyó en varones, en aquellos que no les seducen las promesas que la estructura patriarcal les propone. “Vengo atesorando en mi memoria muchas experiencias especialmente de jóvenes varones”, sigue Ruth Zurbriggen, “que acompañan de manera amorosa, que se ocupan de pedir permiso en sus trabajos o acomodan francos, que ofrecen la casa familiar el día del uso del misoprostol porque no habrá nadie que se moleste por el aborto, que preparan el té, que hacen los masajes, que compran algo rico para ese día, que escriben haciéndonos consultas sobre los síntomas. Me aventuro a decir que algo cambió para bien en ellos también”.

Aborto voluntario, a cuatro años: la situación en Neuquén y Río Negro

En términos de estadísticas tanto en Neuquén como en Río Negro, de la gestión de Alberto Fernández a la de Javier Milei, no hubo modificaciones en cuanto a la cantidad de abortos. Si los hubo en otras áreas que impactan en la garantía del derecho.

Repasemos algunos números: en Neuquén la cantidad de servicios de salud pública que garantizan la práctica en 2024 es la misma que en 2023: 62. Además, la cantidad de IVE e ILE practicadas también es similar de un año a otro. En el primer cuatrimestre de 2024 se registraron 620, lo mismo que en ese período de 2023.

En Río Negro sucedió lo mismo. El número de establecimientos públicos que dan acceso a IVE e ILE a junio de 2024 es el mismo que el reportado para 2023: 95.

Las estadísticas surgen de “Proyecto Mirar”, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) junto a Ibis Reproductive Health. El informe monitorea la implementación de la ley de aborto en Argentina y recaba información en cada provincia para hacer un seguimiento. Neuquén y Río Negro fueron de las provincias que respondieron el pedido de acceso a la información que realizaron.

Cedes también pidió información al Gobierno Nacional pero desde la gestión de Javier Milei primero solicitaron una prórroga para contestar, y luego incumplieron con la respuesta. Y acá se puede observar una de los primeras particularidades del cuarto año de la IVE: “En general las provincias vienen sosteniendo los servicios, en parte porque todavía tienen insumos que les quedó de la gestión anterior y en parte porque hicieron una estrategia de priorizar los servicios de salud sexual y reproductiva”, analiza Mariana Romero médica epidemióloga, directora de Cedes e investigadora de “Proyecto Mirar”.

Nación, desde la gestión de Milei, dejó de enviar insumos para tratamientos de salud. Los recortes fueron para el acceso al aborto y anticonceptivos, pero también para los tratamientos de VIH, hepatitis y tuberculosis, por nombrar algunos. “El impacto del recorte se va a empezar a notar cuando podamos tener información del segundo semestre del 20 24”, sigue Mariana Romero, “las provincias se encontraron con este escenario de tener que proveer estos insumos. No tuvieron la posibilidad de ajustarse porque no fue una estrategia gradual sino mas bien un decisión intempestiva y unilateral”.

Otro de los ejes en los que Cedes pone atención es la equidad entre las provincias. Advierten que quienes tengan mayores ingresos podrán afrontar y garantizar la práctica del aborto de manera diferente a otras que no estén en la misma situación. “Neuquén y Río Negro son provincias que tienen condiciones para responder”, analiza Mariana Romero. Esta situación diferencial se debe a recursos económicos e infraestructura pero también a organizaciones sociales, feministas y transfeministas con capacidad de monitoreo sobre las decisiones de los gobiernos y con posibilidad de incidencia en la agenda pública.

Y el último cambio importante que se dio de una gestión a otra, para Mariana Romero, es el rol que cumplía el Gobierno Nacional: “Tenía una gran función de rectoría. Ponía un estándar y lo hacía cumplir. Es decir, imponía un protocolo, capacitaciones, tiempos en el acceso, tecnología a utilizar y las provincias debían acatarlo. Así redujo la brecha entre las provincias, legitimó la demanda de las mujeres y el accionar de los equipos de salud. Hoy el Estado Nacional no ejerce la función de rectoría, entonces queda a merced de cada provincia y eso tiene un potencial impacto directo en las personas pero también en los equipos de salud. La situación de cada provincia va a depender de sus recursos económicos, de la infraestructura y de la incidencia de la sociedad civil”.

Aborto voluntario desafíos para el 2025:

Uno de los desafíos para el 2025 – si es que Nación continua sin enviar insumos y medicamentos – es lo presupuestario para garantizar el derecho a abortar. Y en este punto Mariana Romero hace una advertencia: “Las provincias tienen menos capacidad de negociar con laboratorios o droguerías que lo que tiene el Estado Nacional porque compran volúmenes más chicos”.

Desde el Gobierno Nacional han explicitado – con idas y vueltas – su anhelo de derogar la Ley 27.610, pero no han presentado proyecto para hacerlo. “Están acechando, viendo cómo desarmar el profundo entramado político y activista que hizo posible la existencia de la ley”, dice Ruth Zurbriggen, “pienso que el aborto puede ser un tema bisagra. Por eso, seguro medirán milimétricamente cuándo y cómo desplegar su deseo de cancelación legal. No obstante, cancelan la ley toda vez que no garantizan insumos, ni rectoría para su aplicación. Su existencia cotidiana depende justo de esa trama anudada de profesionales de la salud que saben que es mejor con ley que sin ley. Que saben que la ley produce salud» y cierra, “sabemos que con ley vivimos mejor y entonces tenemos una responsabilidad social para hacer que viva en las instituciones y en la subjetividad social”.

Para conocer más sobre redes que acompañan la decisión de abortar y experiencias activistas en Argentina, Chile y México entrar a: acompanandoabortos.org

Impacto de la crisis de salud en el hospital López Lima:

Desde la Campaña Nacional contra la violencia ginecobstétricia expresaron su profunda preocupación por la situación que enfrenta el sistema de salud en Río Negro, pero particularmente a lo que respecta a la atención ginecobstétricia en el hospital de Roca.

Entre las situaciones alarmantes denuncian que las mujeres tienen que ser trasladadas a otras localidades para parir, se las separa de sus recién nacidos y no tienen acompañamiento.

También aseguran que faltan recursos básicos como misoprostol, test rápidos de VIH, sífilis y embarazo. Así lo explicitan en un comunicado: “La ausencia de especialistas ha llevado a la suspensión de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) en el hospital, agravando la vulnerabilidad de quienes necesitan este servicio”.

Por último, aseguran: “Estas fallas en la atención no solo constituyen un riesgo enorme para la salud de las mujeres y personas gestantes, sino que también perpetúan la violencia ginecobstétricia, infringen leyes nacionales y son un avasallamiento a los derechos humanos”.