A qué responde el fuerte rechazo que genera la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema
La propuesta del Gobierno de sumar al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 como candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación genera nuevas resistencias.
Crédito: El Litoral
La candidatura a la Corte Suprema del juez Ariel Lijo sigue despertando polémica debido al historial de denuncias y cuestionamientos sobre su desempeño en causas de corrupción. Ayer, en muchos diarios del país se publicó una nueva solicitada firmada por abogados, intelectuales y escritores, en rechazo de su postulación.
La propuesta del Gobierno es cubrir con Lijo la vacante que dejó la renuncia de Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021. Además, también propuso a Manuel García-Mansilla en lugar del juez Juan Carlos Maqueda, quien alcanzará la edad límite de 75 años en diciembre, según lo establece la Constitución.
De acuerdo a la normativa vigente, las personas propuestas deben demostrar aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, independencia y un compromiso con los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos.
¿Cuáles son los principales cuestionamientos?
Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Lijo está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura. A lo largo de sus 20 años en la judicatura, recibió 32 denuncias por mal desempeño o presunta comisión de delitos, siendo el tercer juez más denunciado ante el Consejo de la Magistratura.
Entre las denuncias se incluyen irregularidades procesales y demoras injustificadas. De las 89 causas de corrupción que ha manejado, 26 siguen en período de instrucción, algunas desde hace más de una década, y solo 14 han sido elevadas a juicio oral.
Al analizar las causas elevadas a juicio oral por Lijo, se observa que de los ocho casos que involucraban a presidentes, solo uno llegó a esta etapa, el Caso Siemens, donde fueron procesados empresarios e intermediarios, pero no funcionarios públicos.
De las 33 causas con ministros o titulares de organismos, solo cinco fueron elevadas a juicio, involucrando a figuras como Edmundo Ruckauf, Norberto Carlos Berner, Amado Boudou y Luciano Di Cesare. Además, sólo una causa que incluía a un secretario, Carlos Javier Mac Allister, llegó a juicio. Las restantes siete causas elevadas corresponden a categorías menores, con cinco en «Otro/a» y dos en «Desconocido/a».
Lijo también ha sido denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. Sus actuaciones en casos de alto perfil, como Ciccone y Siemens, han sido especialmente cuestionadas, ya que en estos casos importantes funcionarios no fueron procesados.
Actualmente Lijo tiene tres procesos disciplinarios abiertos: uno por la denuncia del diputado Juan Manuel López presentada en agosto de 2023, otra realizada por Pedro Amarillo Payé en marzo de 2024 y otra realizada por los diputados Elisa Carrió y Juan Manuel López este mismo año.
¿Por qué es importante?
La elección de jueces de la Corte Suprema es crucial porque influye directamente en la administración de justicia y en la confianza del público en el sistema judicial. La trayectoria de Lijo, marcada por múltiples denuncias y su desempeño en causas de corrupción, plantea preocupaciones sobre su independencia y compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos.
Si el Senado aprueba la nominación de Lijo, la Corte Suprema continuará sin representación femenina, lo que ya genera críticas sobre la falta de diversidad de género en el máximo tribunal.
¿Cuáles son los próximos pasos?
A corto plazo, la nominación de Lijo podría enfrentar un fuerte escrutinio, tanto en el ámbito político como en la opinión pública. El Senado deberá considerar cuidadosamente las observaciones y objeciones presentadas durante el proceso de evaluación.
Fuentes como ACIJ sugieren que la aprobación de su candidatura podría tener implicancias negativas para la imagen del sistema judicial argentino, mientras que otros sectores políticos, que apoyaron su declaración como Ciudadano Ilustre de Avellaneda, podrían presionar para su aprobación.
¿Cómo es el proceso para la selección de jueces de la Corte Suprema?
El proceso de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina, regulado por el Decreto 222/2003, es a través de un mecanismo indirecto que implica la participación activa del Poder Ejecutivo, el Senado y la ciudadanía.
En primer lugar, el presidente de la Nación propone candidatos, quienes deben pasar por un período de 15 días durante el cual la sociedad civil, organizaciones y profesionales pueden presentar observaciones y objeciones fundamentadas. Estas observaciones se presentan por escrito en el Ministerio de Justicia o a través de plataformas digitales.
Una vez concluido este plazo, el Poder Ejecutivo tiene otros 15 días hábiles para evaluar estas presentaciones antes de enviar la propuesta al Senado. Para que el nombramiento sea efectivo, el candidato debe obtener el acuerdo de dos tercios de los miembros del Senado.
¿Cuáles son los requisitos?
Los requisitos para ser juez de la Corte Suprema, establecidos por la Constitución Nacional en su artículo 111 y el Decreto 222/03, incluye ser abogado con al menos ocho años de ejercicio, tener al menos 30 años de edad y seis años de ciudadanía argentina. Además, se exige una evaluación detallada de la idoneidad técnica y moral de los candidatos, así como su compromiso con los derechos humanos y valores democráticos.
También se contempla que la composición del tribunal refleje diversidades de género, especialidad y procedencia regional. Los candidatos deben presentar una declaración jurada de bienes y detalles sobre sus asociaciones civiles y comerciales, así como cualquier compromiso que pudiera afectar su imparcialidad, para asegurar una evaluación transparente de posibles incompatibilidades o conflictos de interés.
Lijo: ciudadano Ilustre de Avellaneda
En medio de la controversia por su nominación, el juez Ariel Lijo fue recientemente declarado Ciudadano Ilustre por el Concejo Deliberante de Avellaneda (HCDA). Según se informó desde el HCDA, la propuesta recibió apoyos de La Libertad Avanza y Unión por la Patria.
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