A 30 años del femicidio de su madre y una de sus hermanas, Leticia y María Eugenia siguen desprotegidas
La Justicia rionegrina les dio la espalda al negarles el derecho a recuperar el terreno, ahora en manos de un tío, que la municipalidad de Allen les entregó en aquellos años como una forma de ayudarlas de cara al futuro complejo que les esperaba.
Cuando su padrastro mató a su mamá y a una de sus hermanas, Leticia y María Eugenia quedaron desprotegidas ante la vida. Tenían menos de diez años. Hoy casi 30 años después siguen tan desamparadas como antes.
En 1994, en Allen, cuando ocurrió el doble femicidio de María Margarita Marinao (32 años) y Marcela Cayupán, una de sus hijas, este tipo de hechos no se juzgaban como tales. Eran “crímenes pasionales”. De ahí que Ramón Carlos San Martín haya sido condenado sólo a diez años de cárcel.
A punto de cumplirse tres décadas de aquel aberrante hecho, estas dos hermanas de Allen sufrieron otro despojo.
La Justicia rionegrina les dio la espalda al negarles el derecho a recuperar el terreno, ahora en manos de un tío, que la misma municipalidad allense les entregó en aquellos años como una forma de ayudarlas de cara al futuro complejo que les esperaba.
Hace unos días del Superior Tribunal de Justicia, con los votos de la jueza Liliana Picchinini y los jueces Sergio Barotto y Ricardo Apcarián (la jueza María Cecilia Criado y el juez Sergio Ceci se abstuvieron de emitir opinión “atento a la coincidencia de los votos anteriores”) rechazó el recurso de queja interpuesto por la Defensora de Pobres y Ausentes María Cecilia Evangelista que pretendía revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones en el que le daba la derecha a Eduardo Marinao, exconcejal de Allen y tío de Leticia y María Eugenia, quien terminó una construcción sobre el terreno de las hermanas y se quedó a vivir en el lugar.
El fallo de STJ se apoyó en cuestiones de formas más que en si las hermanas tienen derecho o no a recuperar lo que es suyo.
Sin lo suyo, por «26 renglones”
Uno de los argumentos por los que rechazaron el recurso es porque la mayoría de las páginas del recurso que presentaron exceden los 26 renglones que están establecidos en el artículo 1 B.1 de la Acordada 09/23.
El segundo elemento que se tuvo en cuenta es que la Defensora Oficial expresó su desacuerdo con la decisión de la Cámara de Apelaciones, pero “se limitó a reiterar los agravios del recurso principal”, no hizo más que “insistir en planteo genéricos y dogmáticos, cuyo contenido es la simple alusión a derechos presuntamente violados, sin relacionar de manera crítica y directa esos agravios con los fundamentos de la sentencia”.
“Cuando mataron a mi mamá y mi hermana, nosotras quedamos a la deriva. Nos mandaron a vivir con mis abuelos. Como estábamos en las chacras, algunas organizaciones le pidieron a la municipalidad que nos ceda un terreno en el barrio Progreso para poder estar más cerca del centro y seguir estudiando. Se hizo una ordenanza y nos entregaron el terreno que quedó a nombre de mi abuela porque nosotras éramos menores”, relató Leticia.
“Como pudimos fuimos juntando algo de plata y empezamos a construir una platea, pero no pudimos seguir. Pasó el tiempo y nos enteramos que un tío le había pedido permiso a mi abuelo para terminar de construir, lo hizo y se fue a vivir. Quisimos reclamar, porque eso es nuestro, nos pertenece, pero la Justicia nos dio la espalda. Al dolor de la pérdida de nuestra familia, tenemos que seguir soportando ésto…”, completó la mujer.
Las hermanas iniciaron un juicio de desalojo, y en julio de 2023 la jueza Agustina Nafa a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°1 hizo lugar al planteo y ordenó el desalojo. Pero la medida fue apelada por el tío argumentando que él había terminado de construir con recursos propios, con autorización de su madre, abuela de Leticia y María Eugenia, y que tomó conocimiento del reclamo de la vivienda, recién ante la denuncia de usurpación .
La Cámara de Apelaciones, el 5 de febrero pasado, con el voto del juez Víctor Darío Soto y Gustavo Martínez (por la coincidencia de los dos anteriores, Dino Maugeri se abstuvo de dar su opinión) le dio la derecha al hombre entendiendo que “no hay en el caso un supuesto de intrusión, ni tampoco existe el deber de restituir del demandado a las actoras”.
Ahora lo único que les queda por hacer a las hermanas es presentar un Recurso Extraordinario federal ante el STJ, pidiéndole que les habiliten la vía de recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si el STJ rechaza el Recurso Extraordinario, les queda como opción plantear una queja directamente ante la Corte, para que se declare mal denegado el recurso extraordinario federal. Demasiada burocracia para recuperar lo que es de ellas.
Cómo ocurrió el doble femicidio
La noche del viernes 11 de septiembre Ramón Carlos San Martín, luego de tomar dos litros de vino junto a su padre, se dirigió a la humilde vivienda que compartía en la calle Neuquén con Margarita y seis hijos (tres de ellos de esa relación).
Llegó muy violento y casi sin mediar palabra comenzó a agredir a la mujer a los hijos de ella de su relación anterior. Les dio golpes de puño y los atacó con un cuchillo, provocándoles varias heridas, principalmente a Margarita y Marcela, quienes intentaron huir hacia la zona del canal, mientras el resto de sus hijos se dirigió como pudo hasta el destacamento policial.
Pero la furia de San Martín pudo más. El hombre tomó a ambas por la cabeza y las hundió en el canal, hasta que fallecieron.
Cuando los policías llegaron al lugar tra escuchar el relato de los niños, el femicida ya se había ido del lugar. Horas después encontraron los cuerpos de la mujer y su hija flotando en el canal, y a San Martín escondido en la casa de un hermano.
Por ese hecho fue condenado a diez años de cárcel.
Margarita pedía ayuda y no la escucharon
La historia de Margarita es como la de muchas mujeres víctimas de violencia que nunca fueron escuchadas.
Antes de ser asesinada por su pareja, ella ya había contado que era golpeada por San Martín pero no recibió ayuda de parte del Estado.
Por eso buscó refugio en el grupo de ayuda a mujeres golpeadas “Manos Entrelazadas” que fueron los únicos que le dieron contención.
«Cuando los canales burocráticos, unidos a la falta de sensibilidad, capacitación y compromiso, no dan respuestas concretas y hacen oídos sordos o distraídos ante la problemática de la violencia familiar, es hipócrita luego rasgarnos las vestiduras de los derechos humanos, ya que a diario son avasallados por la naturalización de la violencia», reclamaron en aquel momento Mónica Gatti y Ana Rey, dos de las integrantes del grupo.
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