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7 de cada 10 niños son pobres: cómo impacta el recorte de los gastos sociales en el acceso a los derechos

Un informe de Unicef revela que el 57,5% de los niños experimentan pobreza por recursos económicos; mientras que el 43% enfrenta pobreza por privación de derechos fundamentales. Las organizaciones sociales cuentan cómo impactan las medidas del gobierno en las infancias.

Un informe de Unicef arroja que siete de cada diez niños viven en condiciones de pobreza en Argentina. Alrededor de 8,6 millones de menores de 18 años viven en hogares que no alcanzan el umbral mínimo de ingresos económicos o en entornos donde se ven privados de sus derechos.

Del informe se desprende que el 57,5% de los niños experimentan pobreza por recursos económicos; mientras que el 43% enfrenta pobreza por privación de derechos fundamentales como la educación y la salud. Un 31% de los menores experimentan ambas formas de pobreza simultáneamente.

Otro dato alarmante es que la indigencia infantil aumentó un 5% alcanzando el 19,4%. «Es la primera vez que vemos un incremento estadístico muy importante en la indigencia», advirtió Sebastián Waisgrais, economista especialista en Inclusión Social y Monitoreo en Unicef Argentina.

El informe revela además que el presupuesto nacional destinado a niñez registra una caída del 75%. «El presupuesto 2024 asigna $3,66 billones a las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes con una estructura programática similar a la de 2023. Con este presupuesto vigente se proyecta para 2024 una caída del presupuesto transversal del 75% en términos reales respecto del presupuesto devengado en 2023», detalla el estudio del organismo internacional.

«Es difícil notar el efecto que tiene el aumento de la brecha en la pobreza y la indigencia, pero existe, es real e impacta en la vida de los niños y jóvenes. Está afectando de muchas maneras y nos costó mucho que fuera distinto: que los chicos tengan acceso a la escolaridad, a sus derechos, a la recreación», planteó Aymará Bares, becaria posdoctoral del Conicet e investigadora del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDYPCA), que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Río Negro.

El Grupo Encuentro Bariloche atiende una población de 110 personas, de las cuales el 80% son niños y adolescentes. Funciona como centro de día y brinda actividades recreativas, de formación laboral (con una panadería), plástica y apoyo escolar de lunes a sábados. El comedor funciona todos los dias. Algunas familias retiran la comida y también se asiste a los niños que participan de las actividades con desayuno, almuerzo y merienda.

«Si bien todos nuestros niños son pobres, estamos teniendo una altísima demanda de comida y asistencia en otras cuestiones, como útiles escolares, zapatillas y guardapolvos. Se nota la diferencia en relación a otros años cuando las familias estaban más armadas», explicó Edith Spinozza, responsable del Grupo Encuentro.

Mencionó que la situación se agrava con el alquiler de viviendas. «Mientras almorzábamos en el comedor, una nena de 7 años contaba que a su mamá le habían subido el alquiler a 150 mil pesos. Viven solas. En general hay ausencia paterna al 100%. Hay muy pocos papás presentes. Las mamás o abuelas se hacen cargo de la crizana. Entonces, sufren situación de crisis de vivienda y de atención por parte del estado«, recalcó y aseguró que «el Senaf aborda algunas situaciones pero no hay seguimiento por falta de recursos. Hay un gran cantidad de programas del estado vacíos de presupuesto y de recurso humano».

El Grupo Encuentro se sostiene económicamente a través de la panadería y los convenios con administraciones del Estado. «Todas esas opciones hoy están en peligro. No tenemos ningún convenio con el municipo o la provincia. Solo tenemos un Programa de Alimentación del PNUD que está en la mira para ser cerrado. Por eso, estamos haciendo economía de guerra porque no hay ningún prespuesto que alcance«, advirtió Spinozza.

Un corrimiento del Estado

Yanina Vera, integrante del Movimiento Infancia Bariloche que nuclea distintas organizaciones que trabajan con niños y adolescentes a través de distintos dispositivos en los barrios, destacó
los recortes a nivel nacional impactan fuertemente en infancias. «Hacemos una lectura que se acerca a lo que plantea Unicef: hay un corrimiento del Estado que genera mayor desigualdad«, afirmó.

Planteó que más allá de la dificultad de muchos chicos de acceder a las cuatro comidas, este año las escuelas no recibirán manuales ni libros manuales que el gobierno nacional enviaba a las escuelas. «Esto genera en las familias una inversión mucho mas grande. Por otro lado, el Consejo Escolar ya anticipó que no habrá comedores escolares hasta después del feriado de Pascua. Y además, el gobierno decidió suprimir la hora extra de saberes y talleres en las escuelas de jornada simple«, cuestionó.

Vera aclaró que la situación es aún más grave en una ciudad turística como Bariloche, con un alto costo de vida. «Además de lo que se puede vivenciar a nivel nacional, Bariloche tiene un plus. Desde el costo de los alquileres, el no tener gas, hasta la calidad de vida que es muy cara. Lo que paga un extranjero en dólares lo paga el vecino. Esta particularidad de la región golpea de manera más violenta a las infancias y adolescentes«, manifestó Vera.

Consideró que el Estado debe generar condiciones para que los estudiantes accedan al servicio educativo, de salud y recreativo. «Cuando esas condiciones de base no están dadas, las escuelas no están en condiciones, no hay comedores y los libros deben ser provistos por las familias, ahí empieza a haber una brecha«.

La pobreza en el campo

Bares investiga la situación de las juventudes en la zona rural y asegura que la pobreza en el campo no es igual a las grandes ciudades. «Las familias tienen la tierra como recurso. La economía de subsistencia de los pequeños productores ayuda a sobrellevar este ajuste que deben hacer las familias para sobrevivir», señaló.

La investigadora se refirió a la «rebaja» en los programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, los programas para continuar el estudio o el primer empleo.

Hoy la Asignación Universal por Hijo representa el 45% de la Canasta Básica Alimentaria y el 21% de la Canasta Básica Total. Lo mismo para la Tarjeta Alimentar. Por eso, desde Unicef reclamaron “un nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones que integre la variación de precios y replantee el esquema de las condicionalidades vigente para acceder a estos programas”.

«El ingreso que ofrecen estos programas se vieron sumamente disminuidos con la inflación en el impacto real que tienen en la vida de las personas. Y termina afectando en la posibilidad de hacer vida de jóvenes. Con el encarecimiento del combustible, la gente queda más atada a sus lugares. Eso repercute en la posibilidad de estudio y trabajo», indicó Bares.

Recalcó que muchos jóvenes hacen un esfuerzo enorme para irse a estudiar a una localidad cercana. «Pero cuando no hay recurso económico, eso se corta. Se quedan en los pueblos y campos, no hay muchas posibilidades. Los deja fijos en lugares donde hay pocas opciones«, dijo y puso como ejemplo, la obstaculizacion del acceso a internet y a la conectividad virtual.

Evaluó también la crítica situación en los comedores escolares: «Las familias dejan de tener la posibilidad de ofrecer un buen plato de comida para sus hijos. Eso los atraviesa». O bien el armado de equipos deportivos en las localidades más pequeñas que se ven imposibilitados de trasladarse a otros lugares para participar en eventos deportivos.

Destacó también el recorte en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y explicó que los Centros de Referencia de Bariloche y Esquel han trabajado con jóvenes de las zonas rurales en los últimos años. «Las personas no conocen, pero a través de esas líneas de trabajo, les llegan muchos beneficios. En Ñorquinco, la cuestión productiva ha tenido un apoyo sostenido. Está todo articulado, solo que, a veces, no es tan visible», dijo.

También resaltó el acceso a la justicia ya que muchas veces, los pobladores terminan viajando a Bariloche, El Bolsón o Esquel para hacer una denuncia o bien continuarla. «Cuando se encarece la posibilidad de moverse, todo eso se retrotrae. Se vuelve cada vez más distante el acceso a derechos. El acceso a la salud, por ejemplo. Los centros de salud que sostienen a esta población ven reducidos sus recusos. La gente, a su vez, no logra llegar al pueblo, no hace tratamientos», planteó.


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