Cambios en pensiones por invalidez: refutan mitos en torno a la discapacidad 

Nación modificó por decreto los requisitos en torno a las pensiones no contributivas por invalidez laboral, para dar fin al uso indebido de recursos. Pero en la región desmienten los mitos en torno al tema.

Nación modificó por decreto los requisitos en torno a las pensiones no contributivas por invalidez laboral, para dar fin al uso indebido de recursos. El tema se asoció con la discapacidad, pero en la región buscan derribar mitos y no perder derechos. 

Se las llama comúnmente “pensiones por discapacidad” pero en realidad son por vulnerabilidad social, no necesitas tener discapacidad para que te las den. Algunas personas que combinan ambas situaciones las cobran porque sus familias no tienen recursos económicos, no tienen bienes personales, ingresos suficientes u obra social, pero están mal llamadas, no es que cualquier persona que tiene discapacidad las va a cobrar. Eso es un mito que la gente cree y no es así”, explicó Viviana Romera, recibida en la carrera de Derecho, especializada en la temática y madre de Bianca, que impulsó una fuerte campaña junto a su familia para la inclusión de su hija en el sistema educativo formal. 

A través del Boletín Oficial, se publicó el Decreto 843/2024, que modifica los requisitos para acceder y mantener el cobro de las PNC, ordenando los criterios de acceso, debido a una serie de “inconsistencias alarmantes” que se constataron por auditoría. Se supo que la mayoría de los beneficiarios no vivía donde había declarado y que menos de la mitad cumplía con los requisitos para acceder a esa prestación, publicó el portal “Ámbito”. En respuesta, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, usó las redes para remarcar que “el sistema le cuesta al Estado 3.400 millones de dólares por año, lo que equivale al 3,5% del presupuesto de 2025”. 

Según el Informe de Estadísticas de la Seguridad Social, en el primer Trimestre 2024, “en marzo 2024 se liquidaron 1.899.716 beneficios, entre los que las PNC por invalidez representaron el 65% (1.242.321), seguidos por las de “Madres de 7 hijos o más”, las Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM), ex combatientes de Malvinas, pensiones por vejez, ex presos políticos, COVID Ley 27.549, pensiones graciables y especiales. “El nuevo decreto vuelve a exigir lo obvio respecto de este gasto: que la pensión por invalidez requiera invalidez y que los beneficiarios no posean un vínculo laboral, dado que la pensión fue creada para quienes no pueden trabajar», completó el funcionario.

En la mirada de Romera, siguiendo el intento por desmitificar las observaciones, lo que realmente impacta en el vínculo de las personas con discapacidad y el empleo son las “incompatibilidades”, que se pierden de vista en la búsqueda de corrupción y que les impiden crecer en independencia. “Si hay gente que falsificó una discapacidad en algún momento lo desconocemos, pero lo que hoy vivimos son las incompatibilidades para poder trabajar, exista una pensión o no. Lo pueden relacionar tranquilamente con todos los impedimentos que hay: lo que más me preocupa es que los jóvenes puedan tener realmente una vida independiente, como cualquier otra persona sin perder derechos, 

sobretodo aquellos con discapacidad intelectual, ya que la gran mayoría no pueden tener un trabajo como cualquier otra persona, aunque lo consigan. No tienen la posibilidad de soportar un trabajo de ocho horas, entonces trabajan poquitas horas, algunos días, pero ya el hecho de recibir algo de dinero les impacta en la «certificación negativa» que emite ANSES. Si aparece algo en ese registro, pierden el derecho de cobrar la pensión derivada de los padres cuando fallezcan, por ejemplo, entonces eso se vuelve algo muy importante”. 

Y al ampliar, sumó aristas que se pierden de vista: “Es necesario que los jóvenes con discapacidad puedan trabajar sin perder la cobertura social, viviendo una vida independiente, viviendo en un domicilio distinto al de los padres si así lo desean, que puedan casarse y dejar de ser carga primaria, aspirar a todo eso no puede hacerlos perder derechos, porque no están en la misma línea de partida”, reclamó la roquense.

Entre sus anhelos, propuso, a modo de ejemplo, la apertura de espacios como ya los hay en otros puntos del país y que son atendidos por gente neurodiversa, con todas las adaptaciones necesarias. “Es algo que puede ser innovador, contando con inversores que apoyen”, señaló Romera.


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