Sobresueldos en Río Negro: cómo fue la maniobra del pago irregular a exfuncionarios

El STJ ratificó las condenas de ocho ex funcionarios de Río Negro -entre ellos, siete ex ministros- por la causa de sobresueldos, que consistió en el uso de recursos públicos para el pago irregular de adicionales salariales.

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“Los imputados separaron y sustrajeron fondos de la esfera de custodia de la Administración y los pusieron bajo su control, para distribuirlos luego a los beneficiarios según su arbitrio”, concluyó la mayoría del STJ.

Esta maniobra se cumplió en la gestión del ex gobernador Miguel Saiz, entre el 2004 y 2010, y permitió abonar adicionales a funcionarios y agentes jerarquizados.

Las penas ratificadas alcanzan a siete exmiembros del entonces gabinete: César Barbeito, Francisco González, Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy. También comprende al ex Tesorero, José Ongaro.

Al ratificar las condenas y penas, tres de los cinco jueces del STJ -Ricardo Apcarian, Adrián Zimmermman y Rita Custet Llambi- avalaron la interpretación del tribunal de juicio, centrada que los fondos fueron usados por canales informales y en forma discrecional.

En cambio, la minoría – Sergio Barotto y Enrique Mansilla- propuso la nulidad, tras cuestionar al fallo de la Cámara por avalar un requerimiento fiscal con “trascendentes imprecisiones y omisiones”.

Liliana Piccinini y Adriana Zaratiagui se apartaron del análisis del STJ, pues la primera fue la Procuradora que alentó la investigación y la segunda fue fiscal en la acusación.

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El primer voto fue de la minoría, por lo cual, la mayoría inició su fundamentación con respuestas a la propuesta de nulidad, que rápidamente se rechazó porque “en todas las etapas, el derecho de defensa fue cierto, real y ejercido activamente”.

En relación a los hechos, los magistrados afirmaron que “queda en claro” que en “la etapa final del procedimiento” de los fondos manejados “no existía ninguna norma que previera el pago del adicional para los funcionarios” y “ese dinero en efectivo que cobraban los imputados” se repartía “discrecionalmente, sin ningún parámetro legal”. También surge que “sin registro oficial se seleccionaban a sus destinatarios y les asignaban un guarismo de adicional”.

Concluye que “los imputados separaron y sustrajeron esos fondos de la esfera de custodia de la Administración y los pusieron bajo su control, para distribuirlos luego a los beneficiarios según su arbitrio”.

Hechos y autores

+La maniobra se concentró entre el 2004 al 2010.

+Se cuestionó el uso de fondos públicos para abonar adicionales salariales, sin control formal, ni criterio en la asignación.

+La investigación penal se originó con una publicación del diario RIO NEGRO.

+En 2018 existieron ocho condenas, ahora ratificadas por el STJ

+Tres años y medio para Cesar Barbeito y Francisco Gonzalez, quienes fueron Secretario General.

+Dos años y medio para  los ex ministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, como también, el extesorero, José Ongaro.

+Prescripta la acción penal contra el ex Contador General, Gustavo Picci, que había sido multado.

+Barbeito y Contreras complicados por procesos anteriores. El primero con sentencia que fue ratificada por el STJ y el segundo con dos condenas.

La minoría votó por la anulación del proceso

El voto de la minoría, que fundamentó Barotto y acompañó Mansilla, planteó la nulidad de la condena, con fuertes críticas a la sentencia de la Cámara de Juicio.

Entiende que “contiene una motivación ilógica”, “insuficiente” y “deficiente”. Parte que avaló “deficiencias” en la acusación fiscal que “perjudicaron el derecho de defensa de los imputados.

Expresa que la Cámara consideró “de manera superficial” lo que eran “trascendentes imprecisiones y omisiones denunciadas por las defensas”.
Propone, finalmente, la nulidad de la sentencia y el proceso a partir de “la formulación de la requisitoria fiscal de elevación a juicio”.

Considera que el tribunal del juicio “aceptó, formal y sustancialmente, un requerimiento” que “no cumplía con las condiciones necesarias”. Valora que el rechazo a los reclamos de las defensas se dieron de “manera dogmática y con insuficiencia de fundamentos”, afectando “negativamente, y en perjuicio de aquellos, el derecho a ser sometidos a juicio mediante un debido proceso adjetivo y a poder hacer uso pleno de la garantía constitucional”.