Sin presupuesto asignado, el comité contra la Tortura ya funciona en la ex U9

Los integrantes del Comité provincial contra la Tortura y otros tratos crueles a personas que están en condiciones de encierro comenzó a funcionar en una oficina en las instalaciones de la ex U9 de Neuquén. La dependencia funcional del nuevo organismo continúa bajo la órbita de la Legislatura. Están a la espera de la asignación presupuestaria, que no fue prevista en el ejercicio 2024.

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«En la comisión en la que está en debate el presupuesto, entendemos que nos comenzaron a incorporar. debía estar en el presupuesto general de la provincia, a través de la Legislatura, como ente autárquico», explicó la presidenta del comité, Estefanía Buamscha.

La nueva estructura ya puso manos a la obra. Comenzaron a llevar papeles, libros y a trabajar en la elaboración de un reglamento propio. Desde que se reglamentó la ley, casi dos años después de la sanción, todo fue a cuentagotas: la designación de los integrantes y la puesta en marcha del organismo que tiene, entre otras funciones, hacer recomendaciones y monitorear la condiciones de detención de las personas privadas de la libertad.

No solo en las cárceles, sino aquellas que están en establecimientos destinados a la tercera edad o en hogares en los que se atiende la problemática de las niñeces judicializadas. El comité contra la Tortura está integrado por ocho personas cuyos nombres fueron aportados por organismos de derechos humanos y por personas designadas por los bloques del oficialismo y la oposición en la legislatura.

Lo integran Cecilia Fanessi, Jorgelina González, Estefania Buamscha, SIlvia Couyupetru, Néstor Giménez, Roberto Samar, Pablo Scatizza, Pablo Meuli. Al equipo se suman algunos profesionales en sociología, trabajo social, comunicación o abogacía.

El nuevo organismo demandaría unos 220 millones de pesos anuales para el trabajo. «Vamos a empezar a trabajar en los programas específicos y comenzar en monitorear» las unidades de detención y los puntos en la provincia que son de interés del Comité. Incluirá la labor de capacitaciones, estadísticas, recepción de denuncias y sistematización de la documentación.

«Llevamos un año pidiendo espacios y presupuesto. Desde marzo que nos nombraron, hemos adelantado lo que se pudo sin presupuesto. Esto se autorizaría y comenzaríamos a disponer de recursos a partir de enero», dijo Buamscha. En los lugares de detención, uno de los aspectos a profundizar es la situación de hacinamiento de internos y la problemática del ingreso restringido a las cárceles por disposición de una jueza de ejecución debido a la crisis carcelaria.

«Debemos empezar a diagramar políticas públicas respecto a eso, así como el acceso a la salud, alimentación y educación en estos lugares, que no solo incluye las cárceles y comisarías, sino niñeces y adolescencias institucionalizadas, áreas de salud mental y adultos mayores», insistió.

«Con voluntad», se avanzó en el armado del organismo nuevo, diseñar un presupuesto tentativo para plantear al Ejecutivo, dijo Buamscha. Cuando se apruebe el presupuesto se iniciarán los monitoreos en los lugares de encierro y las otras responsabilidades previstas, indicó. Respecto a la ubicación actual, valoró que el inicio institucional se lleve a cabo en un lugar de Memoria como la ex U9, accesible en la zona céntrica de Neuquén.

«Funcionamos en el ámbito de la Legislatura pero no quiere decir que debamos funcionar en la Legislatura, tenemos una autonomía funcional y autarquía administrativa – financiera», puntualizó. Destacó que los primeros informes con los que cuentan, son los que se lograron en septiembre, cuando vinieron integrantes de la Comisión Nacional en contra de la Tortura, cuando contaron no solo con lo que habia de las unidades carcelarias, sino de algunas comisarías, como las 44 de Valentina.

«Las cárceles de Neuquén tienen las mismas problemáticas que el resto de las cárceles del país, con particularidades propias de la provincia: hacinamiento, deficiencias en Salud, en ofertas educativas y laborales, deficiencias en la alimentación; pero particularmente el hacinamiento con una problemática muy seria desde que las juezas de ejecución sacaron la resolución de que no ingresan más personas en las unidades de detención, la problemática se complejizó porque a dónde se deben tener a las personas privadas de la libertad, porque se sigue deteniendo gente, es la problematica a trabajar en los próximos meses», sostuvo.

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