Sin limitaciones para la instalación de la Central Nuclear en Sierra Grande

El Concejo Deliberante de Sierra Grande derogó ayer por mayoría las ordenanzas N° 93 de 1991 que prohibía el tránsito y el depósito de sustancias tóxicas de origen nuclear en toda la jurisdicción serrana y la N° 14 del año 96, que declaraba al ejido municipal como zona no nuclear y prohibía la prospección, extracción, circulación, procesamiento, almacenamiento o depósito de cualquier mineral radioactivo nuclear y de sus desechos radioctivos.

La iniciativa impulsada desde el Ejecutivo municipal que conduce el intendente Nelson Iribarren, tuvo el voto afirmativo de los cuatro concejales del bloque oficialista (PUL) Guillermo Di Nápoli, Darsi Juárez, Daniel Suárez y Liliana D’Agostino y el rechazo de Marcos Boiochi y Beatriz Benítez, del Frente para la Victoria. Victoria González de esa misma fuerza estuvo ausente por razones de salud.

“Dejan desprotegido en lo ambiental a todo el ejido de Sierra Grande”, acusó el edil Marcos Boiochi. “Por abrir una pequeña puerta de esperanza a la tozudez del intendente se abre una puerta a cualquier cosa y nos deja vulnerables ambientalmente”, agregó.

Di Napoli, por su parte, abrió el debate recordando que fueron gobiernos justicialistas los que impulsaron el uso y generación de ese tipo de energía a lo largo de la historia argentina.

La sesión fue seguida de cerca por referentes de Unter, del partido RIO de Magdalena Odarda y de referentes ambientalistas contrarios a la propuesta de radicación de una planta atómica, como también de otros sectores que se expresan en favor del proyecto de instalación de una central nuclear en esa localidad.

La aprobación del proyecto por el momento sólo tiene un valor simbólico y representa un nuevo gesto del oficialismo local para demostrar que existe interés en que el emprendimiento se ubique en la ciudad, como fuente generadora de empleo.

Sin embargo, existe una ley provincial sancionada en septiembre último que prohibe el funcionamiento de una planta nuclear en Río Negro y cuya vigencia no está en debate. Las autoridades provinciales han ratificado reiteradamente que no hay licencia social para que avance esa posibilidad. En las últimas semanas, además, desde el gobierno nacional se dejó trascender que ya no hay interés para que esa intención se plasme en el territorio rionegrino.