Sierra Grande renueva su ilusión con la Zona Franca desde el lunes 6
Ese día se firmará el nuevo convenio entre RíoNegro y Nación. El acto está previsto en la Casa Rosada con la presencia del presidente Alberto Fernández. Para la administración de Carreras, su puesta en marcha es clave para avanzar con la planta de hidrógeno y otras industrias verdes y de logística.
Punta Colorada, es el lugar elegido por YPF para montar un puerto porque además se trata de una zona franca. Foto: Martín Brunella.
Sierra Grande renueva su ilusión.
El próximo lunes, a las 17, se firmará en la Casa Rosada un nuevo convenio entre el gobierno nacional y la provincia de Río Negro para la puesta en marcha de la Zona Franca en la localidad serrana.
Ese acuerdo le permitirá a la administración rionegrina avanzar en un nuevo llamado a licitación pública nacional e internacional para la explotación del lugar mediante una concesión.
La Zona Franca de Sierra Grande tiene una larga historia de frustraciones desde su primer intento en 1998, se reflotó en febrero de este año luego de un encuentro de la gobernadora Arabela Carreras con el ministro de Producción de Nación,Matías Kulfas; y tomó fuerza a partir del proyecto de la planta de hidrógeno verde impulsado por la empresa australiana Fortescue Fortune Industries.
En su reciente visita a Viedma Kulfas señaló que “está listo el convenio que pondrá en marcha la Zona Franca” y adelantó que en los próximos días “haremos la convocatoria para avanzar en la firma en la Casa Rosada”, mientras que la fecha fue confirmada por Carreras a RÍO NEGRO entre otras actividades previstas para los próximos días en Buenos Aires.
El director de la Agencia Río Negro Invierte, Gonzalo Medina Cabrera, expresó que “es inminente la activación de nuestra Zona Franca. Esto es fruto de un arduo trabajo por parte del equipo de Gobierno, que reflotó la idea de activarla para que allí se establezcan parte, todos, o alguna rama de los proyectos verdes que se vienen anunciando en materia de Hidrógeno Verde, con Fortescue a la cabeza”.
El funcionario agregó que “cambiar, incentivar y transformar la matriz económica de la Provincia tiene que ver en gran parte con la presencia de la Zona Franca. Esto también tiene que ver con un desarrollo económico, con una mano de obra directa que va a ser necesaria allí, y por supuesto, mayor trabajo para las y los jóvenes serranos”.
El proyecto de la Zona Franca en Sierra Grande tuvo su primer intento en julio de 1998 cuando había resultado adjudicataria del lugar la empresa francesa Carriere Dhainaut que, en su momento, fue la única oferente para hacerse cargo de las obras y su explotación. Sin embargo, nunca se hizo cargo del proyecto.
El último plazo para poner en funcionamiento la zona franca venció en el 2000 lo que generó la decisión del entonces gobierno radical de dar por concluido el contrato.
Siete años después la provincia volvió a la carga y tuvo varias consultas de empresas que deseaban ser usuarios de la zona franca y en forma acotada algunas empresas requirieron información para convertirse en concesionario pero no fue vendido ningún pliego licitatorio.
Hubo otro intento fallido en la recta final del mandato del expresidente Mauricio Macri cuando, en agosto de 2019, el exministro de Producción Dante Sica comunicó a la provincia que se reflotaba el proyecto pero significó una nueva frustración para la localidad rionegrina de algo más de 15.000 habitantes que desde hace mucho tiempo espera un futuro mejor.
Una aprobación que tiene un cuarto de siglo
A fines de agosto de 1996 el gobierno nacional, a través del entonces Ministerio de Economía, Obras yServicios Públicos, aprobó el Reglamento de Funcionamiento y Operaciones de la Zona Franca de Sierra Grande.
Fue a partir de la Resolución N° 33 que tiene la firma del exministro Roque B. Fernández.
Ese documento estableció que “es de interés de la Provincia la promoción y desarrollo de la Zona Franca con los objetivos de incentivar inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la ocupación de mano de obra provincial y promover la integración económica internacional y regional”.
A partir del mismo se estableció el Comité de Vigilancia que estará encargado de cumplir todas las leyes y normativas y estableció los plazos de la concesión, que en principio es por 30 años y podrá extenderse hasta 50, “acorde a la propuesta económica principal e inicial en el pliego de bases y condiciones”.
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