Qué pasó con el Potenciar Trabajo y por qué suspendieron a más de 4500 titulares del plan
El Ministerio de Capital Humano detalló que le suspendieron el pago a más de 4 mil titulares del plan. Los detalles.
El Ministerio de Capital Humano informó que dispuso la suspensión del pago de más de 4500 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo por presentar «incompatibilidades» para acceder al plan.
«La investigación, llevada a cabo por el fiscal federal Guillermo Marijuan, arroja que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 13 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan», explicó la cartera a cargo de Sandra Pettovello a través de un comunicado.
Según el Ministerio de Capital Humano, la investigación abarcó a Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
El portavoz presidencial Manuel Adorni había confirmado días atrás que el Gobierno Nacional había iniciado una auditoría «en todos los planes Potenciar Trabajo, que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta».
En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero había señalado que, según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal federal Guillermo Marijuan, llegarían a ser 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole.
Por qué investigan el Potenciar Trabajo
El fiscal investiga supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo y en relación a ello determinó que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible. Empleados rionegrinos estarían implicados en la denuncia.
El funcionario judicial había pedido información al respecto a todas las provincias y ciudad de Buenos Aires y en base a lo ya recibido se hizo un entrecruzamiento de datos y se determinó la irregularidad.
La fiscalía investiga posibles delitos de «violación de deberes» de funcionario público por omisión de controlar y «defraudación». Se trata de una investigación preliminar en el marco de la cual pidió que se suspenda o resuelva la baja del beneficio en los casos detectados y dio vista a las fiscalías federales de cada jurisdicción.
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