Señales contradictorias con el Fondo Monetario en la puerta

La misma semana en que el gobierno buscó acercarse a las empresas, anunció un congelamiento compulsivo de precios. Mientras se acerca el acuerdo y los tiempos se acortan, el Fondo marcó la cancha respecto a la inflación, y crece la chance cierta de un ajuste en 2022.

Buena relación. Guzmán con Kristalina Georgieva, la mandamás del Fondo, que esta semana sobrevivió su propia crisis interna.

No fue una semana cualquiera. Por distintos factores propios y ajenos, la agenda económica estuvo cargada de sentido y de señales de cara a lo que viene en el futuro inmediato.
La gestión de Alberto Fernández sigue deambulando en busca de un rumbo certero que finalmente oriente las expectativas, pero una y otra vez tropieza con sus propios yerros.


El primer signo distintivo de la semana económica fue el acercamiento del gobierno al sector empresario.
El convite oficial al círculo rojo en Casa Rosada, fue toda una señal de intención: dejar atrás la puja retórica con las empresas y recomponer el camino al crecimiento mediante la sinergia del sector público y el sector privado.

El Presidente, el Jefe de Gabinete Juan Manzur y el Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, entablaron diálogo con lo más representativo de la cúpula empresaria nacional en cabeza de Francisco De Narvaez (Grupo De Narvaez), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group), Hugo Eurnekian (Corporación América), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Javier Madanes Quintanilla (Aluar), Jorge Brito (Macro), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Alejandro Simón (Grupo Sancor Seguros), y pusieron sobre la mesa la necesidad de abandonar la radicalización y la meta de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que incluya un sendero de inversión, producción y creación de empleo.

Convite. El Presidente recibió a los empresarios en Casa Rosada.


La foto se completó con la participación protagónica de los conductores del área económica Martín Guzmán y Matías Kulfas, y del propio Presidente Alberto Fernández, en el coloquio anual de IDEA, el foro empresario más importante del país.


La contracara a dicha aproximación oficial con los hombres de negocio, se manifestó casi en paralelo y tuvo como eje central el tema precios. La negativa de la ex Secretaria de Comercio Interior Paula Español a retroceder con las restricciones a la exportación de carne, la puso en disputa franca con el flamante Ministro de Agricultura Julián Dominguez, y finalmente la funcionaria del riñón kirchnerista fue eyectada del cargo. En su lugar asumió Roberto Felletti.


El reemplazo de Español fue a priori interpretado como una victoria del campo en su intención de destrabar las exportaciones de carne. La justificación de español al cepo exportador radicaba en el impacto interno de los precios dolarizados de la carne.


Sin embargo Felletti tiene una mirada tanto o más heterodoxa que Español en cuanto al manejo de los precios a nivel interno. Su primera medida como Secretario de Comercio fue el anuncio de un congelamiento de precios para 1.200 productos durante 90 días.


Apenas 24 horas después del anuncio de Felletti, el Indec dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de septiembre. En el noveno mes del año los precios volvieron a acelerar un 3,5%, interrumpiendo la tendencia a la baja que registraban desde marzo, y acumulando un avance del 52,5% en los últimos 12 meses. El registro anual se asemeja demasiado al récord de 53,8% que dejara Macri a fines de 2019, pero esta vez sucede pese a que las tarifas de los servicios públicos están congeladas y el dólar oficial pisado, lo que sugiere que la inflación contenida podría ser aún mayor a la que muestran los datos.

Pese al intento de acercamiento al sector empresario, el Secretario de Comercio Roberto Felletti anunció un congelamiento compulsivo de precios para 1.200 productos de primera necesidad por 90 días.


En ese marco, el congelamiento anunciado por Felletti cayó mal entre los empresarios. En la cadena de valor de los alimentos siguen con malestar a raíz del proyecto de ley de etiquetado frontal, y la imposibilidad de remarcar hasta 2022 genera más que incomodidad.


La negativa de los empresarios postergó la publicación oficial de la medida, y llevó a Felletti a tensar la cuerda con el mismo sector que el gobierno pretendió acercarse en la semana. El Secretario de Comercio amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento, la cual faculta al Estado Nacional a establecer unilateralmente precios máximos y márgenes de utilidad, e incluso a sancionar y hasta clausurar a los actores de la cadena de valor que se nieguen a cumplir con los mismos. “Evidentemente si no se llega a un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes, que yo trataba de impedir porque creo en los acuerdos sociales” manifestó Felletti en una entrevista radial el viernes.


El rumbo que pretende el gobierno luce así una vez más, dubitativo y contradictorio. El congelamiento de precios no parece estar en línea con el acercamiento que el gobierno pretende con el sector privado. Tampoco parece alinearse con aquello que el FMI espera del país en materia de precios. He aquí el tercer hito económico de la semana.


El organismo multilateral presentó esta semana su informe de perspectivas económicas globales en el marco de la asamblea conjunta con el Banco Mundial, donde participó el Ministro Martín Guzmán. En tal ocasión, una de las economistas jefes del Fondo, Gita Gopinath dio una conferencia en la que refirió a la inflación en América Latina. En tal sentido indicó la suba de precios que se observa se debe a que “América Latina estuvo sujeta a shocks internacionales en el precio de la energía y de los comodities, y a disrrupciones en la cadena de proveedores”. Sus palabras implican que como pocas veces antes, el FMI admite en general la multicausalidad detrás del fenómeno inflacionario.


No obstante, al referirse puntualmente a nuestro país, Gopinath resaltó que “la expectativa de inflación de Argentina está desanclada, y eso en parte es por la dependencia del financiamiento monetario”. En otras palabras, pese a que el organismo admite diversas fuentes en relación a la formación de precios, tiene un diagnóstico certero para el caso argentino, y es que el exceso de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal es lo que está generando el incremento sostenido de los precios en la coyuntura actual. Todo un indicio de lo que viene.

Guzmán en Washington, con la primera plana del Staff ejecutivo del Fondo Monetario.

Si tal como le adelantó el Presidente al círculo rojo esta semana el acuerdo con el Fondo está cercano, vale imaginar las condiciones en que se alcanzará el entendimiento. Con tal diagnóstico en relación a la inflación, es dable suponer que lo que el FMI solicitará a partir de 2022, no será otra cosa que un fuerte ajuste del gasto.


Un dato que confirma la suposición, surge del propio informe de perspectivas presentado por el organismo. El documento mejora la previsión de crecimiento anual para Argentina en 2021 hasta el 7,5%, pero sostiene que el crecimiento de 2022 será de solo 2,5%. A priori la proyección es lógica si se tiene en cuenta que la base de cálculo de 2020 es acotada a raíz de las restricciones aplicadas por la pandemia. Pero hilando fino, puede advertirse que el organismo ya incluye el ajuste que solicitará al país en sus previsiones de crecimiento para 2022.


La gira del Guzmán y su equipo en Washington parece haber cosechado los apoyos necesarios para que el entendimiento de materialice. La realidad es que no existe margen para que ello no suceda, y los plazos comienzan a ser mucho más estrechos.


Cuando se observa el horizonte de vencimientos que Argentina enfrenta con el FMI, el panorama es crítico. El país debía abonar al organismo u$s 4.515 millones en 2021: a los u$s 345 u$s pagados por intereses en agosto y los 1.890 millones cancelados en septiembre, se suman los u$s 390 millones por intereses en noviembre y los u$s 1.890 por amortización en diciembre. El panorama se agrava en 2022 y 2023, cuando el total de vencimientos asciende a u$s 19.119 y 19.371 millones respectivamente.


Los datos no dejan resquicio alguno para la duda: el acuerdo con el Fondo debe cerrarse previo al primer vencimiento fuerte de 2022. El mismo tiene lugar en marzo, cuando hay que pagar u$s 2.869 millones de una sola vez.
Las alternativas son sencillas, se arregla o se cae en default con el FMI. Guzmán enfrenta así la que tal vez sea su última misión con el timón de la economía nacional en sus manos: cerrar definitivamente el capítulo del desbarajuste de la deuda que dejara el macrismo al salir del poder.


Los rumores señalan que tras lograr una re estructuración histórica con los bonistas privados en 2020 y alcanzar el acuerdo con el Fondo este año, Guzmán sería premiado con un puesto en un área diferente del gobierno, tal vez con una embajada, y que Sergio Massa podría encabezar un súper ministerio que aglutine toda la gestión económica de cara a los últimos dos años de la gestión Fernández.


Naturalmente, Argentina es el país donde rige la dinámica de lo impensado, y donde los dos meses que restan para el final de 2021 equivalen al largo plazo, en los que cualquier cosa puede suceder y toda previsión puede cambiar de forma abrupta.

Datos

u$s 2.280
Los millones que aun debe pagarle Argentina al Fondo Monetario antes de finalizar el año 2021.
u$s 45.652
Los millones que hoy le debe Argentina al Fondo en base al acuerdo stand by de 2018.

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