Seis ciudades aquejadas por las usurpaciones de terrenos

Unas 450 familias usurparon lotes en seis localidades de la región con base económica diferente: agraria, petrolera y estatal. La uniformidad de las ocupaciones se ubica en el déficit habitacional que se agravó con la pandemia por el coronavirus que puso a la economía en una período de letargo.

Cipolletti tiene una ocupación en el barrio Labraña con unas 70 familias donde se comenzó un esquema de mediación. Choele Choel tiene cierta empatía con la toma de Villa Unión con unas 70 familias. En las tierras del mirador del Azul en El Bolsón está sujeta a presiones políticas y judiciales con 133 familias.

En Neuquén, no sorprendió en Plaza Huincul que unas 70 familias ocupen terrenos en la zona norte o en Centenario que sobresalen unas 60 familias que construyen sus precarias casillas en zona de cañadones en la segunda meseta y en Chos Malal donde la presión por lograr adjudicaciones de casas se sumó una toma de terrenos para hacer emprendimientos.

El Bolsón en polémica

El 16 de agosto pasado, un grupo de personas irrumpió en varios vehículos y hasta en un camión, cargado con maderas y algunos materiales, en el predio de 3,2 hectáreas de superficie, que el INTA tiene en la reserva Loma del Medio de El Bolsón. La toma se judicializó con polémica.

En un fallo repleto de críticas al Estado y a la fiscal Sylvia Little, el juez subrogante de Bariloche Gustavo Zapata rechazó ayer el desalojo de la toma La decisión provocó la rápida reacción de la gobernadora Arabela Carreras: “Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras”.

El juez, “sentado en la comodidad de la silla de su despacho, se desentiende de los problemas y las soluciones reales para una situación tan compleja como la habitacional”, dijo Carreras y agregó: “Los gobiernos gestionamos, pero no hacemos magia”.

A finales de agosto, Ailin y su novio decidieron instalarse en un terreno de Centenario, al fondo de la avenida Hugo Chávez. Estaba rodeado de tomas y justo ese sector estaba limpio, por lo que aprovecharon. “En ese momento no sabíamos que eran tierras fiscales”, aclaró.

En un comienzo, fueron cinco familias. Por la tarde, se sumaron más y llegaron a ser 35. También llegó la policía, que la llevó a la comisaría quinta y la notificaron sobre una audiencia con la Subsecretaría de Tierras, al día siguiente.

Cuando ocurrió, la propuesta de anotar a los ocupantes en el registro no alcanzó. Hubo acuerdo cuando la subsecretaría de Tierras, Dana Bertoldi, se comprometió por acta a darles el lote o reubicarlos, contó Ailín.

A cambio, las familias se fueron y se fijó un plazo de 15 días que se cumpliría el lunes, pero mientras, otras dos tomas se fueron gestando. Suman unas 60 familias que se ubicaron en la calle Formosa, donde se forma un cañadón, en la parte de la barda, al lado de la EPET 22 y cerca del tanque de agua.

Con este sector la negociación es más dura, reconoció una fuente municipal. Desde la fiscalía indicaron que las denuncias de la intendencia, a cargo de Javier Bertoldi, pasaron a la instancia de mediación. Se vienen desarrollando distintas reuniones, pero las casillas siguen en pie.

Uno de los datos que más llamó la atención del Municipio fue que el 90% de los ocupantes no estaban anotados en el registro. Esto quiere decir que era demanda no cristalizada oficialmente. Desde el Ejecutivo local estiman que la juventud es una de las características que marca a la mayoría de las personas de la toma.

“Yo cumplí los 18 años hace poco y cuando me quise inscribir, no atendían por la pandemia”, contó Ailín, que espera tener novedades de su lote antes del lunes.

Unas 70 familias de Choele Choel mantienen desde hace una semana (desde el sábado pasado) dos tomas pacíficas de tierras en la zona del Villa Unión, reclamando al municipio la intervención para lograr la adquisición de las mismas para poder iniciar con las construcciones de sus propias viviendas. 

El mal clima reinante de los últimos días y las noches que llegaron a bajo cero, no hicieron claudicar de la medida a los ocupantes de las tierras. 

Además cuentan con la colaboración de una porción importante de la comunidad de Valle Medio, quienes están colaborando con leña, agua potable y alimentos para los residentes, quienes comparten las comidas mediante ollas populares. 

“La estamos pasando muy mal. Tenemos chicos y las noches son muy frías, además ayer (jueves) había mucho viento y la comida se nos lleno de tierra. Pero de acá no nos van a mover, hasta tener una solución definitiva y concreta, no queremos más promesas.” Comento una de las mujeres instaladas en una de las carpas. 

Mientras que el intendente Diego Ramello (JSRN) se negó a recibir a un dialogo al grupo de vecinos, si ellos no abandonaban las parcelas y al mismo tiempo se presentó a la justicia para recuperarlas. 

Las tomas se iniciaron el sábado pasado por la tarde en momento que una familia se instaló en el lugar y con el correr de las horas se fueron sumando otros grupos que sumaron más de 70 grupos familiares que están comprendidas por adultos adolecentes y pequeños niños, quienes dividieron las manzanas y comenzaron a limpiar el lugar e instalando carpas y casillas precarias con la clara finalidad de asentarse allí, hasta poder acceder a terrenos sociales. 

Con la continuidad de la medida se espera que el número que llegue hasta las tierras que limitan con la barda sea mayor. 

José Luis Huinca uno de los vecinos que encabezó la toma en el predio que está ubicado frente a la cancha del barrio Villa Unión.

“Esto es el resultado de tantos años de frustraciones, de promesas de todos los gobiernos que nunca cumplieron, porque siempre terminan beneficiando y entregando casas y terrenos a sus familiares o amigos. Mientras que en Choele Choel somos muchas familias que trabajamos, pagamos alquileres y que buscamos tener nuestras casas. Nosotros tenemos mucha bronca acumulada por los años que nos dejaron siempre afuera y queremos aclarar que no queremos las tierras regaladas, las queremos pagar, que el municipio nos de un plan de pago y las compramos.” Comentó el hombre telefónicamente con “Río Negro” 

Además señaló que la gota que rebalso el vaso fue el proceso de pre adjudicación del plan 86 Viviendas y un sorteo que tuvo muchas negligencias y que a los reclamos, solo se escucharon promesas que nunca se cumplieron “Fue una truchada, una mentira, todos los gobiernos siempre tiran para los que más tienen, a sus familias o a sus amigos.” 

El vecino aclaró que llevaron una nota al intendente con la intención de tener un diálogo para transmitir la problemática, aunque solo una secretaria fue quien la atendió y les transmitió que si no abandonaban el lugar el intente no los iba atender “La gente que está acá, alquila, no tiene tierra y es la que está sufriendo, no queremos nada gratis, queremos un terreno y pagarlo, para dejar de ser marginados” agregó Huinca que se lamentó porque están pasando jornadas de mucho frío y sin asistencia y sin energía. 

Las dos manzanas “usurpadas” están en cercanías de la cancha de Villa Unión, donde se proyectaba un espacio verde cerca de la escuela 354, uno terreno corresponde a una empresa privada y el segundo corresponde al municipio local, donde el privado como el municipio dará intervención a la justicia. 

El jefe comunal ante la prensa local señaló que “indudablemente la realidad social y habitacional es difícil, pero eso no legitimiza la forma del reclamo. En la medida que sigan con esta toma no los vamos a recibir, pero en la medida que cese en esta actitud vamos a dialogar, analizando la situación de cada uno. Si los vecinos deciden dejar la toma, abandonar esta situación ilegal, nosotros estamos dispuestos a conversar. También aspiro a que la justicia haga su parta y tome cartas en el asunto, para que esto no termine con algo más profundo.” 

Y agregó “Una demanda legitima, no puede ser por un medio que no corresponde, como usurpar o tomar posesión de algo que no es de mi propiedad. Porque hay muchas maneras de manifestar un malestar social o una disconformidad, pero no de esta manera, por ello si cesan, no tengo ningún problema en recibirlos. En la medida que no se cometa ninguna ilegalidad estoy dispuesto hablar, en tanto que con aquellos que están en esta línea no cuenten conmigo ni con mi gobierno.”  

El agricultor Federico Clarfeld, denunció al hermano del intendente de Belisle David Mendoza, que junto a otra persona usurparon ilegalmente 20 hectáreas de sus parcelas, ubicada sobre la ruta. “Estoy reclamando por los caminos legales, porque esta situación que estoy viviendo por muchas situaciones, no quiero que termine como lo sucedido hace poco tiempo en un campo de Pomona.”  

Clarfeld señaló que posee una chacra llamada “La Clavada” de 300 hectáreas al oeste de Coronel Belisle, donde lleva adelante una producción de alfalfa, cría y engorde de animales. 

“El intendente està avalando la usurpación, le entregó un certificado apócrifo a su hermano, Gustavo Mendoza y Javier Paniagua a mediados de agosto comenzaron con el alambrado de una poción de mi tierra que en 2017 un incendio de campo me quemó todo” y agrego Clarfeld “Luego de mi denuncia en la subcomisaria 64º, fue la policía hasta el lugar pero se les rieron en la cara” 

Por su parte, el intendente David Mendoza en medios locales hizo mención a la denuncia “el propietario de las tierras está en España y en todo este tiempo acumuló deudas con el Municipio. Hablamos con la inmobiliaria y nos dijeron que ocupemos el lugar en parte de pago por las deudas”  

Y sobre su hermano, confirmó que efectivamente está en el campo con otro familiar con la única tarea de engordar animales. Aseguró que estarán solo un tiempo. 

La toma masiva de terrenos que iniciaron alrededor de sesenta vecinos al sur del ejido urbano de Plaza Huincul profundizó la situación de regularización de tierras, que ya tuvo otros reclamos el mes anterior, en el barrio Central. La alta demanda de un lote para la construcción de viviendas propias hizo eclosión en este primer año de la administración municipal que lleva adelante Gustavo Suárez.  

En esta semana, alrededor de sesenta familias comenzaron con las tomas de terrenos al sur del ejido urbano de Plaza Huincul. La extensión fue considerable, y según calculó la propia policía, fueron alrededor de 1.000 metros lineales, teniendo en cuenta que algunos se instalaron cerca de la ruta 17 y el otro extremo, a la altura JJ Valle, calle que marca el límite con Cutral Co hacia el oeste; y avenida René Favaloro.  

Algunas familias insisten en que hace mucho tiempo que reclaman un lugar donde levantar la vivienda propia y que, la situación los obliga a hacer la toma porque por la vía formal no consiguieron hasta el momento un espacio. “Nosotros queremos pagar, no queremos que nos regalen nada pero nos dicen que los lugares disponibles están en otro lado, al final del barrio Otaño”, describen.  

Sin embargo, consideran que la zona ocupada es la más factible para levantar la casa propia.  

Fue la propia policía la que evaluó que al ser tantas personas era una situación era una demanda social que debían resolverlo las autoridades locales.  

Este grupo es el más numeroso pero no es el primero. A fines de julio, unas doce familias se instalaron en un sector del barrio Central pero que corresponde al Octógono de la empresa YPF. En este caso, contrataron máquinas para hacer la limpieza del baldío, pagaron el cercado y delimitaron sus espacios.  

Otros más los imitaron pero de manera individual. Y las últimas semanas de agosto, otras familias se instalaron en la zona detrás de los albergues universitarios que tiene la UTN, también en barrio Central. Sin embargo, en estos casos, las gestiones tendrán que definirse con la compañía petrolera.  

Muchos de los terrenos que están en Altos del Sur ya habían sido adjudicados. Fueron varios los vecinos que salieron reclamar que tenían la tenencia precaria o el decreto de adjudicación. Algunos se remontan a la anterior administración de Juan Carlos Giannattasio, cuando les fue otorgado el lote.  

De hecho, hubo agrupamientos como docentes y personal de salud privado que lograron que se les adjudiquen los loteos.  

En estos últimos meses, el municipio entregó viviendas sociales –tiene previsto que sean ocho- y hay reserva de lugares que hizo la cooperativa MTD que ya cuenta con 50 casas. Este fue el último plan de viviendas que concluyó y entregó en Plaza Huincul. En las inmediaciones de esta barriada es donde se inició la última toma de lotes.  

La toma de Chos Malal que tuvo conflicto recientemente es distinta a las otras porque no se ocupó para levantar viviendas, sino emprendimientos económicos. Así lo explicó Enzo Villegas, uno de los referentes de “cerro la tortuga”, el lugar donde sembraron sus sueños.

Enzo contó que el jueves no pudieron ingresar a los terrenos por la presencia policial. Por eso, a la mañana siguiente, marcharon a la fiscalía. Pidieron que se convoque al Municipio para hacer una mediación y, también, que los dejen entrar a regar. Esto último les fue concedido y pudieron recobrar un poco de alivio.

Es que en “la tortuga” ya hicieron plantaciones y están buscando desarrollar espacios verdes. Todo es parte del propósito de buscar alternativas económicas. “Yo vivo con mi papá y mi mamá, cuando me quedé sin trabajo invertí toda la indemnización ahí porque no quiero estar recibiendo ayuda del Gobierno, quiero trabajar”, resumió Enzo para contar cómo llegó al cerro hace más de un año.

Explicó que en el lugar ya habían otras personas con historias similares y que, incluso, a cinco familias les otorgaron la tenencia precaria y les dieron el servicio de luz.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar hace unos dos meses, de la mano de la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus. El cerro duplicó su cantidad de ocupantes -Enzo rechaza el término “tomas”- con la llegada de 25 familias a las tierras.

El hombre estima que esa situación puede estar vinculada a lo que consideró un repentino accionar de la Justicia, al prohibirles el ingreso. Ahora, esperan llegar a un acuerdo y seguir trabajando.

El 16 de agosto pasado, un grupo de personas irrumpió en varios vehículos y hasta en un camión, cargado con maderas y algunos materiales, en el predio de 3,2 hectáreas de superficie, que el INTA tiene en la reserva Loma del Medio de El Bolsón.

El INTA le había cedido en noviembre de 2018 el terreno al Club Social, Cultural y Deportivo El Refugio, explicó su presidenta Eda Cerda. Sin embargo, falta finalizar el procedimiento administrativo para la cesión definitiva.

Cerda relató que el cuidador del predio había observado a las personas que descargaban los materiales y en pocas horas levantaron precarias casillas y tomaron el lote. Entraron por el portón que siempre estaba abierto para permitir el acceso de un vecino que vive en la parte posterior del predio.

“Fue de todo de sorpresa. Ahora solo nos queda esperar qué resuelve la justicia”, manifestó.

Cerda relató que el INTA les había entregado a finales de 2018 el predio donde proyectaban construir una cancha de fútbol de 11 con las dimensiones oficiales, una cancha de entrenamiento, un salón multiusos, un albergue y un espacio recreativo. Es que se trata de un lugar con un entorno natural espectacular donde hay varias especies de árboles nativos, describió la presidenta de la institución deportiva.

Dijo que en este momento hay alrededor de 20 familias que ocupan el predio, pero explicó que la toma se expandió a los terrenos linderos. Dijo que los ocupantes avanzaron hacia la zona de El Mirador del Azul, un sector de El Bolsón de una belleza natural única. Estimó que hay más de 300 personas usurpando los terrenos. “Es tremendo y es tristísimo todo lo que pasa, porque es un lugar tan hermoso”, afirmó.

Cerda hizo el 16 de agosto pasado la denuncia en el Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional después de que el cuidador le avisara de la toma del predio. Al día siguiente, un empleado del INTA formuló otra denuncia en la misma unidad.

El denunciante explicó que el predio pertenecía al organismo nacional porque faltaba la resolución de la Agencia de Administración de bienes del Estado para concretar la cesión definitiva al club El Refugio.

El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, desestimó el 21 de agosto último las denuncias con el argumento de que la fiscal federal subrogante Sylvia Little había dictaminado la inexistencia de delito de las personas denunciadas.

Little sostuvo que las personas que entraron al predio no lo hicieron mediante clandestinidad, porque ingresaron “a plena luz del día y con el cuidador presente en el lugar”. Aseguró que tampoco formularon amenazas ni hubo violencia. Y planteó que las personas habían entrado por un camino vecinal.

La apoderada del INTA, Elisa Martín, con el patrocinio legal del abogado Pablo Calello, apeló la decisión del juez federal subrogante, y será la Cámara Federal de Apelaciones de Roca la que resuelva en los próximos días.

Sin embargo, la fiscal cambió de postura esta semana y concluyó que no existían dudas de que estaban “en presencia” del delito de usurpación “puesto que aquéllas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí”.

“Negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha Reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”, sostuvo Little. Y pidió el desalojo a partir del reclamo del INTA de recuperar las tierras. Aunque el juez federal de Bariloche aún no resolvió.