Seguridad ciudadana, alguna vez…

Seguridad, materia con derivaciones prácticas notables, uno de los temas fundamentales en términos de discusión ciudadana y de agenda pública.

Según expresó un especialista en el tema, en esta materia todo es opinable, todo es variable, todos quieren jugar, pero también ser directores técnicos.

Lo que sigue tiene por finalidad, tratándose de una materia tan compleja, entre otras cosas por las construcciones ideológicas que le darán contenido, esbozar un concepto de seguridad lo más preciso posible, lanzar algunas ideas-disparadores que permitan la discusión y sugerir una instancia de abordaje y aplicación en los hechos.

Entendemos la seguridad pública como la situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente el goce pleno de sus derechos. Protección de la vida, la libertad, integridad, bienestar, propiedad y también su igualdad de oportunidades, efectiva participación en la organización política y social, su igualdad ante la ley y su independencia ante los poderes del Estado; a obtener, en definitiva, el pleno resguardo de la totalidad de los derechos y garantías emanadas del Estado de derecho. (Definición que entrelaza conceptos de especialistas como Alberto Binder, Marcelo Saín y utilizada por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia).

Así contextualizada, la seguridad cobra una connotación plena y real, y supera además el tradicional y reducido planteo acerca de que ésta es sólo la expectativa de la población de no verse expuesta a hechos de violencia física.

Puede de esta manera asumirse como objeto de una de las políticas públicas del Estado. Aquélla esencial en el marco de la gestión de conflictos.

En este esquema, cobra relevancia inscribir esta política en un efectivo respeto de los derechos humanos propiciando situaciones económico sociales estables; es por ello que la política de seguridad necesariamente debe nutrirse de las políticas sociales y colaborar activamente desde su objeto y acción en la reducción de violencia.

Nutrirse no debe significar confundirlas o igualarlas, las políticas sociales (trabajo, salud, educación, vivienda) presentan abordajes y decisiones diferenciales con respecto a la política de seguridad. Si bien una política de seguridad ciudadana, para su articulación, no puede prescindir de las demás políticas sociales definidas.

En esta primera aproximación, entonces, acordamos un concepto sustancial de seguridad pública; ampliando su proyección, enmarcada en la gestión de la conflictividad, como política esencial del Estado, con un horizonte reductor de violencia en todas sus manifestaciones, y articulada con otras políticas públicas pero con especificidad propia para su análisis y ejecución.

Y deliberadamente ingresamos la noción de respeto por los derechos humanos, los cuales por cierto, que contrariamente a la ridícula y direccionada utilización que de ellos se hace, como esfera protectora de la delincuencia frente a la parte «sana» de la sociedad, constituyen una instancia protectora de todas las personas e incluyen, para que quede claro, también los derechos económicos, sociales y culturales.

Temas sustanciales, directrices, ideas

Asumiendo que por razones de espacio sólo pueden esbozarse algunos títulos, es central tener presente para una correcta lectura de lo que aquí exponemos, que todas estas pautas o criterios se encuentran íntimamente vinculados y que quien asuma con seriedad alguna vez la tarea de involucrarse en la problemática deberá tener presente las relaciones directas y tangenciales permanentes.

En el sentido indicado, mencionaremos algunos puntos o ejes de dirección.

a) Asumir el marco de realidad en torno de la desigualdad social extrema, la marginación y consecuente reflejo en violencia. Somos parte de una sociedad compleja, conflictiva y agresiva.

b) La seguridad objetiva -hechos, violencia- y la subjetiva -sensación, temor- presentan análisis diferenciales.

c) La conducción y decisión acerca de los temas de la seguridad pública son competencia de las autoridades de gobierno y no de la policía.

d) Sin un diagnóstico integral de seguridad pública y una estrategia institucional sustantiva, cualquier intento será inútil.

e) El diseño debe tener en cuenta, dentro de un marco ideológico y teórico, acciones institucionales, normativas y funcionales.

f) El diseño así elaborado debe ser continuo en el tiempo, independientemente de las acciones concretas que se instrumenten.

g) Es necesario modernizar y democratizar los sistemas policiales, en colaboración con ellos y no frente a ellos; sin perder de vista que la ejecución y diseño son responsabilidad del gobierno y no de la Policía, como dijéramos.

h) La política así delineada debe hacerlo desde un enfoque multiagencial. La provincia y sus diferentes áreas gubernativas, los municipios, organizaciones civiles y ciudadanas deben generar espacios de aporte y tareas.

i) Es fundamental la participación ciudadana en todas sus instancias sin delegar la responsabilidad y función propia del Estado provincial.

Sugerencia, propuesta

Conscientes, insistimos en la aclaración que lo aquí expresado vale sólo en tanto aporte a la discusión crítica, y partiendo de la convicción de que las recetas una y otra vez ensayadas siempre fracasaron; entre otras cosas porque las propuestas electorales de siempre -mano dura, endurecimiento de penas y adquisición de patrulleros- son más simples y efectistas que una decisión política y técnica seria, proponemos a la instancia de decisión se instrumente una unidad de coordinación o gestión; un plan global, con sustento representativo y estructural que aborde la seguridad ciudadana como política pública específica; dirigida a lo que siempre planteamos, reducir al mínimo posible la violencia en todas sus manifestaciones, por una provincia más justa y más humana.

MARIANA GONZÁLEZ Y MARCELO MEDRANO (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Abogados de Neuquén

MARIANA GONZÁLEZ Y MARCELO MEDRANO