Se reactiva el caso Nisman

A muchos les ha convenido la hipótesis de que el fiscal Alberto Nisman se suicidó, ya que de resultar verosímil haría de un episodio que ha tenido repercusiones muy fuertes tanto aquí como en el exterior un drama meramente personal. En tal caso, sería cuestión de un hombre atormentado por dudas que, al darse cuenta de que su embestida en contra de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por su presunta voluntad de “encubrir” a dirigentes iraníes acusados de haber organizado el atentado contra la sede de la AMIA fracasaría por basarse en nada más que conjeturas aventuradas, optó por quitarse la vida. En cambio, de probarse que Nisman fue asesinado por motivos políticos, como acaba de afirmar el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal Ricardo Sáenz, a los interesados en minimizar la importancia de su muerte les sería muy difícil impedir que la investigación se profundizara en los próximos meses. Si bien por ahora la de Sáenz es sólo una opinión más, de decidir la Cámara del Crimen que el caso debería pasar al fuero federal quedaría apartada de él la jueza Fabiana Palmaghini que, lo mismo que la fiscal Viviana Fein, parece favorecer la teoría del suicidio al insistir en que no hay evidencia suficiente para alcanzar una conclusión definitiva. Palmaghini atribuye la hipótesis del asesinato a los “deseos personales” de los familiares de Nisman, comenzando con su ex esposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Según Sáenz, no cabe duda de que “estamos en presencia de un homicidio” porque no se encontraron rastros de pólvora en las manos de Nisman, no hubo huellas digitales en el arma usada para matarlo y “la localización” del disparo no corresponde a un suicidio. También subrayó el fiscal que Nisman, lejos de sentirse deprimido la noche del 17 de enero del año pasado, “se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia de sus acciones y abocado a la presentación que iba a efectuar ante los legisladores aquel 19 de enero”. A su juicio, pues, todo hace pensar que fue asesinado por alguien resuelto a silenciarlo por razones vinculadas con la “gravísima denuncia” que había formulado contra la presidenta, el canciller Héctor Timerman y personajes como el piquetero Luis D’Elía y el cabecilla de Quebracho Fernando Esteche. Aunque muchos juristas respetables han señalado que la acusación de “encubrimiento” dirigida contra los impulsores del tristemente célebre memorándum con la República Islámica de Irán se basaba más en sospechas que en datos firmes, poco antes de morir Nisman dijo que disponía de más información que la incluida en el escrito de 300 páginas que había difundido. Asimismo, afirmó saber que su propia vida corría peligro. Si bien los legisladores oficialistas que durante “la década ganada” dominaban el Congreso avalaron automáticamente la voluntad del gobierno de Cristina de reconciliarse con los presuntos autores intelectuales iraníes del mayor atentado terrorista de la historia del país, los responsables del acuerdo propuesto no se sintieron obligados a aclarar lo que tenían en mente. Algunos que se oponían a la iniciativa la atribuyeron a los eventuales beneficios comerciales que podrían surgir, otros a la alianza de los kirchneristas con los chavistas venezolanos, pero al perder los iraníes mismos interés en el tema luego del reemplazo del presidente ultraislamista Mahmoud Ahmadinejad por el supuestamente moderado Hassan Rohani sería considerada fruto de otro capricho presidencial difícilmente explicable. Si no fuera por la relación del tema con la muerte de Nisman en vísperas del día fijado para la presentación ante legisladores de la denuncia de encubrimiento que en su opinión debía conducir a la detención de la presidenta y su juicio político, el intento fallido del gobierno kirchnerista por acercarse a Irán sería recordado como una aberración diplomática cometida por una presidenta propensa a subordinar absolutamente todo a su propio relato, pero de respaldar la Cámara del Crimen la tesis del fiscal Sáenz el acuerdo recobrará actualidad, lo que sería una mala noticia para todos los involucrados, en especial para la expresidenta Cristina, que tendría que responder a las preguntas de jueces federales que no tendrían motivos para querer desvincularla de la causa.