¿Se puede ser candidato y funcionario? La “ética albertista” pone en jaque a políticos de Río Negro
El debate por las salidas de los ministros Rossi y Arroyo se extiende a todo el país. En la provincia hay tres postulantes en esa situación y respondieron cómo piensan seguir.
"Vamos a seguir trabajando por bajar los precios, fundamentalmente de los alimentos", dijo Alberto Fernández.
«Todos los que son candidatos deben dejar su cargo. Es una regla ética que puse y quiero preservar. La pérdida de Daniel (Arroyo) y Agustín (Rossi) es muy grande. La pérdida de Victoria Tolosa Paz también es muy grande. Es una regla que me impuse». Eso dijo anoche el presidente, Alberto Fernández, en una entrevista televisiva. Las reacciones fueron inmediatas, con el ministro de Defensa desafiando esta mañana al primer mandatario a hacer extensiva esa pauta a todo el país. Y ahora son muchos los que esperan el próximo paso de la Casa Rosada, porque si llega a aplicarse el “código de ética albertista”, más de un aspirante a diputado debería firmar su dimisión, incluidos varios rionegrinos y neuquinos.
En Río Negro el jaque más evidente sería para la primera postulante en la lista del Frente de Todos, Ana Marks, que se desempeña como delegada del Ministerio del Interior en la provincia.
La funcionaria fue consultada hoy por RÍO NEGRO y respondió que “el mismo 24, cuando se confirmó la candidatura, puse mí cargo a disposición de mis superiores en el Ministerio del Interior, y del presidente”.
“Ahora, a la espera de definiciones”, completó la dirigente de Bariloche.
El oficialismo provincial también tiene a sus representantes principales cumpliendo funciones por designación política.
Agustín Domingo es presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, un organismo federal encargado de la solución de los problemas que pudieran originarse en la aplicación de ese acuerdo, relacionado con la distribución de ingresos de origen impositivo. Además, el primer candidato de Juntos Somos Río Negro es representante del Estado provincial en el directorio del Banco Patagonia.
El exministro de Economía fue consultado por RÍO NEGRO y contestó que «mientras pueda seguir cumpliendo con las tareas que me requieren las funciones tanto en la Comisión Arbitral como en el banco, lo voy a seguir haciendo».
«En ambos casos desde que comenzó la pandemia realizo el trabajo en forma remota y por lo tanto puedo seguir haciéndolo junto con las actividades de la campaña. No existe incompatibilidad legal alguna entre el ejercicio de los cargos y la postulación. Evalúo para más adelante, si el ritmo de campaña lo demanda, solicitar alguna licencia», agregó.
Por su parte, la segunda candidata de JSRN, Mercedes Ibero, es secretaria de Políticas Públicas de Salud.
La viceministra dijo esta semana que “podría hacer las dos cosas a la vez, pero seguramente me voy a tomar licencia o vacaciones en las semanas en las que esté viajando”.
En declaraciones a Medios del Aire, Ibero destacó que más allá de la decisión que tome “el teléfono nunca lo dejo de contestar”, para dialogar con los directores de hospitales y resolver cuestiones relacionadas con el operativo de vacunación. “La idea es organizarlo con el ministro, para que todo quede funcionando como hasta ahora”, indicó.
Un dato importante para tener en cuenta es que a nivel nacional no existe una imposición formal que obligue a los funcionarios del Poder Ejecutivo a renunciar a sus cargos en el caso de aceptar una candidatura.
Esa regla sí existe a nivel provincial y municipal en Río Negro. La Constitución establece en su artículo 188 que “los ministros no pueden aceptar candidaturas a cargos municipales, provinciales o nacionales”.
Por su parte, varios municipios también tienen vedado a los secretarios el ejercicio de esa función en simultáneo con una campaña proselitista. Por ejemplo, Roca lo prevé en el artículo 26 de su Carta Orgánica, aunque la exigencia no es de una renuncia directa, sino que pueden pedir una licencia sin goce de haberes.
De todas maneras, el presidente Fernández centró el tema en la ética dentro de la función pública y a partir de ese posicionamiento, el debate se corrió del escenario formal y legal para ubicarse en un espectro más amplio, vinculado a la responsabilidad con la que se ejerce día a día el cargo para el que esas personas fueron designadas.
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