San Rafael: apartaron al juez que intervenía en el juicio contra la docente neuquina
El camarista Alejandro Celeste argumentó que no se cumplía con el requisito de imparcialidad porque el magistrado tuvo un vínculo laboral con el querellante, hoy juez penal de Mendoza. Es por una causa de impedimento de contacto que lleva diez años.
El complejo entramado judicial por el que atraviesa una docente neuquina en el fuero penal de San Rafael -Mendoza- comienza a tener algunos destellos de claridad. Por lo menos en lo que respecta a su derecho de defensa que se puso en tela de juicio desde el comienzo del debate y que halló en la recusación del juez Sergio González abono para su teoría.
El miércoles pasado el camarista Alejandro Celeste hizo lugar al pedido de apartamiento que interpuso el defensor de la docente Waldo Torres para excluir a González del proceso quien era el responsable de juzgarla por un supuesto delito de obstrucción e impedimento de contacto entre su hijo y el padre.
La razón de la recusación fue que en la primera audiencia del debate se ventiló que González tuvo un vínculo laboral con el querellante.
La docente, durante su declaración, dejó claro que en todo momento se vulneró su derecho a defensa, puso en duda la imparcialidad del juez y de todo el sistema penal sanrafaelino. Ante los insistentes reclamos, el juez González detuvo su oratoria y aclaró que era “imparcial” en el debate y que no conocía “a las partes”.
Minutos más tarde sus afirmaciones se desplomaron cuando una testigo reconoció que era amiga de González y que conocía al querellante porque el puesto de secretario del juzgado que comandaba el magistrado entre 1998 y 2000.
A partir de este evento se resignificaron los dichos de la mujer que hoy vive en Fernández Oro. González, contra toda regla procesal, amagó con resolver sobre su propia recusación y ordenó seguir el debate, hecho que finalmente no aconteció ya que la parte acusada abandonó la sala y realizó una denuncia.
El niño hoy está a punto de cumplir 15 años y la causa tiene su génesis en 2009. En ese lapso de tiempo tanto la madre como el padre del niño, juez penal de Mendoza, tuvieron vaivenes con los regímenes de visita que se interpusieron en el fuero de Familia y actualmente esa causa está con un recurso extraordinario en la Suprema Corte de Justicia.
El padre apeló todas las medidas en Familia pero continuó con la denuncia penal que hoy lleva una década. En debate se ventiló que el querellante, hoy juez penal en Mendoza, presentó la primera demanda contra la docente e impugnó su paternidad. El proceso duró varios años hasta que se confirmó con un ADN que era el progenitor. En 2008, tiempo después del examen, volvió a presentar un recurso en la Justicia para revincularse con su hijo que venía desde la impugnación. El niño ya tenía cuatro años.
En los alegatos de la audiencia de recusación, Torres no solo mencionó todo lo que se vivió en la audiencia también reveló que el juez saliente le pidió disculpas y reconoció que había cometido un error y que debía excusarse.
Tanto la fiscal Alejandra Becerra, también cuestionada por la defensa, y el abogado querellante Fernando Peñaloza divagaron en dos ejes al momento de argumentar su postura en contra de la recusación. Por un lado que se trata de una dilatación por parte de la imputada y otra que el momento para presentar el recurso expiró.
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El querellante volvió a sostener, como lo hizo en los alegatos en contra de la nulidad que se interpuso tanto por el defensor oficial como por Torres, que todo se trata de una “dilación ” y sostuvo que los casi 10 años que lleva la causa son un reflejo de eso. “La imputada sigue poniendo obstáculos para evitar la realización de un juicio que ha afectado la garantía de un plazo razonable. La acusada hace alocuciones falaces constantemente en denuncias medios de comunicación, etc”.
El defensor no mencionó que fue el quien abrió un nuevo espacio para intentar una resolución alternativa y que horas más tarde, ante la consulta de Torres, descartó categóricamente esa posibilidad. Con esta resolución el Poder Judicial de San Rafael deberá sortear a un nuevo juez para que juzgue este caso.
El complejo entramado judicial por el que atraviesa una docente neuquina en el fuero penal de San Rafael -Mendoza- comienza a tener algunos destellos de claridad. Por lo menos en lo que respecta a su derecho de defensa que se puso en tela de juicio desde el comienzo del debate y que halló en la recusación del juez Sergio González abono para su teoría.
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