Rusia legisla contra los “indeseables”

Emilio J. Cárdenas (*)

Rusia, más allá de los disimulos, hoy no es una democracia. Es un país distinto, autoritario y gobernado por un régimen donde las libertades individuales están claramente cercenadas.

En enero pasado, por ejemplo, el Parlamento nacional sancionó una norma que autoriza a las autoridades ejecutivas a encarcelar a cualquier persona que la falte el respeto, de modo evidente, al gobierno ruso. La prensa norteamericana informa que el autor del proyecto luego convertido en ley es el senador ruso Andrei Klishas, un hombre denunciado por tener propiedades y bienes de gran valor en Suiza y una importante colección de relojes que aparentemente valdría más de dos millones de dólares.

De este modo Rusia regresa, por otra vía, a los tiempos soviéticos, en los que el Código Penal criminalizaba lo que se designara eufemísticamente como: “agitación anti-soviética”, disposición que luego fuera eliminada, en el año 1989. Fue reemplazada luego, en el año 1990, por una norma que prohibía “insultar al presidente”.

Bajo Boris Yeltsin, en cambio, la libertad de opinión y de prensa fue casi santificada. No obstante lo cual, su gobierno se apoderó de muchos medios de comunicación masiva privados, con toda suerte de picardías.

Para la oposición rusa, es evidente, esta norma es obviamente un riesgo siempre latente. Una mordaza preventiva. Un mecanismo de censura previa. Una auténtica “espada de Damócles” que cercena su capacidad de crítica. Así lo comprobaron, en su momento, millonarios como el alguna vez magnate de medios, Vladimir Gusinsky o el fuerte productor petrolero, Mikhail Khodorkovsky. Ambos fueron a la cárcel por sus críticas e ideas diferentes a las del poder de turno.

En el pasado reciente hay un antecedente muy peligroso. Me refiero a la norma con la que, en mayo de 2015, se dispuso poder calificar a las organizaciones no gubernamentales de “organizaciones indeseables”. Y cada ruso que trabaja para ellas quedó, desde entonces, expuesto personalmente a un riesgo serio de una nada desdeñable magnitud, uno que conlleva la posibilidad de pasar hasta seis años sumergido en una prisión.

Muchas organizaciones no gubernamentales, tras su sanción decidieron retirarse y cesar su presencia y actividades en Rusia, que era seguramente uno de los objetivos centrales perseguidos por el gobierno ruso. La aludida “ley mordaza” sigue siendo utilizada hoy para, con ella, tratar de silenciar a los críticos del gobierno de Vladimir Putin.

Medio centenar de personas ha sido ya concretamente perseguidas administrativamente con ella. Lo que supone no sólo el riesgo cierto de recibir una condena a prisión domiciliaria, sino además la prohibición de uso de la Internet, y la prohibición expresa de concurrir a los lugares en los que ellos realicen sus respectivos trabajos.

Durísimo. Una suerte de llave maestra que está siempre lista y disponible para todos quienes, desde el gobierno ruso, pretendan de pronto encarcelar rápidamente a quienes con sus ideas los molestan o perturban. Para así convertirlos en auténticos “prisioneros de consciencia”. Y silenciarlos, efectivamente.

La norma de mayo de 2015 es un instrumento legal que luce claramente dictatorial. Propio de los estados policiales. De las dictaduras, entonces.
Que descalifica inevitablemente a Rusia como país que, ante los demás, pretenda hacer creer que es capaz de vivir en democracia. Sus ciudadanos, es evidente, no viven en libertad. Sólo pueden, quizás, pensar distinto a su gobierno; pero desgraciadamente si ello es así, no lo pueden exteriorizar sin correr el riego muy concreto de ir presos por sus opiniones.

Como alguna vez se dijera alambicadamente, “la dictadura es el sistema de gobierno en el que lo que no está prohibido es obligatorio”. Sin otras opciones, por lo demás.

(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.