Rojas ve «intencionalidad política» en la causa por malversación de fondos
El intendente de Dina Huapi y un exfuncionario de su gestión llegarán a juicio. Cuestionó al fiscal de la causa y "a los buitres que están dando vueltas para ensuciar a las personas".
Danilo Rojas, intendente de Dina Huapi.
El intendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, cuestionó la lentitud de la justicia en la causa por abuso de autoridad y malversación de fondos que lo llevará a juicio.
Rojas dijo que la causa tiene una «intencionalidad política» y cuestionó el rol del fiscal Guillermo Lista, a cargo de la causa y quien el viernes formuló los cargos. “No merece estar en esos puestos y cobrar más de cien mil pesos y hacerle gastar tanta plata al Estado”, señaló.
Rojas terminará en diciembre su segundo mandato al frente del municipio de Dina Huapi. La localidad tendrá elecciones el 27 de octubre pero el jefe comunal no irá para un nuevo período y en su lugar impulsó a Patricia Maizon, actual funcionaria de su gobierno.
El intendente lamentó la lentitud de la justicia para resolver una causa y criticó “a los buitres que están dando vueltas para ensuciar a las personas”.
En la causa, el Tribunal de Cuentas de la municipalidad es querellante y el abogado Alejandro Pschunder es el representante legal.
El intendente dijo que no tiene temor a enfrentar el juicio. “Estamos tranquilos porque tenemos todas las pruebas”, aseguró. “Creo en la justicia todavía. Se va a esclarecer todo”, pronosticó.
En el caso de abuso de autoridad, Rojas no será el único acusado, también será juzgado el exsecretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Carlos Morazzani, según dispuso el juez Bernardo Campana.
El jefe comunal y el exfuncionario de Obras Públicas fueron sobreseidos del delito de peculado.
La fiscalía había acusado al intendente y a Morazzani de haber sustraído caudales o efectos que tenían a su cargo. Era la acusación más grave porque el Código Penal reprime ese delito con una escala penal que va desde los 2 hasta los 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
Campana admitió parcialmente la acusación que Lista presentó, con la adhesión de la querella. El fiscal atribuyó a Rojas y Morazzani haber cometido irregularidades en la ejecución de la segunda etapa de la bicisenda, que se construyó en forma paralela a la ruta nacional 40, que cruza el ejido de Dina Huapi.
Lista sostuvo que contrataron en forma directa a una empresa y violaron la ordenanza que ordena convocar a un concurso de precios cuando una obra supera los 92.431 pesos. Para eludir esa norma, dividieron la obra en tres etapas, sin el respaldo de ningún acto administrativo.
Además, les atribuyó a Rojas y Morazzani haber comprado hierros, que en la memoria descriptiva de la bicisenda no habían sido incluidos por el ingeniero. Los hierros fueron entregados a un particular como forma de pago por la construcción de una parrilla en el polideportivo municipal, explicó Lista a “Río Negro”.
La presunta irregularidad surgió cuando el Ejecutivo municipal rindió los gastos de la obra ante el Tribunal de Contralor, que hizo en mayo de 2015 la denuncia penal. La causa se inició con el viejo sistema procesal y en dos años no hubo definiciones. A principio de junio de 2018 hubo que adecuarla al nuevo Código.
El defensor particular Sebastián Arrondo había pedido el viernes el sobreseimiento total por prescripción, pero Lista y el querellante se opusieron porque recordaron que Rojas es funcionario público. Campana rechazó el planteo de la defensa.
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