Rodríguez Lastra quiere saber los límites del bozal legal
Pidió precisiones a través de su abogado. Considera que se afecta su estrategia de defensa. Hay un sumario por irregularidades en su licencia en el hospital.
Rodríguez Lastra, durante un acto público mientras está de licencia. (Archivo)
“Creo que todo lo que hace Rodríguez Lastra les molesta. Lo critican por odio y bronca personal contra él”.
El abogado Damián Torres defiende al ginecólogo en la causa penal, en la que fue declarado responsable por interrumpir un aborto no punible, pero también tiene opinión cuando se le pregunta por la licencia laboral de su cliente. Una licencia durante la cual Rodríguez Lastra viaja por el país para promocionar su causa, invitado a actos públicos reflejados en los medios de comunicación.
En el hospital de Cipolletti abrieron un sumario para investigar esta irregularidad. Lo confirmó el viernes a “Río Negro” la directoria interina, Claudia Muñoz.
Las actuaciones fueron enviadas a Recursos Humanos del ministerio de Salud, en Viedma. La médica no lo dijo, pero según versiones Rodríguez Lastra estará de licencia hasta el 2 de agosto.
El 11 y 12 de julio será el juicio de cesura, durante el cual la fiscalía pedirá el monto de la pena por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El rango se ubica entre un mes y dos años, e inhabilitación por el doble tiempo de la condena.
La sentencia se conocerá pasada de la feria judicial, es decir por lo menos 15 días después.
Mientras tanto, a todos los que intervienen en el proceso les aplicaron un bozal legal: tienen prohibido referirse a la víctima del caso y a su hijo.
La orden la impartieron el juez penal Álvaro Meynet y el juzgado de Familia 7, que fue el más restrictivo: mandó que “se abstengan de efectuar referencias al niño, publicar su nombre, domicilio, datos personales, fotografías de él y su grupo familiar”.
Torres, acompañado del codefensor Juan Chirinos, le pidió una aclaración mediante un escrito. Una copia llegó a este diario a través de fuentes seguras.
El abogado quiere saber “si la intimación se refiere a la imposibilidad de hacer referencias concretas al niño o si por el contrario, se nos limita la posibilidad de mencionar la existencia, de manera genérica del nacimiento en concreto del niño y de su existencia, relacionado con el caso, sin brindar cualquier dato identificatorio”.
Agrega que “cercenarnos el derecho de hablar de la existencia de un niño con vida y que se encuentra sano y dado en adopción, atenta contra el ejercicio de la defensa en juicio”.
El escrito es muy agudo y apunta a mantener viva la estrategia de la defensa: dentro y fuera del expediente, Rodríguez Lastra hace campaña diciendo que con su accionar salvó dos vidas, y oculta que interrumpió un aborto en curso y que obligó a una joven a continuar un embarazo producto de una violación, y que por eso fue condenado puesto que quebró la ley.
Por ejemplo cuando estuvo en Salta, el 9 de junio pasado -antes de que le impusieran el bozal legal- en un acto público el ginecólogo así reseñó el caso: “Llega una paciente muy mal, que podía morirse y tengo que tomar una determinación criminal según el juez, que era tener que matar a un chico que iba a terminar en una batea buscando una bocanada de aire como cuando nos ahogamos. Eso quería el juez, no la justicia, la justicia es otra cosa”.
Agregó, en tono de campaña, que “(ustedes) cuando van a depositar el voto no van a votar a aquellos tibios que no hayan tomado decisiones, y mucho menos a aquellos que hayan votado por el aborto”.
Si le impidieran hacer cualquier referencia genérica a la existencia del niño, ya no podría apelar a ese tipo de argumentaciones sobre todo en público.
Según el escrito de Torres, hay una situación de «incertidumbre procesal» debido a que el juicio es público y las intervenciones de las partes se difunden a través de los medios continuamente.
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