Radiografía del conflicto en la Universidad de Río Negro tras 24 días de toma

Hace ya 24 días que se lleva adelante la ocupación del vicerrectorado de Sede Alto Valle de la Universidad Nacional de Río Negro y si bien ya se realizaron varios encuentros de negociación, el problema parece no tener fin. Esta semana fue una de las más intensas ya que tras la denuncia realizada contra dos docentes, arrancó el proceso de investigación con toma de declaraciones en el Juzgado Federal. Ayer, cuando parecía una realidad el levantamiento de la toma, las diferencias entras las parte no permitió la firma del acta que garantizaría que el edifico vuelva a funcionar con normalidad.

La toma comenzó el 12 de septiembre, cuando un grupo de estudiantes y docentes de la UNRN de Cipolletti decidió realizar la ocupación total del vicerrectorado de Roca, ubicado en calle Isidro Lobo 516. La medida impulsada respondía a la lucha que viene llevando los universitarios en reclamo por mayor presupuesto para todas las universidades públicas del país.

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El conflicto rápidamente fue judicializado, ya que el vicerrector Carlos Arzone a pocas horas de ser ocupado el edificio decidió denunciar a los manifestantes por “usurpación”. En ese momento Arzone explicó que las autoridades de la casa de estudio intentaron disuadir la medida y como no tuvieron respuestas favorables decidió hacer efectiva la denunciar con el propósito de “cuidad el lugar y todos los bienes que allí se encuentran”.

Los docentes y estudiantes organizados bajo la asamblea intercluastro sostenía que la medida no tenía como objetivos obstaculizar la cursada de los alumnos y que estaban convencidos de que “el problema y la crisis presupuestaria no se disputa sólo en asignación del presupuesto nacional, sino también antes las autoridades, que son quienes lo evalúan y luego toman la decisiones respecto a la distribución interna del mismo”.

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Desde ese momento, los miembros de la toma denunciaron constantemente persecución tanto por parte de las autoridades como de trabajadores no docentes y “la criminalización de la protesta”.

Luego de una semana de toma, miembros de la asamblea y autoridades llevaron adelante una mesa de negociación donde se lograron consensuar algunos puntos pero no se logró acordar el levantamiento de la medida, ya que los estudiantes exigieron que antes se dieran a conocer los detalles de la denuncia. Información a la pudieron acceder recién esta semana.

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Las docentes y abogadas Victoria y Virginia Naffa son las que se encuentra imputadas en la causa y a las que se les adjudican los delitos de usurpación, coacción agravada, intimidación pública e instigación a cometer delitos.

“El único impedimento para terminar con la toma era la información de la denuncia, ahora que ya conocieron el texto, no lo hacen. Continúan poniendo condiciones, porque ahora están llamando a firman un acta con un montón de requisitos. Nosotros sólo vamos a firmar el acta notarial frente a un escribano que corrobore el buen estado del edificio y de todas las cosas que allí quedaron”, manifestó el vicerrector.

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Ayer la asamblea convocó a dos encuentros con el objetivo de que se firme el acuerdo logrado el 17 de septiembre para levantar la ocupación, que incluía la difusión de la denuncia pero las autoridades se negaron. Por ello convocaron para hoy para volver a intentarlo.

Ante la falta de acuerdo las situación académica y administrativa se encuentra directamente afectada. Lo que más alarma a gran parte de la comunidad educativa es que la locación ocupada centraliza la conducción de las 22 carreras dictadas en Choele Choel, Villa Regina, General Roca, Allen y Cipolletti. Y sostienen que durante este período se vio interrumpido la revisión de los planes de estudio, la gestión de los viajes y estadía de los profesores viajeros y la realización de las tareas de orientación vocacional de los nuevos inscriptos.