Millones en riesgo y elecciones en duda por la extensa toma en la UNRN

Un riesgo millonario desde el punto de vista de la infraestructura y una grave consecuencia institucional -que podría incluir la alteración del proceso electoral de octubre- emergen entre los resultados de la toma del Vicerrectorado de la UNRN en Roca, que superó los 10 días y no encuentra un camino de solución.

La protesta que llevan adelante un grupo de estudiantes y docentes sumó tensión durante la última semana y provocó también cruces en la Justicia, con la denuncia por usurpación que presentaron las autoridades universitarias por un lado y un habeas corpus con acusaciones de “espionaje” policial por parte de los manifestantes.

Luego de dos instancias fallidas, para esta semana se aguarda a una nueva convocatoria a una mesa de diálogo, aunque las posturas aparecen bien alejadas.

Los integrantes de la Asamblea Interclaustros que protagonizan la toma insisten en el reclamo de una “democratización” de los estados contables de toda la UNRN, el “cese de la persecución por parte de autoridades a alumnos y docentes”, además de conocer en detalle los alcances de un convenio firmado con un privado, que donó un inmueble para la construcción del asentamiento en Cipolletti.

Otro punto de conflicto fue porque los estudiantes y docentes pidieron que se haga público el contenido de la denuncia que las autoridades del Vicerrectorado presentaron ante la Justicia Federal. “No sólo se negaron, sino que nos amenazaron con otra denuncia por coacción”, señaló Agustín Urrutia al explicar por qué se terminó abruptamente la última instancia de diálogo, el lunes de la semana pasada.

Los perjuicios

Mientras tanto, más de 130 integrantes de la comunidad educativa firmaron un documento reclamando que termine el bloqueo en las instalaciones ubicadas en Belgrano y Canalito.

Allí advirtieron que no se trata de una simple ocupación, sino que “La Casona” es una propiedad privada que la UNRN alquila y sobre todo es Patrimonio Histórico y Cultural de los roquenses.

“Desde allí se conduce la totalidad de las actividades de seis localizaciones (Choele Choel, Villa Regina, General Roca, Allen y Cipolletti), 22 carreras, estando a disposición para que se desarrollen con normalidad la enseñanza aprendizaje de más de 3.500 estudiantes activos, al servicio de 350 docentes de la sede, con más de 600 egresados”, detallaron.

Instando a la reflexión, plantearon: “¿Quién no apoya la mejora de los salarios docentes y no docentes? ¿Quién no pretende un mejor presupuesto universitario?” y recordaron también que por Asamblea Interclaustros realizada el 4 de septiembre en las puertas del edificio de Valle Fértil en Roca, se decidió el “no a las tomas”.

“El daño a la institución es enorme”, afirma el documento, describiendo que “la toma imposibilita continuar trabajando en la revisión de los planes de estudio, la gestión de los viajes y estadía de los profesores viajeros, la realización de las tareas de orientación vocacional de los nuevos inscriptos; y no es posible avanzar en las designaciones de Ayudantes Alumnos”. Entre otros problemas, indicaron que “se retrasa el trámite de los títulos de grado así como la rendición de los Fondos Rotatorios y resulta imposible consultar disposiciones / notas y otros trámites administrativos en curso”.

En tanto, destacaron que “otro grave impacto es el retraso de las rendición al Ministerio de Educación del convenio de apoyo al Hospital Escuela de Odontología”, que tiene fecha de vencimiento el 30 de septiembre y que “podría implicar devolver 6 millones de pesos por incumplimiento de la rendición de cuentas”.

Finalmente, se planteó que “si la toma no se levanta inmediatamente se verá afectado el proceso electoral a realizarse los días 17 y 18 de octubre de 2018, para elegir graduados, docentes y estudiantes a los Consejos de Carreras”.

“En la Casona han quedado notebooks, una caja fuerte con chequeras y dinero en efectivo, sellos, vehículos y expedientes sensibles”.

Comunicado de autoridades, docentes y no docentes.

Hospital escuela

La Justicia rechazó un habeas corpus

Los protagonistas de la toma presentaron un habeas corpus y aseguraron que miembros de la Policía Federal estaban haciendo “inteligencia” en el predio de la UNRN. En el escrito detallaron que hay un “constante hostigamiento”, además de describir que se “paran enfrente” y toman fotos.

Sin embargo, esa acción fue rechazada por el Juzgado Federal de Roca, donde indicaron que los efectivos de la fuerza contaban con orden escrita del juez Hugo Greca para recabar información sobre la situación en el Vicerrectorado.

La semana pasada -por mayoría- la Cámara Federal ratificó el rechazo al habeas corpus.