Río Negro: un fallo da luz verde para poner al Estado en campaña
La Justicia Federal archivó una denuncia contra Carreras y Palmieri. El fiscal que intervino priorizó la difusión de los actos de gobierno.
Uno de los actos realizados el 25 de agosto en Roca, que motivaron la denuncia contra la gobernadora, el vicegobernador, dos ministros, una legisladora y un concejal.
Bastante más que una acusación de campaña se resolvió con el reciente envío al Archivo de la denuncia que el legislador José Luis Berros había presentado contra la gobernadora, Arabela Carreras, y el vicegobernador, Alejandro Palmieri. La Justicia Federal fijó posición ante la recurrente crítica a los funcionarios que aprovechan el Estado para aumentar las chances del oficialismo en la etapa previa a una elección. Y en el caso particular de Río Negro, ya se sabe que las máximas autoridades no tendrán interferencias para desarrollar su agenda de actos públicos hasta bien cerca de las urnas del 14 de noviembre.
El parlamentario y candidato a diputado por el Frente de Todos se presentó ante el Juzgado Federal de Viedma el 27 de agosto pasado, advirtiendo que la mandataria, el titular del Poder Legislativo, dos ministros, una legisladora y un concejal violaron el artículo 64 quater del Código Electoral Nacional, a partir de una serie de actividades desarrolladas en Roca dos días antes.
Esa normativa es la referida a la publicidad de los actos de gobierno y establece que “durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten”.
“Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”, completa el texto legal.
Carreras, Palmieri y su comitiva habían recorrido ese 25 de agosto un plan de viviendas recientemente inaugurado en Roca, donde entregaron plantas y escrituras. Luego, en Paso Córdoba y J.J. Gómez entregaron tres casas y -de acuerdo con publicaciones periodísticas que Berros incorporó a la denuncia- en ese contexto se habló sobre los proyectos habitacionales previstos para la ciudad, destacando la gobernadora las acciones del IPPV para mejorar la situación habitacional de familias de la ciudad.
La presentación del legislador del FdT tuvo curso y desde el Juzgado capitalino -que tiene competencia electoral en la provincia- pidieron un descargo a los acusados. Carreras y Palmieri lo hicieron a través del abogado Damián Torres, quien presentó un escrito negando todas acusaciones, asegurando que los actos no ocurrieron en etapa de veda, que no hubo presencia ni alusión a los candidatos de Juntos Somos Rio Negro y que tampoco hubo inauguración, lanzamiento o promoción de planes.
Llegó entonces el turno del Ministerio Público Fiscal, que luego de analizar las presentaciones emitió el martes pasado el Dictamen 241/21, proponiendo archivar la denuncia de Berros.
¿Cuáles fueron los argumentos centrales que expuso el fiscal subrogante Marcos Escandell?
El funcionario no advirtió “configuración de hecho o hechos susceptibles de sanción” y consideró que “se debe ser sumamente cuidadoso cuando, ni siquiera tratándose de candidatos, más sí de funcionarios que, precisamente, están en funciones, la línea entre su actividad propia y la configuración de un tipo delictual, es difusa, no pudiéndose cercenar la referida actividad de gobierno”.
Escandell destaco que en un caso como este, “los pilares básicos del Estado constitucional de derecho, determinan que se debe considerar el juego armónico de la publicidad de los actos de gobierno, el derecho a la información y la participación equitativa de todos los partidos políticos en la contienda electoral”.
Y siguiendo esa línea, recordó que “el principio de la publicidad de los actos de gobierno implica que toda la actuación de los órganos del Estado debe ser comunicada a la opinión pública con el objeto de que los ciudadanos puedan tomar conocimiento y así ejercer el control que les compete”. Además, destacó que “no hay elecciones libres si las ideas son impuestas”, aunque aclaró que “no advierto haya ocurrido en este caso específico”.
El dictamen del fiscal fue remitido al despacho del juez electoral subrogante, Hugo Greca, quien el viernes pasado dictó sentencia.
El magistrado indicó que “a partir de la conclusión elaborada por la Fiscalía no cabe asumir sino que se ha cesado en el ejercicio de la acción penal por parte del órgano estatal instaurado a dichos fines, en su carácter de titular de la acción pública; lo contrario implicaría arrogarse funciones constitucionalmente asignadas a un órgano diferente al judicial”.
De esa manera, se dispuso el archivo de la denuncia.
Berros informó ayer que no apelará la sentencia, considerando que no tenía sentido buscar que la Cámara Nacional Electoral revierta la decisión y reoriente el destino de la causa. El legislador había pedido una sanción de inhabilitación de entre uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos para todos los denunciados.
La información es precondición para ejercer otros derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a votar y a ser votado, que a su vez constituye un elemento determinante de la calidad de la vida democrática de un país.
Marcos Escandell, fiscal federal subrogante de Viedma.
Berros: “Que la vara sea igual para todos”
“Esperemos que la vara, la forma de medir, sea igual para todos”, sostuvo el legislador y candidato a diputado por el Frente de Todos, José Luis Berros, luego de conocer el fallo de la Justicia Federal ante su denuncia.
El dirigente roquense dijo ante RÍO NEGRO que “la resolución del caso realmente no me sorprendió”, considerando que “es difícil que se tomen resoluciones condenando a quien está ejerciendo el Poder Ejecutivo provincial”.
Berros insistió en su posición y dijo que, desde su punto de vista, lo que ocurrió a fines de agosto fue un incumplimiento manifiesto de la ley electoral vigente.
Cuando realizó la denuncia, el legislador había dicho que era “una vergüenza el uso de los fondos públicos para la campaña de Juntos Somos Río Negro”, describiendo que se utilizan “aviones, viáticos para los candidatos y sus empleados, autos oficiales para los viajes, actos gubernamentales, publicidad con la plata de todos los rionegrinos”.
“Así hacen campaña, sin importarle si al finalizar la misma van a poder pagar los sueldos o el aguinaldo”, agregó.
Por eso pidió “terminar con estas mañas de la vieja política, propia de otros tiempos, propia de un gobierno provincial que con la billetera y el aparato atropellan para mantener los privilegios de unos pocos a costa de todos los rionegrinos y rionegrinos”.
Torres: "Se sienta un buen precedente"
“El fallo sienta un buen precedente, para no judicializar las cuestiones de campaña electoral”, sostuvo ayer el abogado Damián Torres, representante de la gobernadora y del vicegobernador en la causa iniciada con la denuncia del legislador Berros.
El letrado detalló que “desde la defensa negamos cualquier acto de captación de sufragios” porque “no estaban los candidatos y no había ningún tipo de insignia relacionada con el partido”.
“Las viviendas habían sido entregadas mucho antes y era un recorrido, no un “acto”. La denuncia directamente no encuadraba en las prohibiciones del articulo y además la jurisprudencia viene diferenciando lo que es captar votos a lo que es la publicidad de actos de gobierno y las funciones propias de personas de gobierno”, amplió.
Además, consideró que “el denunciante pretendía hacer extensivo el concepto de inauguración de obra pública a la entrega de árboles para viviendas inauguradas con anterioridad a la veda electoral”, algo que no fue convalidado por el fiscal que intervino en el proceso.
El abogado resaltó el “llamado de atención en cuanto a las afrentas y descalificaciones en las propuestas políticas sin mirar las necesidades del electorado” opinando que esa postura servirá para medir las expresiones en la campaña que está por comenzar.
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