Río Negro: políticos y funcionarios están en las listas de pases a planta permanente
Se detectaron al menos 12 personas con designación política en la nómina.
El presente pase a planta del Poder Ejecutivo contradice una histórica premisa institucional: la exclusión de funcionarios políticos. En este proceso, RíoNegro identificó en la nómina de los 2.923 habilitados a una docena –por lo menos– de cargos políticos, entre ellos, el propio secretario Legal y Técnico de la Gobernación.
La ley 5354, sancionada en marzo pasado, instauró este pase a planta para los contratados al 28 de febrero del 2019.
El artículo 4 reedita el histórico texto de exclusiones y el inciso “b” es categórico cuando consigna que “no se encuentran comprendidos” en este régimen las “autoridades superiores” del Ejecutivo. En la práctica –por cierto– incluye a secretarios, subsecretarios y directores. Pero en el listado de los casi 3.000 contratados reaprobados –según el dictamen Nº 859, por la Comisión Central– figuran cargos políticos.
Esa nómina para los exámenes lleva la firma de la secretaria de la Función Pública, Isabel Tipping, como también, de los representantes de los gremios, ATE y UPCN.
El argumento estaría en el artículo Nº 3 de la ley de pase cuando se afirma que el contrato debe haberse “desarrollado en forma ininterrumpida” y “no será considerado como interrupción” si el personal “hubiere ejercido funciones gremiales, políticas o cargos electivos”. Quedaría en claro que no se alude a los casos cuando el contratado cumpla actualmente con esas funciones. Además, hay antecedentes de funcionarios –con contratos previos– que renunciaron para poder acceder y cumplir con los requisitos de otros pases, con iguales condiciones.
La idoneidad y eficiencia son condiciones para el ingreso, ascenso y permanencia de los agentes públicos. A esos efectos, la ley instrumenta el régimen de concursos de oposición y antecedentes».
Artículo 51, primera parte, de la Constitución de Río Negro.
La ley es categórica en el apartamiento de funcionarios pero, curiosamente, el decreto reglamentario –Nº 703 del 18 de junio– avanza en permitir lo que aquella norma prohíbe. Disimuladamente, el inciso B del artículo 4 afirma que “se exceptúan de la exclusión a las personas indicadas en el tercer párrafo del artículo Nº 3 de la ley 5354”. Alude a contratados con “funciones gremiales, políticas o cargos electivos”.
Esta rectificación abrió el beneficio al máximo puntal jurídico del Ejecutivo, es decir, al secretario Legal y Técnico, Guillermo Martín Ceballos, que accedió al cargo en el 2018. El jueves pasado cumplió su examen mientras ultimaba los proyectos del Ejecutivo enviados a la Legislatura.
Su caso fue el más notorio pero no es el único. Figuran en la nómina otros subsecretarios, tres de ellos, también, a cargo de Asuntos Legales de sus ministerios. Son Alejandro Galo Aguilar de la Secretaría de la Niñez, Mariano José Sachetti de Agricultura y Hernán Santoli de Economía (que además participa en el Ente Portuario y el directorio del IAPS). Otro subsecretario es Marcelo Perdomo, de Recursos Forestales, en El Bolsón.
De Seguridad figuran tres subsecretarios: Juan Gabriel Duran (Participación Comunitaria), Lucia Camardón (Política Criminal) y Lorena Bacci (Articulación de Políticas de Seguridad y Justicia).
Además aparecen un grupo de directores, entre ellos, el de Patrimonio, Alejo Zamora y de Tierras, Diego Andrés Lawrie.
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