Río Negro: más de 100.000 inquilinos no pudieron pagar la vivienda
Los datos, aportados por la Unión de Inquilinos Rionegrinos, son correspondientes a abril.
El presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos, Roberto Díaz, aseguró que un 46,66 por ciento de los inquilinos no pudo pagar el mes de abril. “Estamos por encima de la media nacional, y convencidos que sin temporada turística y con la economía paralizada, esos números van a crecer de mayo en adelante«, indicó con preocupación.
Se calcula que la provincia tiene entre 165.000 y 200.000 personas que alquilan viviendas. La encuesta que se realizó, arrojó como resultado que al menos 100.000 de ellos no pudieron pagar el mes.
Según una encuesta que realizó la Federación de Inquilinos Nacional se registró un total de casi 8 mil casos en todo el país que fueron relevados entre el lunes 6 y jueves 9 de abril.
Con respecto a la situación que se vive en Río Negro, Díaz señaló que las inmobiliarias se encuentran en la informalidad absoluta y no cumplieron con el Decreto de alquileres presidencial. Además, agregó que el 58,66 por ciento ( de la población) contó con menos ingresos que en marzo.
“Un 38,53 por ciento de los rionegrinos respondieron que tienen un integrante de su familia que perdió su fuente de empleo a causa de la imposibilidad de trabajar. Se observaron varios intentos de incumplir la Ley, como querer firmar contratos ahora cuando en realidad están todos prorrogados. Además de cobrar aumentos no pactados, o querer desalojar a las personas cuando está claro que no tienen a dónde ir”, remarcó el referente rionegrino.
Con respecto a esto, el presidente de la Unión de Inquilinos de la provincia, sugirió que en todos los casos se realicen las denuncias correspondientes.
A tener en cuenta
El Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Gobierno Nacional, el 23 de marzo de este año, dispuso la suspensión de desalojos y aumentos en los alquileres hasta el 30 de septiembre del 2020. También dicta el congelamiento de los precios de los alquileres al valor de marzo y que la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente acordado en los contratos se pague recién a partir de octubre.
El decreto establece que la situación exige «extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social» y que, por lo tanto, debe velar por derecho a la vida pero también por el derecho a la vivienda.
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