Río Negro: La postergación del censo preocupa a los municipios más chicos
El censo nacional no tiene fecha por la emergencia sanitaria. Algunos municipios de Río Negro requieren de esos datos para mejorar sus ingresos a través de la coparticipación y poder ampliar la planta de empleados.
La ruta nacional 40 atraviesa Dina Huapi desde el puente del río Limay hasta su límite con el río Ñirihuau. Foto: Archivo
El censo nacional que debió realizarse en 2020 quedó suspendido por la emergencia sanitaria y todavía sigue sin fecha. Esto genera fuerte inquietud e impaciencia en muchos municipios que esperan ese relevamiento para mejorar sus ingresos por coparticipación y ampliar la planta de empleados, entre otras cuestiones que dependen de los datos demográficos.
Dina Huapi quiere ampliar su ejido municipal
El director de Estadísticas y Censos de Río Negro, Luciano Truchi, dijo que la “ronda censal 2020” fue pospuesta al inicio de la pandemia. Y que un decreto emitido por el gobierno nacional en septiembre pasado decidió que se ponía en marcha el proceso pero que el Indec definiría la fecha “en función de la evolución de la emergencia sanitaria”.
Los tiempos se estiraron, los casos de Covid-19 se mantienen altos y ahora la cercanía de las elecciones tornan imposible la realización del censo en forma simultánea. Es un hecho entonces que quedará para el año próximo, en el mejor de los casos.
Truchi consideró que lo primero es definir una fecha, porque a partir de allí se deben programar los preparativos, determinar el cuestionario y cumplir con las instancias de capacitación, lo cual no llevaría menos de cuatro meses.
La intendenta de Dina Huapi, Mónica Balseiro, dijo que en esa localidad había “mucha expectativa” con el censo, porque el último “estuvo mal hecho”. Según indicó, les dio una población que consideran muy inferior a la real y eso repercute en la coparticipación recibida por el municipio.
“Para nosotros, con una población estimada de 6.000 ó 7.000 personas, la coparticipación es de 35 millones de pesos anuales; mientras que Pilcaniyeu recibe 33 millones con 1.000 habitantes, reconocidos por el intendente”, graficó Balseiro.
Señaló que la cuestión relacionada con los ingresos fiscales es un tema “crítico” para Dina Huapi, aunque no es el único.
Del censo también depende la construcción de nuevas escuelas y la planta de trabajadores que puede incorporar el municipio. Por Carta Orgánica sólo está habilitado a sostener un empleado cada 200 habitantes.
Balseiro explicó que por ese condicionante no pueden excederse de los 20 trabajadores de planta, pero las necesidades son muchas entonces lo completan con “políticos”, que tienen una carga mayor y cobran menos.
Datos demográficos
- 3.469
- personas residen en Dina Huapi, según el censo 2010. Para Balseiro, hay entre 6.000 y 7.000 habitantes.
La intendenta de Maquinchao, Silvina Frías, también manifestó su desazón ante las demoras con el censo nacional. “Nos perjudica terriblemente. Es un problema grande”, aseguró. Dijo que, para peor, “en 2010 la toma de datos fue incompleta, a muchos hogares los censistas nunca llegaron” y por eso muchos municipios chicos, con alta dependencia de la coparticipación, llevan una espera de más de 10 años por el nuevo relevamiento que permita ajustar ese reparto.
Según Frías, hace falta contar cuanto antes con “números de población más adaptados a la realidad”. Consideró que la postergación “influye mucho” en Maquinchao, donde reciben por coparticipación unos 4 millones de pesos mensuales, que se destinan por completo a cubrir sueldos y gastos de funcionamiento.
Al igual que Balseiro, Frías reconoció que necesitarían ampliar la dotación de empleados de planta, hoy clavada en 28 agentes, porque rige el límite impuesto por el censo 2010.
Fabián Pilquinao, intendente de Sierra Colorada, recalcó que “hay muchas casas nuevas y el crecimiento poblacional es evidente” en esa ciudad sureña. Por eso tienen la expectativa de que “el censo se realice cuanto antes, para que se vea reflejado ese aumento y recibir más coparticipación”.
Romper la regularidad
El censo nacional debería realizarse cada diez años. En 2000 ya se rompió esa regularidad porque el de ese año se pasó para 2001. Después se repitió en 2010 y ahora tocaba en 2020, pero está suspendido sin fecha, atado a lo que ocurra con la pandemia.
Truchi explicó que la prolongación de la emergencia llevó al Indec a evaluar opciones para hacer un censo que no sea 100% presencial, sino combinado con una toma de datos virtual, lo que llaman un “i-censo”. Eso obligaría a salirse también de la norma histórica de relevar el país entero en un solo día y cumplirlo en varios.
“En ese caso -agregó-, también habrá que cambiar el cuestionario porque ya no se trataría de preguntar ‘quién durmió anoche en esta vivienda anoche´ sino ‘quiénes viven acá´ regularmente”.
Esas y muchas otras cuestiones técnicas deben ser ajustadas en las etapas previas del censo, que todavía no tuvieron grandes avances. Truchi dijo que en 2019 se realizó en Bariloche una “prueba piloto” pre censo, en un par de manzanas cercanas al Centro Administrativo Provincial. Pero esa experiencia quedó obsoleta con la realidad impuesta luego por la crisis sanitaria.
Insistió en que hará falta diseñar y “probar” un nuevo cuestionario, porque “la planilla no puede ser la misma que en 2010”. Aunque, consideró, que en lo esencial un censo siempre apunta a tomar datos directos sobre población, vivienda, trabajo, nivel de instrucción y agrega otros temas en cada nueva ronda, como pueblos originarios y podrían incluirse también cuestiones de género.
Reconoció que los municipios que esperan estos datos constituyen una de las presiones más grandes y admitió que el censo permitiría definir muchas otras políticas públicas, actualizar índices de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) y ajustar el diseño de futuras encuestas y muestreos.
Truchi refirió que el problema surgido por el Covid puede derivar en un progresivo reemplazo de los censos “cara a cara” y universales, para ir hacia una fórmula distinta, que contemple la toma de datos en terreno en forma parcial, para cruzarlos luego con otras bases ya existentes, como las del Registro Nacional de las Personas.
La distorsión en los datos poblacionales es una de las preocupaciones recurrentes en los municipios, que suelen pedir “proyecciones” más actuales a la Dirección Provincial de Estadísticas, aunque esos datos estimados no sirven para cambiar la coparticipación.
El censo 2010 determinó que Dina Huapi tenía una población de 3.469 personas, pero Balseiro dijo que hoy son muchos más, basándose en la cantidad de medidores de servicios, la demanda de vacantes escolares y el padrón electoral, que hoy tiene 4.300 ciudadanos habilitados para votar, a los que deben agregarse los menores.
Lo mismo ocurre en Maquinchao, donde según el último censo vivían 2.494 personas. Frías aseguró que hoy son no menos de 5.200 habitantes. En Pilcaniyeu el censo 2010 dio 757 habitantes (hoy serían no menos de 1.000). Sierra Colorada tenía según el último censo 1.542 habitantes y hoy, según el intendente, rondan “entre 2.500 y 2.800”.
Bariloche también es reflejo de ese atraso. El último relevamiento del Indec documentó 11 años atrás una población de 112.887 personas.
El mismo organismo reconoció para 2020 una proyección de 125.082 habitantes. Pero en estudios demográficos locales, que manejan el municipio y otros organismos, ya se habla de 140 mil habitantes. De confirmarse esto último, una de las primeras consecuencias sería el aumento del número de concejales. El cuerpo legislativo tiene once miembros desde hace décadas pero deberían ser no menos de uno cada 10 mil habitantes.
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