Río Negro frena la reforma de la ley de tierras fiscales
Aunque el Gobierno no lo admite, el rechazo y la movilización frenó la presentación del nuevo código.
El nuevo Código de Tierras Fiscales vuelve a quedar afuera de la agenda legislativa ante la decisión del Gobierno provincial de frenar la iniciativa y dejar la discusión a la nueva gestión que asumirá en diciembre.
La reforma de la ley para definir el destino y uso de 4 millones de hectáreas de tierras fiscales abriría la puerta a la venta de tierras para la actividad minera, la industria energética, forestal, turística y otras economías rentables. El cambio del destino de la tierra es el punto central que movilizó a las organizaciones sociales, sindicales y comunidades indígenas que esta semana reiteraron su rechazo.
El propio gobernador Alberto Weretilneck, en una entrevista con este diario, dijo que la reforma de la Ley de Tierras Fiscales iba a ser remitida a la Legislatura para su aprobación antes de dejar la gestión. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, confirmó a “Río Negro” que el proyecto no será presentado por ahora debido a que “hay otras prioridades” antes de que asuma Arabela Carreras.
En toda la provincia habían surgido voces de rechazo, como ocurrió en 2016 cuando fue el primer intento de impulsar el proyecto. Esta semana, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), la Coordinadora del Parlamento Mapuche y el Consejo de Participación Indígena enviaron una nota al gobernador y los bloques legislativos para pedir un debate participativo.
También organizaciones sociales preparaban una misiva para remitir a los legisladores en busca de abrir el tratamiento de la norma y el Foro público sobre el código de tierras fiscales había convocado para el viernes a una manifestación frente a la Legislatura en Viedma.
Aunque el Gobierno no lo admite, el rechazo y la movilización frenó la presentación del nuevo código.
Di Giácomo vinculó ese rechazo a “intereses sectoriales” y dijo que “hay una enorme cantidad de adhesiones” de pobladores, pequeños ganaderos, el INTA y sociedades rurales. Argumentó que los nuevos usos del destino de la tierra contemplan “la posibilidad de explotación para casos que hoy quedan afuera de la ley como el turismo, la agroindustria” y remarcó que en el caso de la minería es solo para la actividad de tercer grado, no para la explotación de oro y plata.
Julieta Wallace, exasesora de la Comisión de transferencia de tierras fiscales (2011-2015), que analizó 150 denuncias de ventas irregulares durante los últimos gobiernos radicales, dijo a “Río Negro” que la reforma “no avanza en el ordenamiento territorial y, al ampliar el destino de uso de la tierra, abre la puerta a mega desarrollos”.
Para la abogada y coautora del libro “La tierra de los otros”, la ley vigente que data de 1961 requiere cambios pero “es necesario un proceso participativo” como se hizo con la Ley de Bosques porque a su entender “está en juego qué tipo de desarrollo provincial se va a instrumentar”.
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