Repudian la criminalización de las comunidades mapuches

BARILOCHE :: RIO NEGRO

El Concejo Asesor Indígena y referentes del Consejo de Desarrollo Indígena, CODECI, repudiaron la orden de desalojo y el procesamiento de seis “peñis” de la comunidad Jose Manuel Pichún, asentada en Cuesta del Ternero, medidas dispuestas por el juez de instrucción Miguel Gaimaro Pozzi.

El consejero zona Andina del CODECI, Diego Cotaro, señaló a “Río Negro” que la medida judicial viola la ley nacional 26.160, que prohíbe los desalojos a las comunidades indígenas de todo el país hasta el año 2013 y recordó que es el segundo caso que se registra en 3era. Circunscripción Judicial.

La orden dictada contra la comunidad Pichún fue precedida por el desalojo dispuesto por el juez Ricardo Calcagno contra la comunidad Loncón (paraje Tres Cerro) en octubre de 2008, que también desoyó la legislación nacional que los amparaba. La medida, que benefició al ex-juez Carlos Larroulet, fue ejecutada con violentos excesos por la policia de Comallo y desató un conflicto que se extiende hasta la actualidad.

Cotaro destacó que los casos se repiten “fuera del marco legal vigente hoy día, vulnerando la jurisprudencia que es muy grande” y consideró que “las instituciones democráticas en Río Negro están en duda porque están condicionadas por los terratenientes y los factores de poder”.

El consejero sostuvo que la conducta de ambos magistrados debería ser sometida a juicio político y denunció que “las comunidades están siendo criminalizadas con causas penales para no reconocer nuestro legítimo derecho a la tierra”.

El lunes pasado Gaimaro Pozzi ordenó el desalojo de la comunidad Pichún y proceso por usurpación a seis de sus miembros en el marco de la denuncia promovida en 2009 por el gobierno provincial, que reivindicó la propiedad de las 265 has. a través de la empresa forestal Emforsa, que tiene plantaciones de coníferas en el lugar.

Las tierras en litigio, ubicadas a 15 km de El Bolsón, son habitadas desde 1896 por la familia Valle, integrante de la comunidad José Manuel Pichún, que el 17 de junio de 2009 consolidó la recuperación del territorio con la construcción de una vivienda (“ruca”) en el sector original de la ocupación.

El consejero del CODECI y referentes del Instituto Nacional Indígena acompañarán hoy la presentación de la comunidad ante las autoridades judiciales en El Bolsón para exigir que se revise la medida y se aplique la ley 26.160.

Cotaro anticipó que de ser necesario recurrirá a la Corte Interamericana para denunciar los atropellos del Estado rionegrino que desconoce la legislación nacional, la Constitución y los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios.

También hizo responsable al gobernador Miguel Saiz “tanto de la vulneración de la integridad territorial del Pueblo Mapuche, como de cualquier daño contra la integridad física que pudieran sufrir los peñi y lamguen”.

Por su parte el CAI se preguntó “quién es el usurpador” en un extenso comunicado que relata la historia de la comunidad iniciada por Antonio Valle y Rosario Quintana, José Manuel Pichún y Dominga Antileo, José del Carmen Quintupuray y Filomena Anticura, entre otros

“Unos cien años después de esa llegada, la Dirección de Bosques del gobierno provincial, comenzó la usurpación en ese lugar, empezó a quemar y cortar bosque nativo remplazándolo por pinos exóticos, argumentando que dicho lugar no estaba ocupado y se encontraba deshabitado” denunció el CAI.

Agencia Bariloche.-