UNC: Diputados opositores quieren una ley de emergencia presupuestaria

Darío Martínez, Alberto Ciampini y María Emilia Soria presentaron un proyecto de ley para que se declare la emergencia presupuestaria en las universidades nacionales. A la UNC le adeudan más de 66 millones de pesos y solo se envió el 50% de la partida de febrero.

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Hoy se reunieron algunos diputados de Neuquén y Río Negro con las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue para discutir sobre la situación crítica que vive la casa de estudios por el atraso en el envío de partidas presupuestarias desde el gobierno nacional. La deuda supera los 66 millones pesos, lo que motivó que el rector, Gustavo Crisafulli consideró, en la ultima sesión del Consejo Superior, que es complicado mantener el funcionamiento.

La vicerrectora Adriana Caballero, con el subsecretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica, Gustavo Ferreyra, recibieron hoy a los diputados nacionales por Neuquén, Alberto Ciampini y Darío Martínez, a la diputada rionegrina María Emilia Soria y a la secretaria de la diputada Silvia Horne, Ornella Infante. Actualizaron con datos a los legisladores, no solo de la situación de la UNC, sino del panorama nacional en las universidades públicas.

Para el caso de la Universidad del Comahue, se adeudan poco más de 66 millones de pesos correspondientes a la partida de gastos de funcionamiento. Y esto no es todo: a esta altura del año sólo se recibió el 50% de la partida de febrero, por lo que si el gobierno nacional no regulariza la situación, las universidades nacionales tendrán serios problemas para terminar el ciclo lectivo.

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A esto se sumó la Universidad Nacional de Río Negro, que también vio afectada la continuidad de las obras en el Hospital Escuela de Odontología en Allen, adonde se preparaban para avanzar con la segunda parte, que comprendía aulas y laboratorios. Lo mismo ocurrió con la ampliación en el edificio del campus de Bariloche.

Frente a esta realidad, desde la CONADU Histórica convocaron a un cese total de actividades desde el próximo 6 de agosto, con el objetivo de no comenzar con el dictado del segundo cuatrimestre en las universidades nacionales. Piden una respuesta al Ministerio de Educación en materia salarial, ya que hasta el momento solo otorgaron un 5% de aumento unilateralmente en febrero y un ofrecimiento del 15% de aumento que fue rechazado por el gremio.

Ornella Infante, que participó como representante de la diputada nacional Silvia Horne, advirtió que “hoy ponen en discusión el presupuesto de las universidades, que ellos lo ponen como un gasto, mientras que nosotros tenemos la concepción de que es una inversión, quieren dejar afuera al sector más importante de la población, a los hijos de los trabajadores”, reclamó.

La coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA), se mostró preocupada y señaló que “el gobierno estratégicamente apunta a una educación para pocos y no para los hijos y las hijas de la gran masa de la población, que son trabajadores y trabajadoras, negándoles una formación de calidad, queriendo empujarlos a una universidad con aranceles”, acusó.

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“Me llama la atención que sólo haya expresado su preocupación por la situación el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez”, dijo y apuntó contra el rionegrino, Alberto Weretilneck, que “no dijo absolutamente nada”, protestó la asesora del peronismo rionegrino, Infante.

Por su parte, la diputada María Emilia Soria valoró como “grave” a la situación por la que atraviesa la universidad y aseguró que “hace peligrar el inicio de clases luego del receso invernal”, advirtió. “El monto de dichas partidas, es exclusivamente para gastos de funcionamiento, es decir pago de servicios, limpieza, becas estudiantiles y extensión universitaria, por nombrar tan sólo algunos”, denunció.

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El diputado neuquino, Alberto Ciampini dijo que la forma de administrar a las casas de altos estudios coincide con las “políticas neoliberales que está llevando adelante el gobierno”.

En conjunto, Martínez, Ciampini y Soria, presentaron hoy un proyecto de ley que busca declarar la emergencia presupuestaria en las universidades públicas y nacionales.


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