Si hay rinoscopía será también para jueces e intendentes

La Legislatura rionegrina votará en octubre el proyecto de obligatoriedad de análisis para detectar el consumo de drogas en legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, pero se ampliará a magistrados, intendentes y cargos municipales.

El oficialismo recepcionó positivamente esa iniciativa opositora –puntualmente, de los legisladores Ariel Rivero, Alejandro Marinao y Javier Iud– pero reclamó una cobertura más amplia, sumando a miembros de la Justicia y los municipios.

Así lo confirmó el presidente de la bancada de JSRN, Alejandro Palmieri, mientras aportaba que la iniciativa original alude al antecedente de una ley de Tucumán, que sí propone un exigencia plena. La ley tucumana N° 8850 exige para permanecer en cargos políticos o jerárquicos “carecer de adicciones a drogas ilegales”, enumerando esa exigencia hasta “subsecretarios y comisionados” en el Ejecutivo, hasta “subsecretarios o directores en los gobiernos municipales y Concejos Deliberantes”, los organismos descentralizados, funcionarios y magistrados en la Justicia, y en la Legislatura, hasta subsecretarios.

El oficialismo –según Palmieri– comparte esa exigencia general y observó que sólo se focalice en la Legislatura y el Ejecutivo, entonces propone esa ampliación. También aclara que la ley tucumana fue promulgada en marzo del 2016 por el gobernador Juan Luis Manzur, quien fue ministro de Salud de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

El proyecto de la rinoscopía tendrá tratamiento en el recinto seguramente en octubre, pues en los últimos días tuvo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Sociales. La iniciativa rionegrina plantea la “realización de estudios médicos y/o bioquímicos anuales” y de la obtención de un “certificado psicofísico” para desestimar la adicción de drogas ilegales, con una inicial focalización en los funcionarios del Ejecutivo –hasta director y subcomisario–, y de legisladores y cargos superiores.

Rivero, el principal impulsor, se mostró abierto para incorporar modificaciones y “consensuar el articulado. En su análisis, Palmieri aludió también a un análisis en el debate de la legislación de Chubut, planteando incluso esa exigencia para los futuros candidatos a cargos electivos.

Rivero priorizó que el “proyecto tiene como finalidad combatir el flagelo de la droga, que atraviesa a todas las clases sociales, edades y perfil socio cultural”. Según el proyecto, la “autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud y los exámenes deben ser realizados en hospitales e instituciones públicas”. Los mismos “se deben incorporar al legajo personal del funcionario a través de las direcciones de Personal correspondientes, respetando la privacidad”.

El proyecto avanza incluso en hipotéticos casos que necesiten rehabilitación. Cuando los informes determinen que el funcionario se encuentre en posible deterioro adictivo, se procede a fijar las medidas terapéuticas tendientes a su recuperación.

En los últimos días la iniciativa tuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Sociales, con lo cual se podrá debatir en corto plazo.