Radicales defienden a los exfuncionarios de los sobresueldos

Cuatro de los acusados, la conducción de la UCR y los intendentes salieron a atacar al fiscal Trejo, que pidió penas de prisión efectiva. El veredicto se conocerá el viernes.

Cuatro exministros procesados en la denominada causa de los sobresueldos se presentaron ante el Consejo de la Magistratura para denunciar al fiscal que pidió penas de prisión para todos ellos y otras más leves para algunos de los 11 ex funcionarios imputados.

Además, el radicalismo como partido y los intendentes de esa fuerza política suscribieron sendos comunicados de apoyo a los acusados con cuestionamientos al accionar de la Justicia.

Esas expresiones tienden a marcar posición ante la próxima lectura de la sentencia establecida para el próximo viernes.

Los intendentes Yamil Direne, Nelson Iribarren, Mabel Yauhar, Silvana Pérez, Carlos Toro, Félix Moussa, Mariano Lavin, Miguel Martínez, Hugo Funes, Hugo Mansilla y José Luis Foulkes manifestaron “preocupación por el desempeño de la Justicia” y consideraron que el caso “se haya transformado en una causa política” que “afecta no sólo a las personas involucradas sino al sistema en su conjunto”.

Pidieron que “no haya utilización política de esto proceso administrativo” y dieron “el alerta para que la Justicia no politice su accionar favoreciendo a intereses políticos determinados e impulsados por legisladores del Frente para la Victoria”.

Las autoridades de la UCR, Darío Berardi, Lorena Matzen y Soraya Yahuar, afirmaron que la causa “viene siendo desde el origen una clara persecución política que arrancó en la campaña electoral provincial del desaparecido Carlos Soria”.

Además, indicaron que Trejo “no pudo, no supo o simplemente claudicó por temor ante las presiones de los punteros judiciales de Martín Soria: los legisladores (Nicolás) Rochás y el menos conocido (Alejandro) Ramos Mejía”.

Lo acusan de que “no se animó a reconocer que la investigación fue armada desde despachos políticos, con participación de encumbrados -hoy- jueces y juezas, que durante 7 años estiraron las investigaciones, siendo funcionales a quienes aspiraban y aspiran al poder, para así mantener viva la causa, para reavivarla cuando se aproxime una nueva campaña electoral, como sucede nuevamente”.

Finalmente pidieron a los jueces que “no se amilanen ante presiones o amenazas, incluso aquellas que vienen de alguno de sus superiores quienes nunca han disimulado su interés personal en el resultado de esta causa, que bien puede develar la artimaña de la denuncia inventada”.

La presentación ante el Consejo de la Magistratura fue realizada por los exministros Juan Accatino, Diego Larreguy, Alfredo Pega y Francisco González.

En la presentación se apuntó que el fiscal Trejo “violentó las normas constitucionales y legales” y que “actuó bajo presión”. Además, le endilgaron que malintencionadamente distorsionó lo sucedido realmente en juicio justificando lo injustificable”.

Trejo pidió una condena efectiva de 4 de prisión para los exfuncionarios César Berbeito y Francisco “Ringo” González, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlos culpables del delito de peculado al ser los responsables de la distribución irregular de los sobresueldos. Solicitó tres años de prisión en suspenso y también la inhabilitación plena para los ex ministros Accatino, Pega, Cristina Uría, Omar Contreras, Larreguy y para el extesorero José Ongaro. Y dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para Sergio Pendas y Aníbal Hernández, en su calidad de subsecretarios de Barbeito y González.

Para el excontador Gustavo Picchi, por el delito de incumplimiento pidió la multa máxima de 12.500 pesos e inhabilitación por un año.

Comunicado de la conducción de la UCR rionegrina.

Datos

“La causa es una clara persecución política que arrancó en la campaña electoral provincial del desaparecido Carlos Soria”.

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