Piden suspender los fueros de un diputado

El fiscal jefe de San Martín de los Andes, Fernando Rubio, solicitó a la Legislatura que suspenda los fueros del diputado Guillermo Carnaghi (FpV), quien en pocos días será sometido a juicio oral por una causa vinculada a su anterior cargo en el municipio. El legislador está acusado como coautor de ejercicios correspondientes a otro cargo y de abuso de autoridad.

El pedido ingresó a la Cámara el viernes a la tarde y tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria que habrá el miércoles. El fiscal indicó que la investigación se inició el 6 de julio de 2016 cuando Saúl Castañeda, el apoderado del municipio que conduce Brunilda Rebolledo (MPN), “hizo saber una serie de irregularidades en el desenvolvimiento de la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP) de San Martín de los Andes, de la cual formó parte en algunas sesiones Carnaghi”. Los detalló como “actos arbitrario que excedían su competencia, arrogándose facultades que no le correspondían.

El delito por el cual se lo imputa es el de ejercicios correspondientes a otro cargo y abuso de autoridades en calidad de coautor. El primero tiene una pena de un mes a un año e inhabilitación por doble tiempo, mientras que el segundo dispone un mes a dos años de prisión e inhabilitación por doble tiempo.

La acusación indica que Carnaghi, como integrante de la CIAP, se arrogó funciones del Concejo Deliberante y cuestiona la fijación de pagos adicionales al personal jerárquico incorporados al Convenio Colectivo de Trabajo del municipio.

El diputado dijo a “Río Negro” que el pedido de desafuero será algo que deberá resolver la Legislatura y afirmó: “he actuado bien y conforme a derecho”. Junto a él, están imputados el exintendente Juan Carlos Fernández, otros cuatro secretarios de su gestión y los delegados de ATE y UPCN que participaron de la mesa paritaria.

El convenio de los municipales de San Martín de los Andes se aprobó en 2014 durante el gobierno del Frente para la Victoria y fue duramente cuestionado por Rebolledo desde que asumió. La funcionaria lo consideró “un obstáculo para la gobernabilidad” y aseguró que aumentó la masa salarial en un 50%.

Además de la denuncia penal, presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.

El juicio oral tiene fecha para el 14, 15 y 16 de agosto. Para que el legislador pueda presentarse, la Cámara debe suspender su inmunidad.