Nueva ofensiva contra la central nuclear

Organizaciones ambientales, referentes comunitarios y representantes políticos dispusieron ampliar la táctica jurídica tendiente a detener las aspiraciones del intendente de Sierra Grande, Adrián Iribarren. Éste, pretende declarar la inconstitucionalidad de la Ley 5227 que prohibe en todo el territorio rionegrino la instalación de centrales nucleares de alta potencia para la generación de energía eléctrica.

Para lograr ese objetivo los representantes del Movimiento Anti Nuclear de Viedma, la organización Árbol de Pie de Bariloche representada por Ana Wieman, la senadora del partido Río, Magdalena Odarda, y el sacerdote Luis García Rodríguez, presentaron el viernes un “Amicus Curiae” ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

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La figura legal de “Amicus Curiae” (amigo del tribunal), implica la presentación de terceros que son ajenos a un litigio puntual pero que pueden tener un interés en la resolución final, modalidad adoptada muchas veces por organizaciones no gubernamentales que personalizan a un sector determinado de la ciudadanía cuando la sociedad es vulnerada en cuestiones que les afecten.

Los amparistas coincidieron en sostener su postura, de base científica y legal, relacionada con el cuidado del medio ambiente y experiencias con centrales nucleares en otras partes del mundo las cuales desaconsejan por completo la instalación de los emprendimientos de este tipo.

Odarda explicó que “se abrirá un registro de apoyo al recurso de ‘Amicus Curiae’, para defender esta ley que fue aprobada por la Legislatura el uno de setiembre del año pasado, casi por unanimidad”.

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En lo referido a la competencia del parlamento rionegrino, en el marco de la Ley 5227 la presente causa se encuentra abordando uno de los principales temas de debate a nivel nacional en materia ambiental, en cuanto se refiere a la matriz energética que adopta nuestro país y a los modos de generación de la energía que resultarían contestes con el derecho de los ciudadanos a la vida, la integridad física y a un ambiente sano. “La futura resolución a adoptar por el STJ respecto a la constitucionalidad de la referida norma resultará de una importante relevancia institucional, razón por la cual venimos a realizar el presente aporte en función de nuestro trabajo previo en dicha materia”, esgrimieron los amparistas.

Organizaciones ambientales, referentes comunitarios y representantes políticos dispusieron ampliar la táctica jurídica tendiente a detener las aspiraciones del intendente de Sierra Grande, Adrián Iribarren. Éste, pretende declarar la inconstitucionalidad de la Ley 5227 que prohibe en todo el territorio rionegrino la instalación de centrales nucleares de alta potencia para la generación de energía eléctrica.

Para lograr ese objetivo los representantes del Movimiento Anti Nuclear de Viedma, la organización Árbol de Pie de Bariloche representada por Ana Wieman, la senadora del partido Río, Magdalena Odarda, y el sacerdote Luis García Rodríguez, presentaron el viernes un “Amicus Curiae” ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La figura legal de “Amicus Curiae” (amigo del tribunal), implica la presentación de terceros que son ajenos a un litigio puntual pero que pueden tener un interés en la resolución final, modalidad adoptada muchas veces por organizaciones no gubernamentales que personalizan a un sector determinado de la ciudadanía cuando la sociedad es vulnerada en cuestiones que les afecten.

Los amparistas coincidieron en sostener su postura, de base científica y legal, relacionada con el cuidado del medio ambiente y experiencias con centrales nucleares en otras partes del mundo las cuales desaconsejan por completo la instalación de los emprendimientos de este tipo.

Odarda explicó que “se abrirá un registro de apoyo al recurso de ‘Amicus Curiae’, para defender esta ley que fue aprobada por la Legislatura el uno de setiembre del año pasado, casi por unanimidad”.

En lo referido a la competencia del parlamento rionegrino, en el marco de la Ley 5227 la presente causa se encuentra abordando uno de los principales temas de debate a nivel nacional en materia ambiental, en cuanto se refiere a la matriz energética que adopta nuestro país y a los modos de generación de la energía que resultarían contestes con el derecho de los ciudadanos a la vida, la integridad física y a un ambiente sano. “La futura resolución a adoptar por el STJ respecto a la constitucionalidad de la referida norma resultará de una importante relevancia institucional, razón por la cual venimos a realizar el presente aporte en función de nuestro trabajo previo en dicha materia”, esgrimieron los amparistas.

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