Los desafíos del nuevo protocolo de detención de menores

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El coordinador provincial de la subsecretaría de jóvenes en conflicto con la Ley Penal, Emerson Cáseres, señaló que el nuevo protocolo para la detención de menores “se aplica en forma progresiva, se tiene que ir profundizando y en una instancia que nos permita seguir articulando con Salud, que tenga prioridad la atención, y con respecto a la policía, se debe seguir trabajando en la capacitación”.

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Sobre los factores de riesgo, hizo mención a que en esta nueva experiencia “se dan diferencias que (el Protocolo) viene a salvar” aunque haya inconvenientes.

Cáseres insistió en que “viene a poner en juego que tanto Seguridad y Justicia (que tiene bajo su órbita la policía), y Salud, puedan opinar”.

A su entender, los registros de ingresos no reflejan un aumento de casos, y son muy pocos, tomando en cuenta que la Provincia de Buenos Aires tiene unos 600 jóvenes privados de su libertad.

Las cifras que obran en poder de la Senaf, indican que entre julio y agosto hubo tres demorados por espacio de 12 horas en Viedma, seis en Bariloche durante agosto, dos en un centro socioeducativo de esta capital, y otros tantos en una institución similar de Roca. El libertad asistida se encuentran una decena de adolescentes.

“Estos (bajos) números reflejan de que el imaginario popular no se condice con lo que vemos actualmente en los diarios sobre (el incremento de) la delincuencia juvenil. No tienen nada que ver con el hecho objetivo real que nosotros manejamos (de las cifras) y que notifica la policía”; concluyó Cáseres.