Los cráteres abiertos de Vialidad

Investigación: los cráteres abiertos de Vialidad

Se suman más irregularidades a las no investigadas en el distrito rionegrino del organismo nacional.

Aquel brindis tras el asado del Día del Trabajador fue el indicador de que en el distrito rionegrino de Vialidad Nacional escaseaba la voluntad de ir al hueso frente a las denuncias de corrupción que se conocieron.

“Los problemas son muchos, y en esta transición Arturo Montero de Espinosa es mi hombre de consulta… es el que más conoce Vialidad”. Esto dijo frente al propio Montero Raúl Obieta, el flamante jefe de la institución, según registró el sitio “Todo es política”. Paradójicamente, Obieta fue designado para apartar a Montero por las sospechas que había sobre él y su núcleo más leal de conducción. “Río Negro” las enumeró y profundizó en su investigación “El lado oscuro de las rutas”.

Eran comprensibles los rostros de estupefacción de una parte de los asistentes, que creían en la posibilidad de un saneamiento del distrito, sobre todo luego de los cuatro allanamientos en la casa central de Vialidad en Viedma y en el municipio de San Antonio Oeste, coincidentes con la remoción del mandamás.

Sin embargo, la institución no inició ningún sumario interno. Los principales coroneles de la gestión anterior –tan sospechados como su jefe– siguen en funciones. Tampoco la Justicia produjo novedades significativas en la causa. Y Montero, aun sin ser ya el jefe, trajina como si nada los pasillos de Vialidad.

Este diario describió (sobre la base de testimonios de ingenieros, personal de obra, exjerárquicos, legisladores, intendentes, concejales y gremialistas) un vasto menú de maniobras: “Tragadas” con el espesor del pavimento colocado, trabajos sobrecertificados y sobreprecios de hasta tres veces el valor real, obras pagadas pero no ejecutadas, supervisiones no hechas, serios defectos en la realización de trabajos por material de mala calidad, tareas inconclusas entregadas como “obra terminada”, etcétera. Se publicó el detalle de las anomalías y sus localizaciones en rutas 22, 23, 151, 3 y accesos o calles de municipios. Además se dieron a conocer denuncias internas de negocios particulares y crecimiento patrimonial de hombres de la cúpula.

“Río Negro” conoció nuevos y graves desatinos en la construcción de la obra vial en Río Negro, así como vínculos llamativos de funcionarios con contratistas y consultoras, frecuentes “modificaciones de obra” que generaron dispendio de dinero, más sospechas de dádivas y evidencia de abuso de recursos públicos para fines políticos. También la certeza de que no pocos trabajadores que se animaron a denunciar dentro de la institución fueron, durante la gestión Montero, apartados de sus responsabilidades o confinados a tareas inespecíficas.

La “tragada” más reciente:

la Ruta 251

¿Cómo es posible que una costosa ruta repavimentada escasos meses atrás exhiba cráteres y fisuras parangonables con los peores tramos de caminos de la región? ¿Qué calidad de trabajo se hizo que no ha sido capaz de soportar unos pocos días de lluvia intensa?

En más de 40 kilómetros de la Ruta 251, que une San Antonio Oeste y Conesa, los pozos no son nada superficiales: llegan hasta la base granular (el ripio calcáreo). Y hay fisuras que alcanzaron el mayor grado (6), denominado “piel de cocodrilo”. En estas horas había desesperados intentos por disimularlos.

Tan vertiginosa destrucción sólo puede explicarse desde la mala praxis, la inadecuada calidad del material empleado o la deliberada decisión de escatimar mezcla asfáltica.

Parece probable que, previo a la “echada”, no se haya hecho un buen remiendo de los baches que existían o directamente no se haya levantado la parte muy rota. Algunos testigos de la obra relataron a este diario que advertían que la mezcla, apenas tirada, en algunos sectores mostraba el efecto “panal de abejas”. Tras una lluvia de las características registradas semanas atrás, la humedad penetró la carpeta (cosa que no debería haber ocurrido) y el frío intenso hizo el resto: la congeló, expandió y desprendió.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, la obra de repavimentación y ensanche fue realizada por la empresa Coarco SA en el sector Empalme Ruta 22-Empalme Ruta 3 (acceso a SAO), kilómetros 120 a 190,50.

El presupuesto –de 2010– había sido planteado en 151.388.200 pesos. El monto original del contrato fue de 168.783.139,55 pesos, pero el valor al que se llegó fue 420.803.478,99 pesos, es decir casi un 160% más.

Debían aplicarse entre 5 y 6 cm de base de asfalto y entre 4 y 8 cm de carpeta asfáltica sobre una sub-base y base granular de 20 centímetros cada una.

No obstante, una rápida mirada de los baches generados despierta dudas sobre el espesor que se le dio al paquete asfáltico: a simple vista puede advertirse la ausencia de la base de concreto.

Fuentes de la obra señalaron que los supervisores de Vialidad Nacional para este tramo fueron las ingenieras Mariana Arreguin y Rosa Bustos, ambas bajo la conducción de Esteban Porro, jefe de la División Obras.

El segmento que se rompió está entre los kilómetros 140 y 185.

Coarco le compró la mezcla a un subcontratista de Viedma.

Apenas surgieron los cráteres, Vialidad recurrió –desesperada– a la empresa Equimac para que le venda asfalto para tapar las evidencias del torpe trabajo concluido hace apenas unos meses (tres a nueve, según los tramos).

Equimac no es la primera vez que sale en auxilio de Vialidad por negligencias. Es recordado el escandaloso caso del pavimento urbano de Choele Choel (avenida Alfonsina Storni), en el que se pagaron cuatro cuadras que directamente no se hicieron. Y las que sí se concretaron tuvieron fallas notorias y –se denunció– una carpeta de 3 cm en vez de los 5 contratados y pagados.

Esos trabajos los hicieron las empresas Rodalsa SA y Norten. Aseguran que estas constructoras trabajaron sin equipo suficiente. Fue tan grosero el resultado que finalmente debieron recurrir a Equimac para terminar las pocas cuadras que se estaban haciendo mal.

Pasaron ya tres años desde que la Justicia intervino por una denuncia penal. Recién semanas atrás el expediente se movió ligeramente.

Una consultora mimada

Existe una novel consultora localizada en Buenos Aires que, invariablemente, aparece en medio de la mayoría de las obras viales y de infraestructura de Río Negro. Casi todos sus trabajos son realizados en la provincia y sus clientes vinculados a éstos, pese a su condición de firma “nacional”. Así lo delata incluso su sitio web.

Es PI Emprendimientos, un estudio de planificación y diseño de proyectos, cálculos e inspección de obras viales, de estructuras y de arquitectura. Sus oficinas están en un antiguo espacio del piso 4 de San Martín 424, casi Corrientes, en pleno centro porteño.

Profesionales de Vialidad saben que muchos de los trabajos que hizo Vialidad tenían la premisa de pasar por PI. Escucharon al jefe de Obras, Andrés Porro, decirlo. Es más, suponían que algún vínculo o interés directo podía tener el funcionario (virtual segundo jerárquico del distrito) con esa firma por el énfasis que empleaba para referirse a la empresa.

Sea como fuere, se sabe que el trato de Porro con el dueño de PI, el ingeniero Facundo Bermúdez, es intenso.

PI se involucró también en los planes del Programa Federal de Viviendas con todos los municipios, que tenía como impulsor a Marcos Pisanu, mano derecha del senador Miguel Pichetto. Es el ambicioso programa de construcción de cientos de unidades habitacionales conocido como “Techo Digno”, que dejó casas pero también números oscuros y obras truncas en varias localidades. Pichetto, como se sabe, fue además un actor clave en los desarrollos viales de la provincia.

¿Qué necesidad había de que PI estuviera triangulando las obras viales y de viviendas? Las grandes empresas de construcción tienen sus propios profesionales de planificación y cálculo. Y Vialidad tiene supervisores. De modo que no se explica tanto involucramiento.

En el caso de las viviendas, la documentación de obra (planos, cálculo estructural, etc.) que le hacía PI a las constructoras era prácticamente la misma –un calco– para 16 municipios, aunque la facturación naturalmente era individual. PI era visto como el nexo necesario con los intendentes que habían acordado las obras; una especie de gerenciador.

Hay una anécdota que grafica cuán directa se exhibía la relación entre PI-Vialidad y uno de los municipios beneficiados con una gran obra vial: San Antonio Oeste. En determinado momento, Vialidad requirió la formalidad de notas para la obra de los accesos y enlaces de la localidad (los mismos que empezaron con un presupuesto de 160 millones y hoy ya llevan un costo duplicado de 312 millones, pero un avance de apenas el 25%). Se necesitaba la firma de PI pero también la conformidad del ex intendente Javier Iud. “Mandanos todo a nosotros que nos encargamos”, dijeron desde la consultora. A la media hora faxearon desde Buenos Aires la carta con la firma de Iud. Al parecer, el sello del intendente estaba bien a mano.

La escandalosa obra de San Antonio, en la que PI acordó cobrar 8.950.000 pesos para inspeccionarla junto a Coninoc SA (con la que formó una UTE), está hoy en la mira de la Justicia.

En los allanamientos realizados en abril en el municipio de San Antonio fue incautada documentación de la empresa que construye los accesos -Gancedo- y de esta UTE que los supervisa.

La investigación deberá profundizar el nexo Vialidad-PI, pero también entre PI y la empresa Gancedo, como se presume.

Juan Felipe Gancedo SA es una firma de Viedma que tuvo un explosivo crecimiento durante la era K. De hecho figura en el puesto 24 de la lista de 36 empresas que se beneficiaron con la obra pública, entregada por Lázaro Báez al juez federal Sebastián Casanello para hacer creer que él estaba último en la nómina.

Siempre se vinculó a Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente, con Gancedo. La empresa figuró entre las principales 60 cuentas sin declarar en el banco HSBC de Suiza, por 12,2 millones de dólares. Y también fue investigada por la emisión de facturas falsas en el caso Skanska.

Gancedo es un destinatario privilegiado de las obras de Vialidad en Río Negro: además de los accesos, tiene dos corredores de la Ruta 3 por un total de $ 930 millones , el tramo Maquinchao-Jacobacci de la Ruta 23 por 421 millones y Los Menucos-La Esperanza por 356 millones. También Gancedo habría cobrado unos 80 millones por una recolección de cenizas del volcán Puyehue que genera sospechas, en contraste con el valor bastante inferior percibido por otras empresas. PI habría manejado las modificaciones de obra definiéndolas como “evento compensable”.

Un dato significativo –según testimonian profesionales de Vialidad– es que todas las modificaciones de obra que tiene Gancedo en los trabajos de Vialidad son superiores a las de otras empresas: van del 40 al 60 %, incluso el 100%. Por la Ley de Obras Públicas, estas modificaciones no podrían exceder el 20 %.

Respecto de la estrecha relación Vialidad-PI deberá indagarse el uso de recursos públicos de Vialidad en beneficio de la consultora (vehículos y personal). Fuentes del organismo refirieron a “Río Negro” que dos contratados de VN oficiaban regularmente de proyectistas de PI. Uno es topógrafo y el otro dibujante cadista. Se los solía ver con sofisticado equipamiento, como estaciones totales robóticas geodésicas y topográficas, GPS a radiofrecuencia y plotters. Se desconoce si estas herramientas eran provistas por empresas (como Gancedo) o eran patrimonio de Vialidad. Y qué destino tuvieron.

Otro de los empleados jerárquicos de PI, un joven ingeniero, trabajaba en el municipio de San Antonio Oeste pero fue reclutado por Vialidad para ser incorporado a la consultora.

La sospecha central es que PI pudo ser generada o utilizada para canalizar la mayoría de las “modificaciones de obra” que se definían en los proyectos en marcha. En esa hipótesis, los proyectos de modificación –y obras complementarias de contratistas– debían ser encargados “obligatoriamente” a PI, pagados por adelantado, y éstos salían rápidamente con la “garantía de aprobación” de Vialidad Nacional.

La empresa tiene seis años, aunque desplegó la mayor actividad en los últimos cuatro. Fue creada en agosto de 2010 por el matrimonio bahiense Néstor Marcelo Ibargüen y Marcela Rovere. En abril de 2012 asumió como presidente del directorio Facundo Bermúdez, ingeniero platense, y Lorena Velozo como directora suplente. Dos fuentes acreditadas aseguraron que Bermúdez tenía relación estrecha con José Francisco López, segundo de Julio De Vido en la larga era K, detenido el martes cuando intentaba esconder millones de dólares en un convento. También Porro se ufanó, en más de una oportunidad, de vincularse directamente con “el rey de la obra pública” ahora preso.

La ignota PI irrumpió con fuerza en Río Negro en coincidencia con el desplazamiento de Consulbaires, una de las más reconocidas empresas de cálculos y proyectos del país. Consulbaires trabajaba entonces en la Ruta 23. Llamativamente, dejaron de ser convocados desde 2010.

Ante “Río Negro”, El titular de PI admitió conocer a Porro “obviamente, por las obras que hacemos. Nos hemos juntado en Vialidad y tuvimos reuniones”. Primero negó haberle comprado la sociedad a Ibargüen, aunque después lo recordó. Negó conocer a Pisanu y que la empresa haya utilizado recursos de Vialidad o equipamiento de empresas. “Tenemos equipos y vehículos propios”, sostuvo.

“Vialidad paralela”

Además de Gancedo y PI, otras contratistas mantuvieron estrecho vínculo con la cúpula de la gestión Montero.

Una es Ingeniería y Arquitectura. Fue la responsable de obras en Ruta 3, cuestionadas por banquinas de arena que la lluvia terminó arrasando y debieron ser arregladas por las máquinas de Vialidad. Se hace notar que la supervisora de VN Mariana Arreguin llegó a controlar a su propio esposo, jefe de Obra de Ingeniería y Arquitectura.

También está Vial Agro, acusada de negociados por sobreprecios por el intendente de Mainqué, Miguel Petricio, quien padeció un trabajo mal hecho en el acceso a su ciudad y se cansó de reclamarle a la empresa. Respecto de esta firma (cuyo titular Pablo Quantin fue procesado por presuntos sobreprecios en la obra de 50 cuadras de asfalto de San Antonio), fuentes consultadas hablan de frecuentes viajes de responsables de Vialidad a la sede de la firma en Tres Arroyos.

En la constelación de empresas amigas, informes internos mencionan también a Equimac, Contreras y Decavial, entre otras.

¿Bacheo por vacas?

La sospecha de dineros o pago en especie de empresas a funcionarios es más que un secreto a voces dentro de Vialidad. En abril, el flamante administrador general Javier Iguacel fue puesto al tanto en un informe firmado por un testigo clave, que tuvo directa vinculación laboral con el exjefe Montero.

Escribió: “Le informé a Montero de Espinosa sobre el uso nocturno de un camión del parque automotor del Distrito, que estaba pasando a Patagones con ganado, utilizando el camino conocido como ‘cruce del río por Guardia Mitre’. Su respuesta fue: ‘que hagan fila y me chupen…’ Así me di cuenta de que estaba informando a la persona menos indicada”.

Otras fuentes relataron el episodio que habría dado origen a esta denuncia. En una ruta del sur rionegrino habían aflorado baches. La inspección le ordenó a la contratista que los tape. No lo hacían, Cuando se les insistió, el responsable contestó: “Mirá… no hay más bacheo, se terminó. Tu jefe los cambió por vacas”. Se hablaba de unas 2.000 toneladas de mezcla asfáltica ahorrada por la empresa (pero que debía ser usada para cubrir baches antes de un reasfaltado) a cambio de “dos jaulas de vacas” que provenían de un campo cerca de Azul, propiedad de un productor agropecuario, dueño de la contratista.

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En los interiores de Vialidad se advierte que la consultora contratada para la inspección del tramo Roca-Allen de la autovía de la 22 estuvo cobrando, pese a que la obra ni siquiera comenzó.

EL LADO OSCURO DE LAS RUTAS (II)

Le informaba al propio jefe de Distrito, Montero de Espinosa, sobre las cosas que me llamaban la atención en mi recorrida por las obras. ‘Vos no te metás, decime a mí que yo lo voy a agarrar’, me respondió”.

Informe de un agente de Vialidad a Javier Iguacel, administrador de Vialidad Nacional, en abril pasado

Tal fue la tensión por la rotura de la ruta que, incluso, hubo escenas de pugilato entre obreros locales y otros que envió la contratista desde provincia de Buenos Aires.