Gutiérrez sobre la quita a jubilaciones: “Es un derecho, no un privilegio”

El gobernador de Neuquén se opuso a la reducción del beneficio por zona desfavorable. Aseguró que los jubilados provinciales no sufrirán modificaciones.

Gutiérrez sobre la quita a jubilaciones: “Es un derecho, no un privilegio”

El gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez rechazó la reducción a la mitad del beneficio por zona desfavorable a los jubilados nacionales.

“Es un derecho, no un privilegio”, sostuvo el mandatario quien indicó su oposición a la baja de los haberes de los jubilados. Indicó que los jubilados de la región deben enfrentar una diferenciación por las grandes distancias que deben recorrer como así también la diferencia de precio en los servicios.

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Contrastó la situación con lo que ocurre en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén que administra las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos provinciales. Dijo que los jubilados provinciales seguirán recibiendo el beneficio del 40% por zona desfavorable. Esta medida afectará a unos 5.000 trabajadores de Río Negro.

El presupuesto nacional, elevado al Congreso para su tratamiento, diferencia el beneficio de zona austral en el régimen previsional para los patagónicos, manteniendo el 40% en quienes ya están retirados pero bajándolo a un 20% para los futuros jubilados.

Además, tampoco se podrá superar “dos veces el haber mínimo”, que hoy está en $8.650, por lo cual, la exclusión del pago diferencial alcanzaría a quienes perciban ingresos por encima de los $17.300.

Neuquén no armoniza su caja jubilatoria provincial

A comienzos de mes, el gobernador reiteró su rechazo a lo armonización de la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) con la del Anses.

La declaración de Gutiérrez surgió luego de que el gobierno nacional publicara el decreto 730 que reglamentó el régimen de asistencia financiera acordado con las provincias en el Pacto Fiscal.

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La norma indica como objetivo “colocar a todas las provincias en igualdad en materia previsional” y establece que los aportes económicos que se envíen serán calculados simulando “los desequilibrios que estaría asumiendo el Estado nacional si el sistema previsional hubiese sido transferido el 31 de diciembre del año 1999”. También incorpora un sistema de auditoría y un régimen simplificado de remisión de información de las provincias a la Anses.


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