Crece oposición a la mina en Campana Mahuida

NEUQUÉN (AN).- Los vecinos autoconvocados de Loncopué le solicitaron ayer al gobernador Jorge Sapag una nueva fecha para la audiencia pública que opinará sobre la instalación de una mina de cobre que impulsa una empresa de capitales chinos.

Paralelamente denunciaron que entre otras irregularidades no se están resguardando los plazos establecidos para convocar este debate y advirtieron que están dispuestos a cortar rutas si su planteo no es atendido.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El director de Minería, Carlos Portilla, confirmó que la audiencia se hará el 28 de enero y dijo que se aprobó el informe de impacto ambiental de la firma Emprendimientos Mineros.

Puertas adentro del gobierno están convencidos de la factibilidad del proyecto y creen que cualquier dilación puede hacer naufragar una iniciativa que consideran vital para Loncopué y sus alrededores,

Los autoconvocados de Loncopué dieron ayer una conferencia de prensa en esta ciudad. Al frente del reclamo se puso el cura José María D´Orfeo, que junto con representantes de la comunidad mapuche Mellao Morales y otros de la sociedad civil, hablaron con los medios.

«El reclamo cuenta con el total respaldo de la Iglesia», dijo D´Orfeo y señaló que en la visita a la Gobernación de ayer no fueron recibidos por el gobernador, a quien no obstante le dejaron una extensa nota.

«Si es necesario vamos a salir a cortar rutas para que tengan en cuenta nuestro planteo», dijo ante una consulta D´Orfeo, que preside AVAL, la asamblea de vecinos autoconvocados de Loncopué. La visita llegó luego de que el gobierno fijara el viernes la fecha de la audiencia pública.

Los autoconvocados sostienen que así no se respeta el mínimo de 30 días administrativos necesarios para concretar el cónclave desde el momento de su convocatoria, establecidos en el decreto reglamentario de la ley 2267. Entre el llamado vigente y su realización median 19 días.

Todavía no hay un estudio de impacto ambiental que eche luz sobre qué implicará la explotación de una mina de cobre. Lo que hasta ahora existe es un «informe» ambiental, le dicen en su texto a Sapag, y agregan que es insuficiente para emitir una opinión fundada. Por la tarde el boletín de prensa del gobierno reprodujo declaraciones del director de Minería Portilla, quien ratificó la fecha de la audiencia y dijo que el informe de impacto ambiental, que «reviste carácter de declaración jurada», fue avalado.

Al margen de denunciar obstáculos para acceder y difundir el contenido del informe que hay en la dirección provincial de Minería, en Zapala, donde no les permitieron hacer fotocopias del expediente, los pobladores de la zona ven una «maniobra» en la elección de la fecha. D´Orfeo señaló que el 28 de enero se eligió a sabiendas de que los principales interesados en la conservación del medio ambiente están «en la veranada», dando de comer a sus animales, y se dificulta mucho su presencia. Sucede lo mismo con quienes no se dedican a la actividad rural, ya que la audiencia se realizará en pleno período vacacional. Para garantizar la participación de los «principales afectados», previa culminación de un estudio de impacto ambiental, el cura solicita que se haga «en alguno de los parajes» aledaños a la mina y no en el gimnasio de Loncopué, como está previsto.

En el párrafo más crítico del documento le dicen a Sapag que los funcionarios que de «usted dependen (…) han priorizado la agenda de las voraces empresas que pretenden saquear nuestros valiosos recursos sin reparos (…) poniendo en serio riesgo nuestros acuíferos aún inexplorados».