Rectores patagónicos cuestionan el ajuste y salen en defensa de las universidades

Un fuerte reclamo como consecuencia de las restricciones que impone el gobierno nacional lanzaron en un documento los rectores Juan José Castelucci por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Víctor Crisafulli por la Universidad Nacional del Comahue, Juan Carlos Del Bello por la Universidad Nacional de Río Negro, Carlos De Marziani por la Universidad Nacional San Juan Bosco y Hugo Rojas por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

La declaración conjunta hace referencia a los padecimientos económicos precisando que el actual presupuesto “se ha venido subejecutando” y para gastos no salariales de funcionamiento, durante los primeros seis meses del año “recibimos solamente fondos para un mes y medio, (y) recién ahora hemos percibido los fondos correspondientes a los primeros cinco meses del año”.

Consideran que “el retraso en la recepción de los fondos sumado al proceso inflacionario ha provocado situaciones de asfixia económica y financiera” a lo que se añade “la devaluación de la moneda en un 40% que impacta sobre el equipamiento educativo y científico que se cotiza en dólares”.

En cuanto al presupuesto para infraestructura ponen como ejemplo que el 50% corresponde a obras que no han iniciado (9% con contrato firmado, 10% sin contrato firmado y 33% obras licitadas sin autorización para adjudicar). Al respecto, recuerdan que “el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha estimado que del presupuesto 2018 por 4.642 Millones de pesos para infraestructura universitaria, el 84,3% corresponde a obras con problemas de continuidad”.

Sobre la paritaria nacional de los docentes universitarios, los rectores regionales denuncian que “está trabada porque el Estado nacional ha ofertado sólo un 15% de aumento sin cláusula gatillo, en un escenario de inflación anual que supera el 32%”. A su vez, mención que la propuesta gubernamental ha sido rechazada por todos los gremios docentes.

Por otro lado, hacen referencia a que “la continuidad de las actividades académicas está seriamente comprometida” y en consecuencia “los 56 rectores de universidades nacionales hemos acordado un plan de acción a partir del incumplimiento de las promesas de regularización de las obras y los gastos de funcionamiento, así como de la necesidad de recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes”.

Plantean que las universidades patagónicas son de las más afectadas por el ajuste de las obras, poniendo como ejemplo que “contamos con dos universidades de reciente creación (Tierra del Fuego y Río Negro), que no cuentan con edificios áulicos y de laboratorio, y las tres universidades con más de 10 años de antigüedad tienen importantes problemas edilicios”.

En cuanto a la decisión del gobierno nacional de anular el adicional por zona en las asignaciones familiares -suspendido por 30 días- y ante la hipótesis de avanzar sobre el adicional por zona de los trabajadores activos, estiman que “ sería catastrófico para el sistema universitario, científico y tecnológico patagónica”.

Argumentan que para las universidades patagónicas “una medida en esa dirección comprometería seriamente la calidad académica” y “dicho adicional ha sido históricamente clave para atraer a nuestra región a profesores con experiencia provenientes de las universidades más tradicionales”.

En el capítulo de tarifas en servicios públicos, los rectores patagónicos opinan que “si bien el impacto tarifario es mayor en las universidades del conurbano bonaerense, para las universidades patagónicas el aumento de precios del transporte público y los combustibles, así como el incremento en el servicio de conectividad, tiene una incidencia negativa mucho mayor, porque nuestras universidades se caracterizan por un modelo de amplia cobertura de un vasto territorio de miles de kilómetros cuadrados de superficie, con significativas deseconomías de aglomeración en comparación con las universidades con una sola sede”.

Por todo lo planteado, los rectores suman a “la defensa irrenunciable de la Patagonia argentina, del interior profundo de la Patria, y en contra de modelos centralistas, que postulan la concentración económica, el endeudamiento externo y la desigualdad social como premisas”.