Rafecas toma el control de la causa Hotesur

Archivo

BUENOS AIRES.- El juez federal Daniel Rafecas ordenó ayer a la Policía Metropolitana entregar toda la documentación digital que secuestró en los allanamientos que se hicieron hace unas semanas en Santa Cruz en el marco de la causa Hotesur, la investigación que salpica a los hoteles de la familia de la presidenta Cristina Fernández. Fuentes del caso confirmaron que Rafecas envió un oficio a la Policía Metropolitana para entregar los soportes informáticos con la documentación que se había incautado en los allanamientos realizados en el sur. Mientras, la documentación en papel ya había sido remitida directamente al juzgado de Rafecas, porque estaba siendo transportada vía terrestre desde Santa Cruz a Buenos Aires cuando la Sala I de la Cámara Federal dispuso el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio del caso por presunta parcialidad. Ante esta noticia, la diputada nacional por Unión Pro Patricia Bullrich solicitó a Rafecas que “preserve la prueba” de la causa Hotesur, y consideró que “el kirchnerismo intenta preparar un escenario de impunidad”. Para Bullrich, el objetivo de Rafecas “debe ser preservar la prueba, no responder los pedidos del Ejecutivo, más aun cuando es la familia presidencial la que está siendo investigada”. Según se indicó ayer en tribunales, ahora Rafecas dispuso que los soportes informáticos –discos rígidos, DVD y pen drives– que la Policía Metropolitana había secuestrado fueran remitidos a la Prefectura. Hotesur, presidido por Romina Mercado –sobrina de la presidenta Cristina Fernández–, es la empresa que administra los hoteles que la familia Kirchner tienen en el sur del país. En noviembre pasado, el juez Bonadio abrió una investigación para esclarecer si la compañía cometió irregularidades en la presentación de sus balances, por impulso de la diputada Margarita Stolbizer, y luego el fiscal Carlos Stornelli amplió la pesquisa al delito de lavado de dinero por el alquiler de las habitaciones en esos hoteles por parte del empresario Lázaro Báez. El 12 de julio pasado, Bonadio dispuso una serie de diligencias en Santa Cruz para pedir información sobre 35 empresas, como bancos y firmas del contratista de obra pública Lázaro Báez, socio de la presidenta y exadministrador del Alto Calafate. Como el procedimiento le fue ordenado a la Policía Metropolitana, el gobierno vinculó a Bonadio con el jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial Mauricio Macri. Tras esas diligencias, la Sala I de la Cámara Federal dispuso de oficio separar a Bonadio de la causa por entender que había perdido la imparcialidad y anuló unos peritajes a pedido de la defensa. (DyN)