Quitan la facultad de evaluar jueces al Consejo de la Magistratura

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quito la facultad que se le otorgó al Consejo de la Magistratura para evaluar la idoneidad de los jueces.

En la reforma constitucional del 2006, se le asignó al Consejo la selección y evaluación de los jueces y funcionarios judiciales.

Cuatro años después, la Asociación de Magistrados presentó una acción de inconstitucionalidad, por lo que el TSJ suspendió la vigencia del Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales y del artículo de la ley que le otorgó la facultad de evaluar.

Finalmente, hoy el Tribunal Superior resolvió que la Convención Constituyente se había excedido en sus atribuciones ya que la facultad otorgada al Consejo “es nula en tanto no fue prevista en la ley de Convocatoria”, por lo que “declaró la inconstitucionalidad del art. 28 de la ley 2533 que la reglamenta y toda normativa dictada en consecuencia”.

Además, desde el TSJ se recordó que las sentencias de los jueces son revisadas por otros en instancias superiores, que son evaluados por el Jurado de Enjuiciamiento que lo puede remover si encuentra causales de mal desempeño y que la Auditoria General es el organismo que realiza las evaluaciones periódicas orgánicamente.

La resolución fue firmada por los vocales Evaldo Moya con Alfredo Elosú Larumbe y Ricardo Kohon, el jefe de fiscales, José Gerez, y el conjuez Adolfo Manson.

A seis años de la medida cautelar que suspendió las evaluaciones de idoneidad y desempeño sobre los jueces y funcionarios del Poder Judicial, el diputado Raúl Podestá (FG-NE) busca apoyo de sus pares para que la Legislatura manifieste su preocupación por el tiempo transcurrido sin que haya una resolución de fondo.

El legislador planteó en los fundamentos del proyecto que, “transcurridos 10 años desde la reforma de nuestra Constitución Provincial, mediante la cual nuestros convencionales le otorgaron al Consejo de la Magistratura dicha función, aún no se ha podido ejercer por la suspensión dispuesta”.

La medida se hizo a pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia presentado en 2010, que solicitó al Tribunal Superior de Justicia que ordene la suspensión de la vigencia del Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales dictado por el Consejo de la Magistratura, y del artículo de la ley que le otorgó la facultad de evaluar. A la fecha, el TSJ aún no resolvió sobre su constitucionalidad.

El proyecto de Podestá fue presentado el jueves y propone declarar “preocupación por el lapso de tiempo transcurrido”, e hizo hincapié que se incumple una manda constitucional que establece la periodicidad en la evaluación técnica de todos los jueces y funcionarios.