¿Quién recorta el poder del Consejo de Seguridad?

El único órgano coactivo de las Naciones Unidas y encargado de mantener la paz, el Consejo de Seguridad, debería ser más representativo, dicen los países de la ONU, pero los mecanismos de reforma son tan complicados que la tarea sería titánica si no hay acuerdo entre los poderosos.

La reforma del Consejo de Seguridad es uno de los muchos cambios -pero tal vez uno de los más importantes y difíciles- que se esperan de la ONU para responder a los desafíos del siglo XXI.

El tema se trató en la Cumbre del Milenio en Nueva York, con más de 150 mandatarios de todo el mundo que discutieron sobre la función de las Naciones Unidas en el nuevo siglo. Pero sin resolución alguna.

Al parecer existe acuerdo sobre la necesidad de hacer una ONU más cercana a la sociedad civil, con más gente en el terreno que en las oficinas, donde las organizaciones no gubernamentales -las que verdaderamente están en estrecho contacto con los pueblos- pudieran cumplir un papel activo, así como las fundaciones, los parlamentos y el sector privado.

La revolución tecnológica, especialmente en materia informativa con Internet, debería extenderse a todo el mundo como uno de los medios más eficaces para acabar con el hambre y la pobreza, que la ONU quiere reducir a la mitad para 2015.

Otro punto importante sería fortalecer el poder de la Asamblea General, teóricamente soberana. Pero sus decisiones son sólo recomendaciones, por lo cual por la vía de los hechos está sometida al Consejo, cuyas resoluciones son obligatorias y se imponen por la fuerza si es necesario.

Si bien hay un cierto consenso general sobre lo que se debería hacer, el problema es cómo. En este contexto se enmarca también la reforma del Consejo de Seguridad, el órgano más elitista de la ONU.

Actualmente, el Consejo está integrado por 15 miembros, cinco de ellos permanentes y con derecho a veto (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China) y diez no permanentes con duración de dos años, dos de éstos por América Latina (Argentina y Jamaica).

Según la Carta de las Naciones Unidas, sólo podrán hacerse enmiendas a ella, es decir cambios en la organización, cuando las dos terceras partes de los miembros estén de acuerdo -incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad- y estas decisiones sean refrendadas por los respectivos parlamentos.

Hoy, con 190 países miembros, se necesitaría el voto favorable de 127 de ellos. Y esto podría significar, como comentan algunos diplomáticos latinoamericanos en tácita alusión a los privilegios poco democráticos de los miembros permanentes del Consejo, que aunque la reforma fuera avalada por 189 países, si el parlamento de un permanente dijera que no, sería rechazada.

Desde que la ONU comenzó a funcionar, en octubre de 1945, se han enmendado sólo cuatro artículos, uno de ellos dos veces. En 1965 aumentó de 11 a 15 el número de miembros del Consejo y de siete a nueve el número de votos necesarios -incluidos los permanentes- para tomar decisiones de fondo pero no de procedimiento.

El debate está abierto y los puntos en discusión son principalmente cuatro: el derecho de veto, el aumento del número de miembros permanentes y no permanentes, la transparencia en su accionar y la reforma de los cuerpos de paz que de él dependen.

El Grupo de Trabajo para la reforma del Consejo de Seguridad está trabajando desde 1993, pero hasta ahora sólo ha elaborado algunos documentos con las propuestas, ni pocas ni unificadas.

Algunos países, como México, están molestos porque el Consejo ha extralimitado sus funciones, ocupándose de cuestiones humanitarias o recientemente del sida, cuando su tarea debe ser el mantenimiento de la paz. Y cuando se trató de mantenerla, los «cascos azules» enviados a las zonas de conflicto muchas veces fracasaron, según un reciente estudio de la ONU.

Para algunos países latinoamericanos, eliminar el derecho de veto es prácticamente imposible, por lo cual sería más fácil tratar de limitarlo. En este sentido, las propuestas son varias, pero sobre todo tratan de estimular el uso del veto sólo en casos excepcionales y por razones relativas al bienestar general y no como ahora, esgrimido como arma para defender propios intereses.

Otra propuesta dice que si una decisión dentro del Consejo adquiere los votos necesarios, se debería requerir al menos el veto de dos miembros para que éste fuera válido.

Si bien el grupo de países latinoamericanos de la ONU es uno de los que más discuten cuestiones fundamentales, no hay propuesta común en cuanto a las reformas del Consejo y el grupo está bastante dividido.

Uno de los temas escabrosos en este sentido es el aumento de los miembros permanentes porque, de producirse, muchos dan como candidato seguro por América Latina al Brasil (por Europa a Alemania, pese a la oposición de Italia, y al Japón e India por Asia). Pero a los colegas latinoamericanos parece que la idea no les cae muy bien, porque algunos prefieren un lugar rotativo.

¿Para qué seguir multiplicando los privilegios (el veto), si la mayoría se queda sin ellos? ¿Para qué seguir aumentando el número de impunes?, se preguntan muchos. Por eso, dicen la Argentina y España, es mejor aumentar sólo el número de miembros no permanentes.

La Argentina se opone incluso al llamado «Club chico», es decir que el nuevo puesto en el Consejo fuera para un reducido número de países que se lo rotaran. (DPA)