Qué dice el acuerdo entre Ramos Mejía y Capsa por el cerro Catedral
El legislador desistió de una de las demandas que frena la prórroga de la concesión. Hay otra que sigue firme.
Los empresarios celebraron el acuerdo como si la prórroga de la concesión del cerro Catedral fuera un hecho
El acta que firmaron con sigilo hace un mes el gobierno municipal, la empresa Alta Patagonia (Capsa) y el legislador del Frente de Todos Alejandro Ramos Mejía, orientada a desactivar la demanda judicial, abre la puerta para que se destrabe la prórroga del contrato de concesión y se desplieguen las nuevas inversiones en el cerro Catedral.
Ramos Mejía había recurrido a la Justicia hace casi dos años para impugnar esa prórroga y consiguió una medida cautelar que mantiene trabado hasta hoy la firma del contrato, a pesar de que está aprobado por ordenanza.
El desistimiento de las acciones que pactó Ramos Mejía a cambio de una serie de compromisos asumidos por la empresa abre un principio de solución. Pero no resulta suficiente porque los firmantes de otra demanda paralela que quedó unificada con la original -los exconcejales Daniel Natapof y Ana Marks y la exlegisladora Edith Garro, todos del Frente de Todos- no mostraron señal alguna de renunciar a sus planteos.
A fines de 2017 el intendente Gustavo Gennuso acordó con Capsa la prórroga directa del contrato -sin licitación- hasta 2056 a cambio de una inversión de 22 millones de dólares para modernizar el centro de esquí.
La ordenanza respectiva fue aprobada en abril de 2018 pero el contrato nunca se firmó por una medida cautelar dictada por la Cámara Civil de esta ciudad, ratificada luego por el STJ.
El nuevo giro que introduce el acuerdo con Ramos Mejía entusiasmó a la Cámara de Turismo local, que celebró la posibilidad de “dejar sin efecto las medidas judiciales presentadas para avanzar en el plan de modernización” de Catedral”.
También la empresa Capsa hizo público su objetivo de “continuar mejorando las prestaciones en el centro de esquí y ampliar los beneficios existentes en la renegociación contractual aprobada por ordenanza”.
La causa que tramita en la Cámara Civil permanece bajo reserva. El acta compromiso de Ramos Mejía con Capsa que trascendió ayer data en realidad del 14 de noviembre.
El resto de los demandantes entienden que la motivación del legislador puede ser la de evitar un fallo en contra y una eventual demanda patrimonial, pero discrepan con su estrategia.
Hasta no hace mucho todos compartían abogado, pero ayer Natapof, Marks y Garro buscaban un nuevo patrocinante para continuar con su planteo judicial.
Los demandantes impugnaron la potestad del gobierno municipal para otorgar una prórroga del contrato sin nueva licitación y también por la falta de estudios ambientales para el nuevo desarrollo urbanístico que Capsa aspira a generar en la montaña.
El tema fue debatido el año pasado en una audiencia pública de amplia participación, en la que las críticas al proyecto superaron por lejos a las voces a favor.
El oficialismo logró sin embargo aprobar la ordenanza y bloquear el llamado a un referéndum que un grupo de “vecinos autoconvocados” habían reclamado con miles de firmas.
Natapof y Marks habían dicho meses atrás que había “presiones” de Capsa para desactivar la causa con advertencias sobre un eventual juicio por “daños y perjuicios”.
Ramos Mejía admitió ayer que la situación había cambiado luego de la derrota electoral, que el juicio contencioso administrativo puede llevar años y que existe alta chance de que termine con un fallo a favor del municipio.
El acta
El legislador dijo entender que va a “pagar costos” por su decisión, pero sostuvo que “es lo mejor que se puede hacer”. Consideró que por este camino “vamos a estar años litigando y el cerro va estar igual”.
Destacó que el acta compromiso avanza con mejoras y acciones que debe realizar la empresa y que no estaban contempladas en el contrato.
Sin embargo, en lo esencial no altera los puntos que recibieron más cuestionamientos: se mantiene la concesión directa, el plazo hasta 2056, el desarrollo inmobiliario y el canon anual equivalente a 13.500 pases diarios de esquí, que durante el debate muchos consideraron irrisorio. Sólo apunta que el canon será revisable cada 5 años.
Otra de las críticas más repetidas fue que la nueva urbanización y el complejo hotelero demandaría una millonarias inversiones para asegurarle los servicios de electricidad, gas, agua y saneamiento, cuyo costo recaería sobre el Estado y no sobre los particulares beneficiados.
El acta que busca cerrar la causa judicial sólo dice que “esos gastos no serán a cargo del municipio de Bariloche ni de los vecinos”.
Capsa, en otras cláusulas, se compromete favorecer la mano de obra local, a generar “una bolsa de trabajo y pasantías” y a crear un “Instituto de Formación en Actividades de Montaña”.
En los párrafos iniciales las partes subrayaron la necesidad de “poner fin a los procesos judiciales” dado “el contexto de retracción en la actividad económica del país en general y de Bariloche en particular”, con lo cual resulta urgente “garantizar e incrementar las fuentes de trabajo barilochenses, tanto las actuales como las que se generen con la ejecución efectiva del plan de modernización y la posterior explotación de la concesión” en Catedral.
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